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TOLERANCIA A LA TORTURA: UN POLICÍA JUZGADO POR SIETE CARGOS DE TORTURA
RECIBIÓ UNA PENA MÍNIMA
Se conoció hoy la sentencia en la causa seguida al cabo de la policía bonaerense
Juan Carlos Botrón por el delito de torturas. El Tribunal Oral nº 4 de San Martín,
confirmando con su decisión que el estado argentino avala plenamente la aplicación
de tormentos a detenidos, rechazó la acusación de torturas y condenó al reo
a la mínimérrima pena de 5 años de prisión por los delitos de apremios ilegales
y vejaciones, figuras menores emparentadas con los tormentos que permiten a
los jueces morigerar las penas cuando les resulta imposible la absolución.
El 24 de julio de 1999 cinco jóvenes -uno de ellos menor de edad- fueron irregularmente
detenidos, y torturados en la Comisaría 1ª de San Martín.
Denunciaron el hecho a la médica que los revisó -la que no hizo nada- y ante
el fiscal de turno que los indagó por un supuesto robo en el que fueron rápidamente
sobreseídos. Apenas dos días después otros dos muchachos denunciaron al mismo
fiscal similares torturas. El fiscal allanó la comisaría y secuestró las bolsas
de polietileno utilizadas para sofocar a las víctimas aplicando el "submarino
seco", y corroboró los dichos de los denunciantes al verificar que existía el
lugar al que fueron llevados para ser torturados, una oficina en la que ninguno
de ellos tenía porqué haber entrado.
Todas las víctimas reconocieron en rueda a dos de los policías que los apalearon
y bolsearon, el cabo Juan Carlos Botrón y el oficial Marcelo Palleroni. Al mismo
tiempo que salían las órdenes de detención los dos se esfumaron. Palleroni sigue
prófugo, pero Botrón fue detenido a fin de 1999, en su casa de siempre.
El 1º de julio de 2002 comenzó el juicio oral, al que Botrón llegó acusado por
tres cargos de tortura y tres de apremios ilegales. Al término del debate, el
fiscal modificó su requerimiento y acusó por siete cargos de tortura, convecido
por los testimonios escuchados de que en todos los casos los jóvenes fueron
sometidos a tormentos. Pidió 18 años de prisión para el represor.
Los abogados Verdú y Stragá de CORREPI que representan al grupo de víctimas
del 24 de julio -entre los que se cuenta un compañero nuestro- pidieron a su
turno 24 años de prisión para el policía.
El fallo conocido hoy sólo en su parte dispositiva ratifica la histórica tendencia
de los tribunales argentinos de elegir siempre la vía menos gravosa cuando se
trata de agentes de las fuerzas de seguridad acusados de cometer delitos de
lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Si las circunstancias -en
este caso, la abrumadora prueba- no les permite absolver, siempre tienen a la
mano algún artilugio para "bajar" la calificación legal de torturas a apremios
o vejaciones, así como los homicidios calificados se tornan excesos en la legítima
defensa o en el cumplimiento del deber, error en la persona, etc. Por algo desde
1983 a la fecha en toda la república argentina sólo en siete casos se ha condenado
por tortura seguida de muerte, a pesar de los centenares de casos comprobados
(ver ARCHIVO DE CASOS 1983/2001,
http://groups.yahoo.com/group/correpi-información)
La breve lectura, hecha por una temblorosa prosecretaria que más tarde se disculpó
con la víctimas, no fue presenciada por los jueces autores del fallo, que se
escondieron en sus despachos sin coraje para mirar a las víctimas a la cara.
Igual oyeron los gritos de repudio
EN
UNA CAUSA POR DETENIDOS DESAPARECIDOS ARGENTINOS ORDENAN LA DETENCION
Y EXTRADICION DE APROXIMADAMENTE
44 INTEGRANTES DEL BATALLON 601 DE INTELIGENCIA
MILITAR.
La orden de detención de aproximadamente 44 ex integrantes del Batallón de inteligencia
601, comprende a varios jefes militares e incluye varias ordenes de extradición
y a varios civiles especialistas en actividades encubiertas, alguno de los cuales
continuaba en actividad hasta la fecha. Según algunas informaciones estos podrían
ser ocho.
Las ordenes las dispuso el juez federal Claudio Bonadio en la misma causa que
permitió la detención del agente del Batallón 601 de Inteligencia que
vivía en Barcelona, Claudio Scagliuzzi.
Esta causa investiga la desaparición en Brasil de un grupo de activistas del
entonces grupo Montoneros que desaparecieron en San Pablo y Montevideo y de
los que nunca más se tuvo información. Entre ellos se encuentran los hijos de
varios intelectuales argentinos muy conocidos.
Este procedimiento esta promovido por la esposa de una de las victimas que lleva
más de 20 años investigando estos hechos que, jurisdiccionalmente son competencia
del juez Bonadio.
En aquel entonces [30ago01] la información de Nizkor decía que:
Según la nota hecha pública por la Jefatura Superior de Policía de Barcelona,
el servicio de Interpol de la Policía Nacional recibió la orden de detención
con fines de extradición el pasado 25 de julio, extendida por el Juzgado de
lo Criminal número 11 de Buenos Aires, cuyo titular es el juez Claudio Bonadio.
En la misma causa figuran imputados los generales retirados Cristino Nicolaides,
último jefe del Ejército en los días de la dictadura, y Santiago Riveros, jefe
del Comando de
Institutos Militares, que se distinguió por su ferocidad represora. Nicolaides
y Riveros se hallan detenidos por su implicación en el robo de bebés.
UN HOMBRE DISCRETO
Los agentes de Interpol comprobaron antes de la detención que Scagliuzzi residía
en Barcelona, poseía la nacionalidad española y el correspondiente DNI desde
1984, que tenía fijada su residencia en la calle de Viladomat, 36, carecía de
antecedentes penales y trabajaba como agente comercial. La prensa Argentina
añadió que se había construido una nueva personalidad y pasaba totalmente desapercibido.
Los vecinos del detenido le recuerdan como un hombre que prefería mantener relaciones
distantes. "Al principio parecía que vivía solo, pero después resultó que había
una mujer que tenía llaves y que entraba y salía del apartamento con cierta
frecuencia", explicó un vecino. "Era un hombre discreto con el que no se pasaba
del saludo", dijo otro.
.
CENSURA EN SANTIAGO DEL ESTERO
Como si en Santiago del Estero no ocurrieran arbitrariedades, represiones y
gatillos fáciles (que en el mes de diciembre del año 2000 merecieran un Dossier
especial de nuestra organización), ahora, las autoridades provinciales - refrendadas
por un juez genuflexo al régimen "juarista"- han decidido censurar la difusión
de un diario porque habla mal de la policía.
Los ejemplares del diario "La Verdad", editado por la agrupación "Madres del
Dolor" que integra a familiares de víctimas de hechos criminales que no han
sido resueltos judicialmente (entre ellos casos de violencia institucional)
fueron secuestrados de los kioskos de diarios bajo la excusa que no tiene "precio
de tapa, carece de staff, no tiene registro de propiedad intelectual y no surge
quienes son los editores, director," etc.
Pero la realidad no se centra en pavadas administrativas sino que la propia
policía local reconoció que la incautación de la publicación se debió al "tenor
injuriante hacia instituciones y personas".
La medida de censura fue autorizada por el juez Criminal y Correccional José
Uñatez sobre la base de un "moderno" Código de Faltas (especie de Edicto policial,
Código Contravencional bonaerense o de Convivencia porteño) que fue sancionado
hace 50 años.
Lo que el gobierno peronista de Santiago del Estero no quiere que la gente
sepa es que el actual Subsecretario de Informaciones, el ex represor de la dictadura
Musa Azar, está involucrado en el robo de ganado en la provincia. La tapa del
diario -que no había ni que exhibir- mostraba la foto del genocida bajo el titulo
"Cuatrero VIP" con la pregunta "¿Para cuando la mano dura en la Policía?".
Muza Azar participó en la masacre de Margarita Belén en Chaco y cuando al compañero
Luis Santucho se le ocurrió recordárselo, el genocida le inició una denuncia
por calumnias e injurias amparándose en las leyes de impunidad alfonsinistas
y en el indulto menemista.
COMIENZA JUICIO DE ACTIVISTAS CONTRA "ESCUELA DE LAS AMERICAS"
Fuente:...EFE
Un tribunal federal abrió hoy, el juicio a 37 personas por sus actos de desobediencia
civil en las protestas contra la academia del Ejército de Estados Unidos,
que ha instruido a más de 60 mil soldados latinoamericanos desde 1946.
"Quienes levantan la voz por la justicia enfrentan duras sentencias de
prisión, mientras que los torturadores y asesinos instruidos en la Escuela
de las América operan con impunidad", dijo hoy el sacerdote católico Roy
Bourgeois.
El juicio, presidido por el magistrado G. Mallon Faircloth, podría durar
una semana, y los acusados enfrentan sentencias de hasta seis meses de
prisión y multas de cinco mil dólares.
La academia, que desde 1946 operó con el nombre de Escuela de las América,
primero en Panamá y luego en EEUU, se llama ahora Instituto para la
Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental y tiene su cuartel
general en Fort Benning (Georgia).
Entre los graduados de la academia se cuentan centenares de soldados y
oficiales involucrados en torturas, secuestros, matanzas y desapariciones
de disidentes, además de varias decenas de oficiales de alto rango que
encabezaron golpes y presidieron regímenes dictatoriales en América Latina
y el Caribe.
Cada año miles de adversarios de la Escuela de las Américas se congregan
en Fort Benning y, entre oraciones, discursos y cantos, varios cientos
incurren en actos de desobediencia civil.
La fecha elegida para las protestas conmemora la matanza de seis sacerdotes
jesuitas y dos mujeres perpetrado en 1989 por tropas de un regimiento
del Ejército de El Salvador, e instruido por Estados Unidos para la lucha
contra la guerrilla.
Hasta ahora, 71 personas han cumplido más de 40 años acumulados de reclusión
en prisiones estatales por sus actos de desobediencia civil en las protestas
contra la Escuela de las.
El año pasado fueron procesadas 26 personas, entre ellas la religiosa
franciscana Dorothy Hennessey, de 88 años, sentenciada a seis meses en
una prisión federal..
CULMINO
EL ENCUENTRO LATINOAMERICANO SOBRE LOS RÍOS Y LAS GRANDES REPRESAS
Posadas,
Misiones, 13 de julio 2002.- Los participantes de la 3era. Reunión de la Red
Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua,
culminaron hoy tres días de deliberaciones. Representantes de pueblos indígenas,
comunidades tradicionales, campesinos, pequeños productores, pescadores, religiosos,
entidades de derechos humanos, académicos y ecologistas, de Brasil, Uruguay,
Paraguay, Chile, Colombia, Honduras, Guatemala, Bolivia y Argentina, acordaron
emitir la "Declaración de Posadas".
El
documento asegura que "las represas constituyen un instrumento del grave proceso
de pérdida de soberanía de las comunidades y las naciones, y de despojo de la
riqueza de los pueblos. Las grandes represas han generado graves impactos ambientales
y sociales, entre ellos daños a la salud, aumentando exponencialmente los gastos
públicos para el sector, gastos no incorporados a los costos reales de estos
emprendimientos insustentables".
En
el caso de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, la declaración recomienda
"apoyar a la campaña ´NO más daños en Yacyretá´, exigiendo que el nivel del
embalse quede definitivamente en la cota 76, para que ni la población ni el
ambiente sufran más daños irreparables; se restauren todos los daños económicos,
sociales y ambientales causados por la represa y el embalse a este nivel". También
se reclama que "se investiguen los sobrecostos de la construcción de la represa
y las irregularidades en la aplicación de dichos fondos, así como el manejo
actual del embalse a cotas superiores a la aprobada de 76 metros, y el destino
de la energía adicional así producida, con la intervención conjunta de las Contralorías
del Paraguay y de la Argentina; y se redireccionen los beneficios producidos
por la venta de energía hacia programas de desarrollo sustentable en la región".
En
cuanto al proyecto hidroeléctrico Corpus la declaración dispone "exigir el absoluto
respeto del NO a Corpus expresado en el plebiscito del año ’96 realizado en
la provincia de Misiones, Argentina". El escrito convoca "al pueblo de Misiones
y a los hermanos del Paraguay a luchar por el respeto del plebiscito y para
ratificar la decisión democrática y mayoritaria oportunamente lograda, de rechazar
este proyecto cualquiera sea su emplazamiento en el Alto Paraná". También se
dispuso "denunciar el manejo ilegal del proceso Corpus". "Exigir la investigación
acerca de la legalidad del uso de fondos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY)
para financiar la realización de estudios de factibilidad para el proyecto de
Corpus, a fin de deslindar y determinar las responsabilidades penales que correspondan".
Además de "promover en el ámbito de los parlamentos de la Argentina y el Paraguay
iniciativas para que se dejen sin efecto los documentos internacionales mediante
los cuales se acordó la construcción de la represa de Corpus".
Se
dispuso asimismo en la declaración "repudiar y denunciar la violencia sistemática
contra dirigentes de organizaciones de la sociedad civil que luchan contra las
represas en América Latina, exigiendo de los gobiernos el total esclarecimiento
de estos desgraciados hechos y responsabilizando a los mismos de las plenas
garantías para la defensa de los derechos humanos". También se destacó la necesidad
de usar importantes instrumentos logrados, como el informe de la Comisión Mundial
de Represas, compartiéndolos con las comunidades.
Se
acordó asimismo "llevar adelante campañas internacionales de denuncia de las
grandes constructoras de represas que se apropian del agua, de los ecosistemas
y de la vida de la gente. Reclamar a los gobiernos el inmediato cumplimiento
de los derechos de acceso a la tierra, a la vivienda y al trabajo digno para
los afectados por la construcción de represas.
Reclamar
el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la efectiva aplicación
y cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, en vinculación con las convenciones
sobre Diversidad Biológica, Ramsar, y lucha contra la Desertificación".
La
declaración, cuyo subtítulo es "Mega represas, una historia de destrucción que
se repite", es el resultado de un intenso debate sobre diferentes casos de represas
en Latinoamérica y los daños que reiteradamente se producen empobreciendo a
poblaciones y ecosistemas. El modelo económico y el modelo energético vigentes
en la región; las instituciones financieras internacionales y su rol en la construcción
de megaobras; y las herramientas jurídicas para la defensa de los derechos de
las comunidades afectadas, fueron otros de los temas tratados.
Al
concluir, el texto hace un llamado a "ejercer nuestra soberanía como pueblos
de América Latina, muy especialmente para el ejercicio real de la democracia,
y asimismo a trabajar para el logro del pleno respeto de la diversidad biológica
y cultural de nuestras comunidades y sus territorios". RIOS LIBRES, RIOS VIVOS!,
es el lema final de la declaración. <fin>
POBREZA
FEMENINA NO ES SUPERADA POR FALTA DE RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA
AMUPEI/12/07/2002.-
Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina, con un Producto Interno
Bruto per cápita de alrededor de 1.000 dólares anuales y un crecimiento económico
de 1.2%. Entre 1992 y 1999 la población en condición de pobreza se redujo de
70.9% a 58.6% y la extrema pobreza de 37% a 36.5%. Sin embargo, en números absolutos
la pobreza extrema ha aumentado, tanto en la zona urbana como en la rural.
Este análisis corresponde a un documento elaborado por el Fondo de Población
de las Naciones Unidas, donde también se da cuenta que uno de los sectores
poblacionales más vulnerables frente a la pobreza es el de las mujeres y que
este aspecto repercute en distintos ámbitos de la vida de ellas.
Así por ejemplo, se dice que la tasa de mortalidad materna de 390/100,000 nacidos
vivos, es la segunda más elevada en América Latina, con diferencias muy significativas
entre áreas urbanas y rurales.
Asimismo, se indica que las áreas rurales confrontan severos problemas debido
a la dispersión de la población, limitadas vías de acceso y elevados índices
de analfabetismo, especialmente entre las mujeres. La tasa de analfabetismo
femenino rural llega a 41.2% y la urbana a 9.6%. Las tasas masculinas son 16.7%
y 2.5%, respectivamente.
Al respecto, la analista del Fono de Población de las Naciones Unidas, Vivian
Arteaga, apunta: "Yo creo que el primer problema que tiene que enfrentar este
tema, es el de demostrar con datos duros de que definitivamente hay más mujeres
que hombres en calidad de pobres. Creo que esa es una tendencia mundial, que
podemos observarla en la vida cotidiana y particularmente en le área rural,
pero que las estadísticas y el uso que le damos todavía no nos han corroborado
que existe esta tendencia, esta feminización de la pobreza. Creo que es ese
el primer problema, lo que tenemos que hacer es visibilizarlo y mostrarlo con
leguaje duro, llamémoslo científico o estadístico".
Arteaga, afirma que en las instancias de toma de decisiones, ejecución de políticas
públicas o entidades donde se elaboran las estadísticas o se diseña la estrategia
boliviana de reducción de la pobreza, no se encuentra demostrado estadísticamente
que existe una feminización de pobreza. "Es más, nos falta utilizar mejor la
información que tenemos para definir cuáles son las brechas reales entre hombres
y mujeres y ver cuantas mujeres y cuantos hombres viven en condiciones de pobreza",
afirmó.
Para Vivian Arteaga, el problema de la superación de la pobreza en Bolivia pasa
por atender y focalizar más, a las más pobres de las pobres, es decir, -según
explica- las mujeres campesinas e indígenas-. "Sus carencias de calidad de vida
son notorias, pero ahí yo creo que lo más importante para lograr superar eso
es potenciar la propia capacidad que tienen ellas para tomar mejores decisiones
en su vida, en su hogar, comunidad, barrio; decisiones cuando tengan que enfrentarse
en espacios públicos como la Junta Escolar, decisiones que sean favorables para
su desarrollo", explicó.
Durante los próximos 5 años (2003-2007), el Fondo de Población de las Naciones
Unidas, invertirá $us 12 millones en asistencia a Bolivia, $us 5 millones en
recursos ordinarios y $us 7 millones bajo la modalidad de cofinanciamiento y/u
otros, incluyendo recursos ordinarios.