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HONDURAS:OTROS 43 NIÑOS Y JOVENES
ASESINADOS EN JULIO - CRECE PRESION INTERNACIONAL
Con otros 43 niños y jóvenes asesinados en Honduras durante el mes de julio
del 2002, el Relator Especial sobre la Niñez de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, ha confirmado una visita in situ a Honduras el 29 y 30 de
agosto próximo, para investigar estos asesinatos sistemáticos. De acuerdo con
las estadísticas de Casa Alianza, organización no gubernamental que trabaja
por los derechos humanos de la niñez en México y Centro América, un total de
1,293 niños y jóvenes menores de 23 años de edad han sido asesinados en Honduras
entre enero de 1998 y julio del 2002. El promedio de edad de estos asesinatos
es de apenas 17 años. De los 43 asesinatos en Julio del 2002, 37 de las víctimas
fueron niños y 6 fueron niñas. Todas las víctimas de este mes fueron asesinadas
con armas de fuego, comparado a una cantidad significante de muertes por arma
blanca en el pasado, lo que podría indicar un cambio de "asesinos menos profesionales"
a muertes más sofisticadas.
De acuerdo con la información inicial recopilada por el Programa de Apoyo Legal
de Casa Alianza en Honduras, al menos dos de las muertes son atribuidas a agentes
de seguridad del Estado -un militar y un policía, aunque en 24 de los
asesinatos -56%- el asesino o asesinos no ha sido identificado. Quince
de los asesinatos son reportados que fueron supuestamente cometidos por miembros
de pandillas, y dos asesinatos por los infames "carros rojo y gris", el que
mata a los jóvenes mientras se desplaza por las calles del país.
El hecho de que las autoridades policiales de Honduras no sean capaces o no
deseen identificar a la mayoría de los asesinos, ha redundado en que el país
se encuentra bajo un creciente escrutinio internacional. El mes pasado, Casa
Alianza hizo una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en Washington, para que envíen a Susana Villarán de la Puente, Comisionada y
Relatora Especial sobre la Niñez, a Honduras para que investigue estos asesinatos
sistemáticos de niños y jóvenes.
"No ha habido ninguna respuesta concreta de las autoridades hondureñas a nuestros
llamados urgentes para que detengan los asesinatos de niños en el país", exclamó
Bruce Harris, Director Regional de Casa Alianza para América Latina. "La
Comisión de alto nivel instaurada por el Presidente se reunió una vez y las
muertes continúan aumentando. El único sentido de preocupación parece que viene
desde fuera del país".
En una carta a Casa Alianza, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, Mary Robinson, se disculpa por la tardanza en el informe
sobre las muertes de niños y jóvenes en Honduras que debía estar listo posterior
a la visita que en agosto del 2001 realizara a Honduras la Relatora Especial
sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de las Naciones Unidas,
Asma Jahangir, debido a las consecuencias mundiales de los acontecimientos del
11 de septiembre del 2001, con los ataques terroristas contra Nueva York.
La ex Primer Ministra de Irlanda indicó que el informe de la Relatora Especial
"ya está listo y actualmente se encuentra en proceso de ser traducido a los
seis idiomas de las Naciones Unidas", y que este informe estará disponible la
próxima semana.
San Pedro Sula continua siendo el centro de los asesinatos de niños en Honduras,
con 26 asesinatos (60%) en julio, seguido por la capital, Tegucigalpa, con 14
(33%); Villanueva, Cortes con dos y La Ceiba con uno. Casa Alianza considera
la falta de estadísticas sobre asesinatos en las áreas urbanas más pequeñas
y en las áreas rurales de Honduras como un problema de recolección ineficiente
de datos y no tanto por que no hayan habido asesinatos, ya que la organización
cree que estas ciudades son más violentas que el campo. Veintiuno (49%) de las
víctimas en julio fueron niños menores de 18 años de edad; once (26%) con edades
entre los 18-20 años y el resto con edades entre los 21-22 años. Casa Alianza
está publicando un informe actualizado sobre los asesinatos sistemáticos de
niños y jóvenes en Honduras, el cual será entregado al Presidente Maduro en
27 de agosto por el británico Harris y José Manuel Capellín, Director Nacional
de Casa Alianza Honduras.
POLICÍAS,
POLÍTICOS Y DELINCUENTES
O sea, policías y políticos. Poco a poco, a pesar de los encubrimientos
y manipulaciones -a las que ni medios ni jueces son ajenos- se confirma lo que
en los barrios es secreto a voces, lo que las capas medias muchas veces intuyen
pero callan por miedo o conveniencia, lo que no debería merecer debate alguno
ante la evidencia constante: los que secuestran por plata o por venganzas privadas,
los que asesinan personas maniatadas, los que "administran" los meganegocios
de la droga y los autos robados, los que esclavizan, prostituyen y explotan
mujeres, los que extorsionan, es decir, "el crimen organizado" en Argentina,
son policías con la indispensable cuota de protección política.
Es una verdad a medias -y como tal, una falsedad- atribuir
exclusivamente a la "interna" peronista o al malestar desatado en el "ala dura"
policial por la designación como ministro de seguridad de Juan Pablo Cafiero la
inocultable delincuencia policial, como tampoco es una verdad completa que estos
hechos policiales -los secuestros, los robos, la extorsión, la trata de blancas,
los asesinatos- sean novedosos. Lo novedoso, en todo caso, es que el tema sea
tapa de los diarios, que se fisure el silencio por razones múltiples que, en
algún caso, tienen que ver con internas y malestares.
CORREPI sostiene hace años que la criminalidad policial no es un
fenómeno originado simplemente en "bolsones" de autoritarismo o en la existencia
de "grupos mafiosos" al interior de la institución. Siempre hemos cuestionado
a los que creen -o quieren hacer creer- que todo se resuelve con una
buena purga. Esas recetas-laxante sacan algo afuera, pero dejan intacto el germen
de la putrefacción, que no reside en uno o dos policías (ni en 47.000) sino
en la esencia misma de una institución que, en el estado de las relaciones sociales
existentes, TIENE QUE SER COMO ES para cumplir el rol que tiene asignado por
los sectores poderosos.
Se podrían
reabrir las causas de militares
Becerra opinó que las leyes de punto final y de obediencia debida son inconstitucionales; el dictamen pasó a estudio de la Corte
· Los jueces Cavallo y Bonadío habían declarado inválidas las leyes de amnistía
· El fallo habilitaría nuevas investigaciones
de la última dictadura
· Preocupación en las Fuerzas Armadas
El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, dictaminó que las leyes de punto final y de obediencia debida son "inconstitucionales". Si la Corte Suprema, que tiene el tema a estudio, compartiese este criterio, muchos oficiales que ahora tienen rango superior a coronel podrían ser citados por los tribunales por su eventual actuación durante la última dictadura.
Ayer, en forma coincidente con el dictamen del procurador Becerra, el ministro de la Corte Gustavo Bossert, durante el acuerdo con sus pares, sostuvo que el tribunal debía pronunciarse sobre el recurso que presentó el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, en el que el ex militar sostiene que está siendo juzgado dos veces por los mismos hechos de la década del setenta. Pero las causas que verdaderamente preocupan al Ejército son las que involucran casos de obediencia debida y punto final.
En una de las causas aludidas (el caso Simón) se investiga el secuestro (en el centro clandestino El Olimpo), la tortura y la desaparición de un matrimonio, el de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, padres de Claudia Poblete, que fue apropiada por el coronel Ceferino Landa y su esposa, según el fallo del Tribunal Oral Federal N° 5. En la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) los desapoderaron de sus bienes.
A instancias del periodista Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, el entonces juez y ahora camarista Gabriel Cavallo declaró la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida el 6 de marzo de 2001.
Prisión preventiva
Además, Cavallo procesó y dictó la prisión preventiva de los ex policías federales Juan Antonio Del Cerro, conocido como Colores, y Julio "Turco" Simón Julián. Seis meses después, la Sala II confirmó el fallo y ratificó la inconstitucionalidad de las leyes citadas.
En el otro caso (la causa Astiz), resuelto el 2 de octubre del año último, el juez federal Claudio Bonadío declaró la inconstitucionalidad de las dos leyes de perdón y dictó la prisión preventiva del ex almirante Emilio Massera, de otros cinco militares y de un civil por el secuestro y la apropiación de bienes de tres desaparecidos: el abogado Conrado Gómez, el empresario Victorio Cerruti y el contador Horacio Palma, los dos últimos propietarios de tierras en Chacras de Coria, en la provincia de Mendoza.
El 28 de noviembre, la Sala II ratificó la invalidez de las leyes, revocó el procesamiento de Massera y del civil procesado en la causa y confirmó los procesamientos con prisión preventiva de los ex represores Jorge "Tigre" Acosta, Juan Carlos Rolón, Jorge Rádice y Francis Whamond por asociación ilícita.
Estos dos asuntos, por las repercusiones que podrían tener en otros casos que están latentes en tribunales de todo el país, preocupan a las Fuerzas Armadas y, también, a los jueces de la Corte, varios de cuales, en especial Julio Nazareno y Adolfo Vázquez, tienen muy buena relación con la cúpula del Ejército.
Becerra
El tema tiene un ingrediente adicional: en 1987, la Corte, entonces de cinco jueces, se pronunció en favor de la validez de las dos leyes. Becerra, en dos extensos dictámenes, señala:
· Como defensor de los intereses de la sociedad, sostiene la acusación.
· Por más que la sustracción de bienes sea
un delito común, se cometió "en el marco de un ataque generalizado contra la
sociedad civil". Se trata de delitos de lesa humanidad y, como tales, son imprescriptibles,
por lo cual el Estado nunca pierde la potestad de someterlos a proceso penal.
· Esos hechos, ya antes de esas convenciones,
estaban reprimidos por el Código Penal.
· El Congreso, cuando dictó las dos leyes
de amnistía, lo hizo en violación del artículo 29 de la Constitución, porque
nunca pudo perdonar a quienes asumieron la suma del poder público (artículo
29 de la Constitución nacional). Y, para entonces, ya estaban vigentes varias
convenciones internacionales que también prohibían amnistiar este tipo de hechos.
"Un Estado que apenas puede proveer Derecho poco tiene que predicar. La indolencia no puede afectar nuestro trabajo", escribió Becerra.
Por
Adrián Ventura
De la Redacción de LA NACION
Repercusiones
Diana Conti (Frepaso)
· "Cuando el juez Cavallo (Gabriel) dictó
la resolución en ese sentido, dije que era uno de los fallos más justos. Si
bien en su momento esas leyes tuvieron una razón de ser, son inconstitucionales.
Si la Corte Suprema tiene en cuenta la evolución del derecho internacional,
debería ratificar el fallo."
Guillermo Cantini (AR)
· "El fallo del procurador general de
la Nación, Nicolás Becerra, en favor de la nulidad de la leyes, es una buena
definición de la Justicia. Creo que si la Corte Suprema sigue trabajando independientemente,
como lo hizo hasta ahora, debería ratificar el dictamen de Becerra."
Patricio Echegaray (IU)
· "Es un hecho político de mucha importancia.
Valoro la anulación porque esas leyes son una de las grandes deudas de la democracia
y permitiría enjuiciar a los genocidas. Pero entiendo que si la Corte Suprema
es coherente con lo que ha hecho hasta ahora, va a oponerse a la nulidad."
Jose Vitar (ARI)
· "Me parece justo porque son dos leyes
que garantizan la impunidad y no ayudaron a superar el problema. Pero Nicolás
Becerra siempre fue menemista y creo que la Corte Suprema va a utilizar este
fallo como elemento de extorsión contra el Gobierno, como moneda de cambio.
"
HONDURAS: DETIENEN A MAS DE 800 CAMPESINOS QUE SE MANIFESTABAN EN UNA
FEROZ REPRESION
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras,
COFADEH, a la comunidad nacional e internacional informa que el día de hoy 13
de
agosto del corriente, como a eso de las 2:30 de la tarde, fue brutalmente reprimida
una manifestación pacifica de los cafetaleros del país aglutinados en diferentes
organizaciones, que se desplazaban en caravana del norte hacia la capital de
la República; anunciada previamente, para demandar del Presidente de
la República Lic. Ricardo Maduro ayuda del Estado para solucionar su crisis
económica, producida por los bajos precios del café.
Contingentes policiales al mando de la Subcomisaria Coralia Rivera de Coca,
en la aldea de Zambrano (a unos 30 km de la capital), municipio del Distrito
Central, interrumpieron el paso a los marchantes, quienes se desplazaban pacíficamente
hacia Tegucigalpa , siendo detenidos sus principales dirigentes, lesionados
varias decenas de ellos, destruidos sus vehículos y posteriormente detenidos
más de 800 cafetaleros en los buses en que se transportaban; violentándoseles
con esta acción el derecho a la libertad, la libre circulación y libertad de
manifestación pacífica, consignados en la Constitución de la República y la
Convención Americana de los Derechos Humanos.
Los detenidos privados de su libertad han sido trasladados a la cuarta Estación
Policial de Belén, por ordenes directas y verbales de la Subcomisaria Coralia
Rivera de Coca y el Ministro de Seguridad Licenciado Oscar Alvarez. El dia de
ayer lunes 12 de agosto, la directora general de la Policía Preventiva Subcomisaria
Rivera de Coca, a través de los medios de comunicación, advirtió que la policía
reprimiría cualquier manifestación, basándose en los artículos 60 y 63 de la
cuestionada Ley de Policía y Convivencia Ciudadana. La Sub-Comisaria Rivera
de Coca desde su ingreso a la policía militarizada, desde los años 80, tiene
un largo historial de represora de manifestaciones.
A las 4:00 de la tarde, el COFADEH, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia
un Recurso de Exhibición Personal (Habeas Corpus), a favor de José Angel
Saavedra y más de 800 detenidos, solicitando se decrete su inmediata libertad.
Tegucigalpa, MDC., 13 de agosto del 2002
SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN COLOMBIA: GLOBALIZACIÓN, CONFLICTO
ARMADO Y PROCESOS DE PAZ
Este documento presenta una breve síntesis de la situación económica,
social y política de las mujeres colombianas en el marco del impacto de las
políticas neoliberales y el conflicto armado que agobia a nuestro país. Sin
embargo, la década del '90 ha sido significativa en el aumento de la participación
cívica y popular de las organizaciones de mujeres, lo cual constituye un aliciente
muy importante para afrontar la situación de violencias que estamos padeciendo.
Violencias que amenazan con dividir, dispersar y desintegrar el papel social
que hemos jugado las mujeres como protagonistas de la historia colombiana.
Desde la década de los '80, la reestructuración de la economía,
orientada por las políticas neoliberales, ha producido cambios dramáticos en
la condición y posición de los trabajadores y trabajadores de todo el mundo.
En términos generales esto ha aumentado la pobreza, con flujos migratorios sur-norte
en busca de mejores ingresos, intensificación de conflictos armados locales,
con la correspondiente la hegemonía de los países capitalistas avanzados y nuevas
formas de influencia colonialista sobre el tercer mundo, y profundas divisiones
entre las mujeres del planeta.
En el transcurso de la década de 1990, la economía colombiana reversó
la tendencia hacia un crecimiento económico sostenido y diferenciado, teniendo
en cuenta la situación de varios de los países latinoamericanos, en el decenio
de lo ochenta, o la llamada década perdida. Colombia inicia una transformación
radical de su economía al finalizar el siglo XX (años 80). El modelo de apertura
económica, el ajuste fiscal y reducción del estado colombiano se inician en
la década de los 90, bajo el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) La constitución
de 1991, contribuyó a crear el clima sociopolítico favorable para la modernización
del estado y la internacionalización del mercado, al ampliarse la participación
política en la democracia representativa y la participación ciudadana.
En el marco de la nueva división internacional del trabajo, países
como Colombia, entran a participar en forma desigual en la comercialización
de sus productos, el intercambio tecnológico, y la reestructuración de la producción
de bienes de consumo. En respuesta a la intensificación del conflicto laboral,
las corporaciones multinacionales comenzaron a reubicar parte de sus plantas
de manufactura -especialmente en sectores de labor intensiva, tales como textiles
y electrónica- hacia los países en desarrollo. El nuevo orden productivo trae
como consecuencia la internacionalización de la fuerza de trabajo en fabricas
nacionales de ensamble de productos extranjeros, y en Zonas de Libre Comercio
(ZLC) -zonas industriales libres de cualquier regulación que están organizadas
para la producción orientada a la exportación- y con la capacidad adquirida
por las corporaciones multinacionales para estructurar sus actividades productivas
con base en una 'línea de ensamblaje global. Estas nuevas modalidades de contratación
permitieron un leve aumento de la generación de empleo en América Latina, con
una tasa promedio de crecimiento del 3.2%, entre 1990 y 1995.
Así, entre 1990 y 1996, la pobreza en América Latina se redujo del
41 al 39% del total de los hogares y la indigencia del 18 al 17%. Para esa época,
Colombia era clasificado como un país con índice alto de pobreza en el ámbito
urbano (entre 30 y 50%) y de incidencia media en el campo (33% a 66%) Esto,
en razón del aumento de población pobre en las ciudades. A pesar de esta leve
reducción, en los últimos años viene aumentando el número de latinoamericanos
bajo la línea de pobreza.
Si bien creció la población económicamente activa, incorporando
a las mujeres en el mercado laboral, la oferta de empleo no aumentó en forma
correspondiente. Es así, que hacia finales del siglo XX, Argentina, Colombia,
Venezuela y Uruguay, presentaban las tasas más altas de desempleo. Esto en contraste
con la magnitud de trabajadores que realizan extensas jornadas laborales (hasta
de 50-60 horas semanales), debido al aumento del trabajo informal y el subempleo
en países como Bolivia, Chile y Colombia, principalmente.
Según el Departamento Nacional de Planeación-Misión Social, El balance
de los últimos cinco años (1996-2001), muestra que "la desigualdad ha aumentado
tanto en términos de ingreso como de riqueza. Y junto con el empeoramiento de
la equidad por el lado de los ingresos, también se ha presentado una mayor desigualdad
de oportunidades, que restringe la libertad de los más vulnerables". Las cifras
muestran que para el 2000, el 20% de la población percibe el 2.3% del ingreso
total, en tanto que el 20% más rico obtiene las dos terceras partes del mismo.
Entre 1997-2000, se ha ampliado la brecha entre los más ricos y los más pobres,
y las capas medias están limitadas en la generación de riqueza. Así los niveles
de pobreza han cambiado de 20 millones en 1996, a 24.6 millones en el 2000,
es decir el 60% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Cuando nos aprestamos para realizar un nuevo censo en el 2003, encontramos
que en Colombia, la crisis estructural del campo, y las violencias, se han encargado
de generar un inmenso flujo migratorio en el que se confunden desplazados, emigrantes,
trabajadores temporales, colonos, trabajadores de cultivos de uso ilícito, y
más recientemente pueblos indígenas, y comunidades negras desarraigados de su
entorno sociopolítico y cultural, y en medio de traumáticos ciclos de expulsión
y reasentamiento que ponen en peligro su propia existencia (Rojas, 2001).
Según CODEES, a 1995, el número total de desplazados por el conflicto
civil, se ha incrementó a 1.500.000 personas, y en el actual gobierno a unas
800.000 más. Según también informe de CODHES a 1999, al cuantificar la proporción
de nativos(as), desplazados(as) y emigrantes, se encuentra que por sexo ha habido
mayor desplazamiento de hombres nativos que mujeres en las regiones de Colombia,
sobre todo jóvenes y adultos mayores. Por el contrario, hay mayor número de
mujeres emigrantes y desplazadas, en todas las categorías de edad. Así, en Bogotá
contamos con una mayoría femenina desplazada, en edad joven y con hijos (Urdinola,
2001). Los departamentos de Colombia que han expulsado mayor población en el
año 2000 han sido: Antioquia, Magdalena, Tolima, Bolívar, Putumayo, Sucre, Santander,
Chocó, Huila, Cauca, y Cesar. Y los que han recibido mayor número de desplazados(as)
han sido: Antioquia, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Huila, Córdoba, Santander,
Putumayo, Sucre, Nariño, y sobre todo Bogotá y Cundinamarca.
En el caso de las mujeres, aún cuando se elevó su participación
laboral durante la década (1990-1999), en término promedio su tasa de desocupación
es mayor que la de los varones. En el caso de Colombia, esta participación se
ha convertido en eje de la subsistencia de sus hogares, debido al mayor aumento
del desempleo masculino. Adicional a lo anterior el desplazamiento interno debido
al conflicto armado, el aumento de la pobreza en el país, y las catástrofes
de orden natural han producido un flujo migratorio de mujeres -sobre todo jóvenes
desocupadas- hacia las ciudades importantes, y el exterior del país.
Ante el actual contexto de conflicto social y deterioro de la situación
económica del país, se puede delimitar cuatro problemas centrales que afrontamos
las mujeres colombianas:
Los asesinatos en Amaytik ,ataque premeditado, asegura brigada de observación civil.
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de las Casas, Chis., 28 de agosto. La brigada de observación civil que acudió a la ranchería Amaytik y recorrió otras poblaciones del municipio autónomo Ricardo Flores Magón entre los días 26 y 28 constató los asesinatos de Lorenzo Martínez Espinosa y Jacinto Hernández Guitérrrez (vocal suplente y agente rural autónomos, respectivamente) la mañana del domingo en la mencionada ranchería.
"A juzgar por los hechos y sus resultados concluímos que fue un ataque planeado con premeditación", expresan conjuntamente hoy la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada y el Centro de Derechos Indígenas. También concluyen que el objetivo del ataque era asesinar a los miembros del ayuntamiento autónomo.
Los visitadores de los principales organismos de derechos humanos independientes que laboran en la región consideraron también que la seguridad pública, el agente del Ministerio Público y la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentados en la ciudad de Ocosingo "actuaron con agilidad sospechosa", "considerando que recorrer la distancia entre la cabecera municipal y el lugar de los hechos lleva aproximadamente cinco horas". (Los hechos ocurrieron en Amaytik a las 10 y a las 16 ya estaba uno de los cadáveres en manos del MP en Ocosingo).
"Estos hechos no pueden aislarse de sucesos violentos en contra de los municipios autónomos y sus autoridades en los últimos meses", apunta la brigada de observación civil, antes de exigir "una investigación exhaustiva y el deslinde de responsabilidades de los perpetradores de estos crímenes, incluyendo su posible vinculación con grupos paramilitares".
Los observadores constataron los asesinatos de Lorenzo Martínez Espinosa y Jacinto Hernández Gutiérrez en la ranchería Amaytik, en los alrededores de Peña Limonar, donde la policía estatal tiene un cuartel, y no lejos de la Base de Operaciones Mixtas del Ejército federal en el ejido Cintalapa.
De acuerdo con las información que recabó la brigada de observación de las ONG independientes, los representantes del municipio autónomo Ricardo Flores Magón "habían citado desde el día 21 de agosto a una reunión en aquella ranchería, de origen no zapatista, el 25 de agosto a las 9 de la mañana, con el propósito de solucionar un asunto matrimonial. Alrededor de las 10 de la mañana se desencadenaron los hechos violentos en los que perdieron la vida los anteriormente citados".
En lo que transcurría el recorrido de la brigada civil, el cuerpo de Lorenzo Martínez Espinosa se encontraba en manos del MP de Ocosingo, después de haber sido trasladado ahí el mismo día de los hechos (domingo 25) a las 16 horas. El día 27 "el mismo MP lo llevó a su comunidad de origen" (Nueva Esperanza), refiere el informe de los observadores. "Vimos que el cuerpo presentaba un orificio de bala de aproximadamente cinco centímetros de diámetro, en el lado derecho del pecho".
El cuerpo de Jacinto Hernández Gutiérrez fue visto por la brigada en la ranchería de Amaytik: "presentaba una herida profunda en el cráneo, de aproximadamente 10 centímetros de longitud, producida por fuertes golpes". En el mismo lugar, los observadores comprobaron que el hijo de Jacinto, de nombre Fernando, mostraba marcas en el cuello, pues los atacantes intentaron ahorcarlo.
Testigos de los hechos identificaron a los agresores, según el informe, como Jacinto Hernández Ballinas, "autor material de la muerte de Lorenzo", tras propinarle un balazo de escopeta; y Santiago Hernández Pérez, quien asesinó a Jacinto "tras golpearlo fuertemente en la cabeza con un garrote". Intervinieron también en la agresión Alfredo Hernández Ballinas, Gaspar Hernández Pérez, Jacinto Hernández Pérez, Santiago Hernández Ballinas, Camilo Hernández Ballinas, Nicolás Hernández Pérez, Nicolás Hernández Espinosa, Simón Hernández Gutiérrez, Nicolás Gutiérrez Espinosa y otros que no ha sido identificados.
El comandante de Seguridad Pública de Ocosingo, Deógenes López Toledo, declaró a los observadores haber llegado, junto con un agente del MP y elementos (no dice cuantos) de la Agencia Estatal de Investigaciones, a la ranchería de Amaytik alrededor de las 15 horas. Levantaron el cuerpo de Lorenzo sin testigos, "porque las familias de las ranchería abandonaron el lugar luego de los hechos violentos".
El comandante conversó con los observadores después de detenerles el paso en el puesto de control de la SPE en la carretera de acceso a la ranchería Amaytik.
Las diligencias del procurador
En tanto, en el hospital Gustavo A. Rovirosa Pérez, de Villahermosa, Tabasco (que además de encontrarse bastante más lejos de Amaytik que Ocosingo o Palanque, se ubica en otra entidad federativa), el procurador chiapaneco, Mariano Herrán Salvatti, acompañó personalmente al agente del MP para realizar las primeras diligencias en "el caso Amaytik", el día de ayer. De hecho, el titular de la Procuraduría Genreral de Justicia del estado (PGJE) encabezó la diligencia.
Acompañaba al procurador, a su vez, un enjambre de reporteros, fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación chiapanecos y nacionales, que captaron con detalle el interrogatorio practicado a Nicolás Hernández Pérez, miembro del grupo agresor en Amaytik, a quien se veía bastante golpeado ante las cámaras y a Camilo Hernández Ballinas, priísta y miembro de la OPDIC (la misma organización, señalada como paramilitar, que ha agredido recientemente las comunidades zapatistas de La Culebra y Nuevo Guadalupe).
Si bien el incidente en el que Nicolás Hernández resultó lesionado consistió solamente en "dos familias que se enfrentaron con palos", según la versión de la PGJE, por "conflictos derivados de la aplicación de sus usos y costumbres en la realización de una boda" (y esto, en una remota aldea chiapaneca), también compareció ante cámaras y micrófonos, y acompañó a Herrán Salvatti, el secretario de Salud de la entidad, Angel René Estada Arévalo. Ambos funcionarios pudieron confirmar "que el herido se encontraba estable, conciente y con lesiones contusas provocadas al momento de la agresión entre varias personas".
Hernández Pérez ingresó el lunes al Hospital General de Villahermosa, "donde ha sido atendido de manera inmediata y se le han practicado estudios clínicos que apuntan a la recuperación paulatina y positiva de sus lesiones", informa hoy la prensa oficial de Tuxtla Gutiérrez.
Mientras las investigaciones de los organismos de derechos humanos que laboran en la zona indígena de Chiapas apuntan cada vez más a que el "caso Amaytik" se trató de una celada de miembros de la OPDIC contra miembros del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, la PGJE apuesta todas sus canicas a la hipótesis costumbrista -dos familias, unos cuantos palos y un novio tacaño-, y la construye con el testimonio de un par de miembros del grupo que atacó a los hoy occisos (para designar en slang ministerial a Lorenzo Martínez Espinosa y Jacinto Hernández Gutiérrez), y cuyo asesinato es lo más concreto y definitivo de todo el "caso".