

Toronto. (PE). La Conferencia de Obispos de la Iglesia Católica Romana (ICR) Canadá se declaran en contra del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio) fundamentando su posición en los resultado negativos del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en inglés) especialmente como consecuencia del capítulo 11 del NAFTA donde se establecen las relaciones entre los Estados y las Empresas.
La Oficina de Asuntos Sociales del Episcopado de la ICR de Canadá dio a conocer el documento sobre el ALCA titulado “Vendiendo el futuro: una reflexión sobre la relación entre inversionistas y Estado en el TLCAN y su expansión al resto de América Latina” un título que por sí mismo destaca la posición de los obispos católicos romanos canadienses.
La objeción principal se encuentra en el poder que
tendrán las empresas privadas transnacionales para demandar los Estados cuando
consideren que se afectó la proyección de sus ganancias y que ataca la soberanía
de los países firmantes y daña el ejercicio de la democracia.
Al evaluar las consecuencias del NAFTA/TLCAN especifican
la distancia entre la concentración de la riqueza en pocos ricos y el aumento
de pobres y concluyen que el ALCA será una ampliación de ese otro acuerdo
que incluye México, EE.UU. y Canadá.
En los siete años de ejercicio del NAFTA Canadá vio
disminuir de 3.8 a 3.1 % los ingresos del 20% más pobre mientras que el 20% rico aumentó sus ingresos de 41.9 a 45.2 %; en Estados Unidos
desaparecieron 760.000 empleos y en México, el salario mínimo se redujo a la mitad del período anterior al NAFTA.
El Episcopado canadiense detalla 15 demandas que las empresas transnacionales hicieron amparadas por el NAFTA y que
cercenaron al gobierno en su rol de orientaciones políticas, de ejercicio de
la soberanía nacional y del cuidado del ambiente.
Desde allí los obispos canadienses, calculan que el ALCA será "el tratado de comercio y
de inversión más arrollador de la historia" y que las negociaciones niegan la
participación de la ciudadanía en el debate sobre su verdadera realidad.
"Lo comercial y la inversión podrían desligarse de
cualquier forma de control ciudadano y de la autoridad de los gobiernos" dicen
los obispos al indicar el valor negativo del capítulo 11 del TLCAN y que su objetivo
es "limitar la capacidad del gobierno de proteger el ambiente, la salud y otros
valores públicos frente a los intereses comerciales". El capítulo 11 del NAFTA
se aplicaría tal cual en el ALCA.
El Episcopado de Canadá reclama que "en lugar de extender las fallas del TLCAN
a todas las Américas, los líderes deberían sentarse
a diseñar un modelo de integración económica que trabaje en beneficio del mundo
laboral del continente".
No es la primera vez que la Conferencia de Obispos
de la ICR de Canadá se pronuncia sobre temas económicos. Ya en 1987 objetó el Acuerdo de Libre Comercio, fueron
muy duros en la crítica del Acuerdo Multilateral de Inversiones que dejó de
existir en 1998 y apoyaron abiertamente en el Encuentro de la Sociedad
Civil en abril del 2001, realizada al mismo tiempo que la Cumbre de las Américas en Québec.
Dentro de su estrategia mundial Estados Unidos quiere imponer el ALCA en América Latina que en la práctica será mayor desregulación de las economías y la anulación de los Estados Nacionales.
BOLIVIA MUJERES RURALES, INDÍGENAS
Y ORIGINARIAS DE BOLIVIA
Mujeres rurales, indígenas y originarias de Bolivia definirán su Agenda Mínima
de Acción en un encuentro nacional
RED-ADA/28/08/2002.- Más de 60 mujeres rurales originarias e indígenas de todo
el país, pertenecientes a organizaciones de base e instituciones que trabajan
con la problemática y los derechos humanos de este grupo poblacional, se reunirán
este fin de mes (29,30 y 31 de agosto) en Vinto-Cochabamba, con el propósito
de compartir experiencias y propuestas de representación y negociación de las
diversas organizaciones del sector y encarar acciones conjuntas que respondan
a las demandas de equidad de género en los municipios.
"Es la culminación de una primera etapa del proceso que vamos desarrollando
con las mujeres rurales, indígenas originarias y campesinas, porque a partir
del anterior año realizamos un recorrido por todos los departamentos del país,
localizando a mujeres de base, no solamente que están articuladas dentro de
las organizaciones tradicionales, como ser la Federación de Mujeres Campesinas
Bartolina Sisa; hemos estado buscando a todos los sectores de mujeres que viven
en el área rural, como ser colonizadoras, mineras, palliris, clubes de madres
y otras", refirió La Coordinadora Nacional de la Red Nacional de Trabajadoras
de la Información y Comunicación, RED-ADA -entidad organizadora el evento-,
Elena Crespo.
Respecto de las demandas y propuestas de este sector de la población, estas
centralmente se encuentran dirigidas al tema de tierra territorio, ya que del
100% de titulaciones de la tierra solamente el 18% pertenecen a las mujeres
rurales indígenas. Otro tema es el aspecto legal, por ejemplo, el Código de
Familia; "porque está totalmente desactualizado con la realidad del área rural,
por ejemplo, en la Constitución Política del Estado está, como también en la
Ley INRA, que la tierra, la propiedad pequeña, el solar campesino es indivisible,
en ese sentido cuando se separan las mujeres de sus maridos, prácticamente son
ellas las que se quedan sin tierra, no surte
efecto el Código de Familia dentro del área rural", dijo Elena Crespo.
Agregó que otro tema es el referido a la discriminación positiva, para que las
mujeres puedan tener las mismas oportunidades, los mismos derechos que los hombres,
porque existen algunas leyes que favorecen a las mujeres de Bolivia en su conjunto,
pero que por los usos y costumbres de las comunidades, es imposible aplicar
esas leyes en favor de las mujeres.
Se espera que a la conclusión del encuentro denominado "Construcción e Implementación
de la Agenda Mínima de Acción Nacional de las Mujeres Rurales, Indígenas Originarias
de Bolivia", ellas puedan contar con una Agenda Mínima de Acción Nacional, una
estrategia de negociación y presión política y con la identificación de temas
concretos que se traduzcan en proyectos que favorezcan a la equidad de género.
Crespo comentó que ya el pasado año se inició este proceso, con una serie de
talleres, coordinaciones y diálogos entre distintas organizaciones de mujeres
del área rural, campesinas, indígenas y originarias; "hemos tomado contacto
con todas las mujeres que viven en el área rural, para que ellas hagan conocer
sus aspiraciones y demandas a nivel departamental; ahora lo que vamos a hacer
en Cochabamba es consensuar a nivel nacional todas estas aspiraciones, demandas
y propuestas, dirigidas al poder ejecutivo, legislativo, judicial, a los municipios,
las mismas ONGs y las organizaciones de base lideradas por campesinos, indígenas
originarios ... que definitivamente en sus pliegos petitorios se olvidan de
hacer conocer solicitudes, demandas, aspiraciones propias de las mujeres campesinas,
originarias e indígenas", explicó Crespo.
Indicó que posterior a la construcción de la Agenda, se definirá una estrategia
para lograr que se puedan ejecutar todos los planteamientos de las mujeres rurales;
"para tal efecto vamos a desarrollar una planificación para implementar una
serie de acciones en función de esta agenda en los ámbitos locales, departamentales
y nacional; se finaliza una primera etapa, pero se da inicio a otra de negociación,
cabildeo y presión para que las demandas aspiraciones y propuestas de las mujeres
rurales puedan ser escuchadas".
Se ha previsto contar con la participación de representantes de la Federación
de Mujeres del Trópico, Central Indígena del Oriente Bolivia, Central de Mujeres
del Beni, Asamblea del Pueblo Guaraní, Federación Nacional de Mujeres Campesina
Bartolina Sisa, Federación de Colonizadores Mujeres, Movimiento de Mujeres Afro-Boliviano,
Red Nacional de Mujeres Productoras, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas
del Qullasuyo y Organizaciones No Gubernamentales, además de otras entidades
u organizaciones.

MEXICO: San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Agosto 21 de 2002.
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL.
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA.
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS.
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL.
El presente, es un llamado URGENTE para manifestar el agravamiento de la tensión
que se está viviendo en el estado de Chiapas. Los diversos conflictos que
sistemáticamente están brotando en contra de bases de apoyo del EZLN y Municipios
Autónomos, y que obedecen claramente a un patrón predeterminado, nos
lleva a denunciar enfáticamente que la Guerra de Baja Intensidad instrumentada
por los gobiernos estatal y federal, hace peligrar gravemente la paz en nuestro
estado y en todo México.
Mirar los últimos acontecimientos en su contexto amplio y analizar el papel
activo de los grupos paramilitares en ellos, es suficiente para percatarnos
de lo anterior:
1. 31 de Julio, en el ejido La Culebra, Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón.
Ataque paramilitar en contra de siete Bases de Apoyo del EZLN con saldo de
varios zapatistas heridos. Los agresores fueron 40 hombres que portaban armas
cortas y machetes, procedentes de la comunidad de San Antonio Escobar y
pertenecientes a la organización priísta OPDIC, fundada por el hoy diputado
local del PRI Pedro Chulín, quien es mejor conocido como el jefe del grupo paramilitar
MIRA.
2. 7 de Agosto, en el nuevo centro de población 6 de Agosto, Municipio Autónomo
17 de Noviembre. Asesinato del zapatista José López Santiz, con ocho disparos
de escopeta calibre 16, por parte de los hoy prófugos Baltasar Alfonso Utrilla,
Benjamín Montoya Oceguera y Humberto Castellanos Gómez; éste último, Regidor
Plurinominal en Altamirano; quienes además amenazaron de muerte a los hijos
de la víctima, de 10 y 11 años de edad. Como fue denunciado en su momento, este
crimen fue claramente encubierto por órdenes directas de un Agente del Ministerio
Público y del presidente municipal de Altamirano, Armando Pinto Kanter, quienes
incurrieron en una serie de ilegalidades con la intención de dejar impune esta
cobarde acción.
3. 10 de Agosto, en la comunidad Palestina del Municipio Autónomo Ricardo Flores
Magón. Detención ilegal del zapatista Jerónimo Gómez Moreno, originario del
ejido Chamizal, por parte del Agente Auxiliar de Palestina que lo trasladó a
la cárcel de la comunidad San Antonio Escobar. Ahí, el agente y comandante de
policía, le manifestó que estaba detenido por ser Base de Apoyo Zapatista, a
petición de Julio Gómez López, Comisariado ejidal de ésta última comunidad y
líder de los paramilitares que operan en esa zona bajo el apoyo oficial de la
policía acantonada en Palestina. El ilegalmente detenido logró escapar, siendo
amenazado hoy, él y su familia.
4. 18 de Agosto, en el predio donde se ubica el banco de arena de Majomut, perteneciente
al Municipio Autónomo San Pedro Polhó. Agresión física, amenaza de
muerte y acusación infundada, en contra del zapatista Mariano Pérez Gómez, por
parte de 30 personas de filiación priísta y cardenista encabezados por Antonio
Pérez Santiz, Mariano Hernández Pérez, Gilberto Gómez Pérez y Pedro Mariano
Arias Pérez; éste último, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del
municipio de Chenalhó. Estas cuatro personas son bien identificadas como los
encargados de organizar a los grupos paramilitares, con acuerdo del presidente
municipal de Chenalhó, Armando Vázquez Pérez.
5. 19 de Agosto, en el crucero Quexil del poblado Nuevo Guadalupe, Municipio
Autónomo San Manuel. Más de 200 personas pertenecientes a la antes mencionada
organización paramilitar OPDIC, a bordo de 22 vehículos procedentes de Taniperla,
Monte Líbano, Perla de Acapulco y Peña Limonar, agredieron con pistolas, armas
largas, machetes y piedras, a Bases de Apoyo del EZLN. El saldo de este ataque,
además de robos a las viviendas y varias personas con lesiones menores, fue
de cuatro zapatistas gravemente heridos con armas de fuego: Marcos Méndez Sánchez,
con un disparo de arma calibre 22 en el estómago; Felipe Gómez Sánchez, con
un disparo en el hombro y otro en la espalda; Juan Méndez Sánchez, un disparo
en el brazo; Francisco Méndez Vázquez, un disparo en el pie y varias pedradas
en la cabeza. En esta acción también secuestraron a tres zapatistas, dos de
los cuales lograron escapar, el otro fue golpeado, detenido arbitrariamente
y entregado a la Procuraduría de Justicia del Estado en Ocosingo, donde fue
interrogado y luego trasladado a la cárcel pública para finalmente llevarlo
de nuevo a la mencionada Procuraduría.
Los hechos antes mencionados, sumados al incremento de efectivos militares y
transportación de material explosivo dentro de la zona de conflicto, además
de
otras acciones ocurridas en los meses recientes, son una señal clara de alerta
y un llamado a la Sociedad Civil nacional e internacional, para que nos movilicemos
en repudio a dichos actos y EXIJAMOS JUSTICIA.
Responsabilizamos directamente a los gobiernos federal y estatal, en las personas
de Vicente Fox Quesada y Pablo Salazar Mendiguchía respectivamente, de
este clima de violencia e impunidad que continua encubriendo a los grupos paramilitares
que existen en el estado de Chiapas, a través de falsas "políticas de reconciliación"
y sin hacer justicia,
¡¡¡ SIN JUSTICIA NO HAY DEMOCRACIA !!!
¡¡¡ RESPETO A LOS MUNICIPIOS AUTÓNOMOS !!!
¡¡¡ CASTIGO PENAL CONTRA LOS GRUPOS PARAMILITARES Y FUNCIONARIOS
GUBERNAMENTALES QUE LOS AUSPICIAN !!!
CAPISE, A. C. (Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y
Económicas)
CDHFBC (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas)
CIEPAC (Centro de Investigaciones Económicas y Políticas para la Acción
Comunitaria)
Coordinadoras Regionales de Chiapas de la Sociedad Civil en Resistencia de:
Los
Altos, Norte-Selva, Marqués de Comillas, Fronteriza, Costa, Centro y Frontera
Tacaná, Enlace Civil, A.C., Jolom Mayaetik,
S.C., K'inal Antzetik, A.C , Parejo S'cotol, Red de Defensores Comunitarios
por
los Derechos Humanos.