Este Boletín llega a Uds. gracias a la cooperación del Consejo Mundial de Iglesias
Solidaridad con Estela de Carlotto
El MEDH Misiones, repudia el cobarde atentado a la casa de la Presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. Nos duele que en pleno estado de Derecho, los remanentes de una parte oscura de la Historia Argentina vuelvan a resurgir; y que las mismas atenten, abusen y pretendan sembrar terror y miedo y tapar las investigaciones.
El joven arrojado al riachuelo por la policía, el caso del asesinato de Pocho en Rosario, son ejemplos de la violencia que sufre la Argentina, degenera en maltrato y abuso, y la repetición de signos de violencia desde el Estado, como en los tiempos mas siniestros de la dictadura. Así, como los ataques en Misiones a la Pastoral Social por su apoyo a los más pobres.
Esto no es un hecho aislado sino que se desarrolla en un contexto de violencia en muchas partes del mundo. Por lo tanto tiene injerencia en nuestro país y concretamente en nuestra provincia, el ejemplo mas claro es la entrada de fuerzas extranjeras potencialmente en Misiones.
Y la violencia en los territorios palestinos por fuerzas regulares, como la que se prepara para arrasar a Irak y de una concepción arbitraria de la Justicia esconden mas de lo que muestran.
Estela de Carlotto, es un orgullo nacional y un
modelo incansable de lucha, representa los mejores valores humanos, y la
lucha por el respeto a la vida. Esperamos que
esta experiencia en lugar de intimidarle o acallarle la fortifique
y anime; como ella lo hace con nosotros. Fuerzas cobardes, que no dan la
cara, serviles y mercenarias, no lograran su pretensión chantajista y silenciadora.
Exhortamos a que las instituciones de la democracia tengan y usen los instrumentos, para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos, esperamos que se levanten muchas voces, y las organizaciones populares, iglesias, universidades se unan contra la impunidad y la violencia.
ARGENTINA: Violaciones a los derechos humanos en una comisaría de la localidad santafesina de Venado Tuerto.
(LADH Rosario) Santa Fe- Emanuel Torres tiene
13 de años y asiste a la escuela N°1201, 3°año EGB en la ciudad de Venado Tuerto.
El sábado 24 de agosto se encontraba jugando a la pelota con un hermano menor
y un amigo en una placita cercana a su casa, a las 14:00 Hs. pasa el móvil del
comando y los levantan sin causa aparente. Los detienen hasta las 22:00 Hs.
sin avisar a los padres a Emanuel. Lo obligan a limpiar los pisos y lavar ropa
mientras lo insultan, lo golpean y amenazan con el clásico "vas a ser boleta",
le dicen que lo van a violar, le sacan la ropa y lo bañan con agua fría y le
echan sobre el cuerpo cloro, le hacen hacer flexiones y le pisan las manos.
De esto quedan evidencias pues tiene marcas en las manos y los brazos hinchados,
además de fuertes dolores especialmente en el brazo izquierdo que casi no lo
puede levantar. La denuncia fue radicada en el juzgado de Dr. Vitelli y fue
revisado por el médico forense. Asimismo la detención quedo asentada en la comisaría
por infracción al código de faltas (típica falta por torso desnudo). Emanuel
es de origen muy humilde ¨cartonerito¨ y lo invitaron a que se robe una moto
y se la lleve. Rato Después va hasta la casa un efectivo con cargo y le dice
a la mamá que no diga nada de lo sucedido pues el se encargaría de castigar
a los que le hicieron eso.
La Liga
Argentina por los Derechos del Hombre se hace eco de esta denuncia realizada
por Ana Braghieri, madre de Clemente Arona, asesinado por la policía el 8 de
septiembre de 1999, en la ciudad de Venado Tuerto.
Equipo Nizkor - Derechos
Human Rights - Serpaj Europa
GUATEMALA: DENUNCIAN EL ASESINATO DE UN INTEGRANTE DE LA CONAVIGUA EN
EL QUICHE.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos,
programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, solicita su intervención urgente
ante la siguiente situación en Guatemala.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha sido informado por varias organizaciones de derechos humanos
de Guatemala, del salvaje asesinato del Sr. Manuel García de la Cruz, miembro
de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) ocurrido el 6
de septiembre en Chuacruz, municipio de Joyabaj, Departamento de el Quiche.
Según la información recibida, el cuerpo sin vída de la víctima fue hallado
completamente mutilado y decapitado.
El Observatorio expresa su total condena de este asesinato, cuyo método recuerda
los peores tiempos de la guerra civil en el país. Este asesinato se enmarca
dentro de una intensificación del clima de violencia y represión contra
los defensores en Guatemala y de la impunidad de los que actúan para sabotear
el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, en particular las que
trabajan en el ámbito del esclarecimiento histórico y la memoria colectiva y
luchan contra la impunidad.
Se han multiplicado los actos de allanamientos, de amenazas, intimidaciones
y vigilancia en contra de los defensores. En este contexto las oficinas de CONAVIGUA
y de otras organizaciones ya habían sido allanadas el pasado 22 de Julio del
2002. (Ver llamado del Observatorio GTM 006 / 0702 / OBS 045). El 11 de
Septiembre en la tarde, un grupo de reporteros que se preparaba para asistir
a la conferencia de prensa de CONAVIGUA, fue asaltado por hombres armados quienes
les despojaron del equipo de televisión que portaban.
La gravedad de la situación había sido también atestiguada por Hina Jilani,
Representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los
defensores de DDHH durante su visita a Guatemala en mayo del 2002. La Sra. Hina
Jilani declaró "que según las informaciones que había recogido, los defensores
de los derechos humanos en Guatemala eran sometidos a agresiones, vigilancia,
desapariciones e incluso asesinatos". El Observatorio expresa nuevamente su
repudio a estos actos y llama a las autoridades a que tomen las medidas necesarias
para garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos.
URUGUAY: EL TRIBUNAL DE APELACIONES DEFINIRÁ CUÁL ES LA
FISCALÍA QUE DEBE ENTENDER SOBRE EL DESTINO DE MARÍA CLAUDIA GARCÍA.
Contienda de jurisdicción opone al juez Balcaldi con el poeta Gelman El magistrado
envió el expediente al fiscal Enrique Moller que actúa con el juez Mirbal en
el paquete de casos de desaparecidos. El abogado de Gelman recusó la decisión
y considera que debía actuar la fiscal Mirtha Guianze. Se defiende el fundamento
de que la desaparición forzada es delito continuo.
EL JUEZ PENAL JOSÉ BALCALDI.
A dos meses de que el poeta argentino Juan Gelman presentara una denuncia penal
en la que exige saber el destino de su nuera María Claudia García, el sistema
jurídico uruguayo se ha enredado en una contienda de competencias y jurisdicciones
que no permite avanzar sobre el destino de la causa ni el de la propia joven
desaparecida en 1976.
Desde el pasado 19 de julio de 2002, cuando el representante de Gelman, abogado
José Luis González, presentó la denuncia ante el Juzgado Letrado Penal de 4º
Turno, a cargo del juez José Balcaldi, se ha sucedido una serie de intercambios
de escritos que han derivado en la intervención de un Tribunal de Apelaciones.
El diferendo entre el abogado y el magistrado puede determinar sanciones sobre
el juez y, eventualmente, que se declare la nulidad de todo lo actuado por el
magistrado; a la vez que incide en la resolución doctrinal sobre la condición
de delito continuo en los casos de desaparición forzada.
EL DESTINO DE MARÍA CLAUDIA
Marcelo Gelman y su esposa embarazada, María Claudia García, fueron secuestrados
en Buenos Aires el 26 de agosto de 1976, y permanecieron detenidos en el centro
clandestino de reclusión Automotores Orletti.
Allí estuvieron durante todo el mes de setiembre, en el que fue detenido un
grupo de uruguayos quienes permanecen hoy en condición de desaparecidos.
María Claudia García fue vista en Orletti el 7 de octubre de aquel año por el
argentino José Luis Bertazzo, quien luego de un mes secuestrado en Orletti fue
liberado. También el uruguayo Alvaro Nores, quien sobrevivió a Orletti, recuerda
haber visto a la mujer argentina embarazada.
El propio Bertazzo señala que días antes de su liberación los militares se llevaron
al último grupo de uruguayos, los cuales fueron devueltos a su país, probablemente
en el vuelo del avión 511 de TAMU, según un testimonio difundido en el marco
de una investigacion de LA REPUBLICA.
El testimonio, que mencionó los nombres de los oficiales de la Fuerza Aérea
Uruguaya encargados del traslado clandestino del grupo de civiles encapuchados
que arribaron al Aeropuerto de Carrasco en los primeros días de octubre de aquel
año, no fue desmentido por uno de los tripulantes de aquel vuelo, el hoy comandante
en jefe de la FAU, brigadier general (av.) José Pedro Malaquín, quien en una
carta dirigida a LA REPUBLICA rechazó haber cometido crímenes de lesa humanidad
y sólo alegó que la información tenía "inexactitudes".
María Claudia García de Gelman también fue trasladada luego a Montevideo y permaneció
en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID) hasta dar a luz una niña
a principios de noviembre. Su esposo, Marcelo Gelman, apareció junto a otros
secuestrados en toneles de hierro que aparecieron en el canal de San Fernando,
delta del Tigre, aquel 21 de octubre.
La nieta del poeta Juan Gelman fue recuperada a principios del año 2000 luego
de la asunción del presidente Jorge Batlle. Se encontraba en manos de un policía
que tenía importantes nexos con autoridades de la administración de Julio María
Sanguinetti. El destino de María Claudia García sigue sin develarse, aunque
existen versiones de que fue ejecutada en Uruguay y enterrada en un cementerio
clandestino.
EL DESTINO DE LA DENUNCIA
El abogado de Juan Gelman presentó la denuncia de la desaparición de su nuera
ante el Juzgado Penal de 4º Turno con el fundamento de que los delitos denunciados
(privación de libertad, homicidio, sustracción de menores y supresión de estado
civil) y las personas responsables de esos crímenes, no están amparados bajo
la Ley de Caducidad, que en 1986 amnistió a los militares.
Los denunciantes consideran que los delitos mencionados están desprovistos de
toda connotación de carácter político y, en todo caso, corresponden a cuestiones
particulares entre integrantes de las fuerzas armadas. Ello, sin perjuicio de
que tampoco corresponde la Ley de Caducidad en un delito de carácter permanente
como la privación de libertad y supresión de estado civil.
El patrocinante de la denuncia recuerda que María Claudia García no tenía militancia
política ni partidaria alguna, ni tampoco afiliación gremial, y subraya que
su traslado a Uruguay tuvo como único fin el que terminara de cursar su embarazo
para luego quitarle compulsivamente a su hija y entregársela a un ex integrante
de las fuerzas conjuntas (hoy fallecido).
Destaca la denuncia que posteriormente, se dio muerte a la nuera de Juan Gelman
con la única razón de suprimir las indicios del delito de supresión de estado
civil y procurar, de ese modo, la impunidad de sus autores.
Luego de presentada la denuncia, el juez José Balcaldi la remitió al Fiscal
Letrado Nacional de 4º Turno, doctor Enrique Moller, a pesar de que la Fiscalía
Letrada competente era la de 2º Turno, a cargo de la doctora Mirtha Guianze.
El abogado José Luis González interpuso entonces un recurso de apelación subsidiario
de reposición, en el que argumentó que la fiscalía correspondiente era la de
Guianze.
Sin embargo, el magistrado de 4º Turno sostuvo que la resolución dictada no
era apelable y, en consecuencia, no correspondía pronunciarse sobre el recurso
y tampoco conceder el beneficio de la alzada. La causa de María Claudia García
de Gelman ingresaba entonces a un destino tan incierto como el que tuvo la víctima
del caso denunciado.
ARGENTINA: DETIENEN POR PEDIDO DE LA JUSTICIA FRANCESA AL GRAL RAMIREZ
PINEDA JEFE DEL CUARTEL DE TACNA DONDE DESAPARECIERON 10 ASESORES Y 13 MIEMBROS
DE LA CUSTODIA (GAP) DEL PRESIDENTE ALLENDE.
A pedido de la Justicia de Francia, Interpol detuvo ayer en Buenos Aires a un
represor de la dictadura del general Augusto Pinochet, acusado por la desaparición
de un ciudadano de ese país europeo al inicio del gobierno de facto, en setiembre
de 1973.
El ex general Luis Ramírez Pineda, de 77 años, deberá rendir cuentas por la
desaparición del médico Georges Klein Pipper, un estrecho colaborador del derrocado
presidente Salvador Allende.
La orden de detención, impartida en octubre de 2001, alcanzaba a otros 14 militares
chilenos y agentes civiles de inteligencia de la disuelta DINA, órgano de represión
del régimen pinochetista por la desaparición, además de Klein, de otros cuatro
ciudadanos franceses.
El ex general, arrestado en el hotel Claridge a las 11 de la mañana, fue llevado
luego al despacho del juez federal Jorge Urso. Ramírez Pineda llegó al aeropuerto
internacional de Ezeiza, en un vuelo procedente de Chile, el martes o miércoles
último, e Interpol detectó su ingreso más tarde en un control de rutina. Fue
entonces cuando los agentes descubrieron que pesaba sobre el militar un pedido
de captura desde 1991, tras lo cual dieron aviso al juez y procedieron a la
detención, una vez que confirmaron que la Justicia francesa mantenía su interés
por la extradición, bajo los cargos de "secuestro y tortura".
Fuentes de Tribunales dijeron que no hubo necesidad de realizar tareas de inteligencia
para ubicar a Ramírez en Buenos Aires, ya que el militar declaró su lugar de
alojamiento al llegar al país. De acuerdo con la ley 24.767 de extradición,
Francia tendrá un mes y medio de plazo para remitirle los antecedentes a Urso,
quien deberá corroborar si la conducta del acusado se encuadra dentro de los
delitos previstos en Argentina, antes de conceder la extradición. De todas formas
será el
Gobierno argentino, a través de la Cancillería, el que decidirá si lo extradita
o no a Francia
El abogado chileno Nelson Caucoto afirmó que Ramírez Pineda está "seriamente
imputado" en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos cometidas
durante la dictadura, que finalizó en 1990 y en la que murieron o están desaparecidas
unas 3.000 personas.
José Miguel Vivanco, director de Human Rigth Watch, dijo a Clarín que el arresto
de Ramírez "es un paso muy importante para esclarecer este caso". Vivanco aseguró
que el ex general tendrá en Francia todas las garantías y se mostró confiado
en que tanto el gobierno chileno como el argentino "no interfieran políticamente
y dejen actuar a la Justicia.
Deben garantizar que el recurso de extradición siga si curso normal".
En 1973, Ramírez era comandante del Regimiento Tacna, hasta donde fueron llevados
más de una decena de estrechos colaboradores del ex presidente Salvador Allende
arrestados en el palacio La Moneda, tras los feroces bombardeos de la sede del
gobierno chileno, el 11 de setiembre de 1973, que dieron inicio al golpe militar
que encabezó Pinochet.
Una vez en el regimiento, fueron ejecutados y sus cuerpos dinamitados.Según
el informe de derechos humanos de la Comisión Rettig, entre los prisioneros
hay 10 asesores de Allende y 13 miembros del GAP
(Grupo de Amigos Personales del Presidente, su guardia personal).
Klein Pipper, que tenía 27 años, estaba casado y tenía un hijo, se desempeñaba
como asesor de la Secretaría General del Gobierno y era militante del Partido
Comunista chileno, integrante de la alianza gubernamental Unidad Popular. El
último contacto que tuvo Klein Pipper fue un llamado telefónico a su esposa
desde la casa de gobierno.
La detención del ex general fue solicitada por el juez Franois Semur.
Los ciudadanos franceses desaparecidos en Chile son Alfonso Chanfreau, Etienne
Pesle y George Klein, mientras que otros dos, Jean Ives Claudet y Marcel Amiel,
fueron secuestrados en Argentina en 1976, por la DINA y la SIDE en el marco
de la Operación Cóndor.
Aunque no hay pruebas, investigaciones periodísticas sostienen que Ramírez habría
tenido participación en el asesinato del general Carlos Prats, ocurrida en Buenos
Aires el 30 setiembre de 1974, cuando su auto estalló por una carga explosiva
en el barrio de Palermo. El ex general era entonces agregado militar en esta
capital.
Por ese motivo, la jueza María Servini de Cubría, que tiene a su cargo el caso
Prats, solicitó en 1992 una declaración testimonial sobre el hecho, al que el
militar respondió por escrito, ya que por ese entonces gozaba de fueros diplomáticos.
Por la desaparición de Klein, la Justicia francesa había solicitado además la
detención del general Javier Palacios y del agente civil de inteligencia Rafael
Ahumada Valderrama. El pedido de detención internacional incluye también a Manuel
Contreras, ex jefe de la DINA, Paul Schaefer, ex jefe de la Colonia Dignidad,
y Enrique Arancibia Clavel, condenado en Argentina por el asesinato de su esposa.
NICARAGUA:Siguen muriendo niños por hambre en zona
cafetalera
Por Trinidad Vásquez
MANAGUA, Setiembre 6, 2002 (alc). Otros dos niños murieron por desnutrición
esta senana en la zona cafetalera de La Dalia, a 45 kilómetros al norte de esta
capital, donde hay miles de campesinos sin trabajo a raíz de la crisis originada
por la caída de los precios internacionales del café.
La Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos, urgió al gobierno para
que envíe alimentos a la zona, para que los niños no sigan muriendo de hambre.
Con la muerte de los niños Eliécer Zeledón Jiménez y Kelvin Jonatán Velásquez,
ambos menores de dos años, suman siete los menores y ocho adultos que han perecido
por falta de alimento en la zona.
El gobierno ha centrado toda su atención en combatir la corrupción y se olvida
del grave problema de los campesinos del norte, dijo Carlos Arosman Barahona,
delegado del Consejo de Iglesias Evangélicas Pro Alianza Denominacioal (CEPAD).
El líder evangélico y abogado Luis Villagra dijo que los campesinos de la región
desayunan con bananas. La crisis también afecta a las iglesias evangélicas
pues las ofrendas han bajado drásticamente, agregó.
Juan Aguilar, representante de la FAO en Nicaragua, que comprobó la dramática
situación en que se encuentran miles de campesinos, declaró que es un problema
muy serio, que debe resolverse de inmediato.
Aguilar afirmó que la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la
Agencia de Cooperación de Estados Unidos están dispuestas a contribuir con el
gobierno de Nicaragua en un plan de emergencia. Se necesita incentivar la producción
para terminar con la hambruna en la zona cafetalera, hoy abandonada por falta
de créditos para el mantenimiento, indicó
Por su parte, los procuradores para la Defensa de los Derechos Humanos, Benjamín
Pérez Fonseca y Carlos Emilio López, después de comprobar la situación de hambre
en que viven más de 6,000 campesinos desocupados, pidieron al gobierno el envío
de alimentos, medicinas y ropa.
Además, pidieron que se estudie formas de generar empleo permanente.
Pérez indicó que entre las medidas a mediano y largo plazo que debe encarar
el gobierno están la entrega de tierras, implementos agrícolas y créditos a
los campesinos, así como la elaboración de un plan de desarrollo integral para
el departamento de Matagalpa.
Reconoció que el gobierno realiza algunos proyectos en beneficio del sector,
pero que son insuficientes.
López, procurador especial para la Niñez y la Adolescencia, dijo que las escenas
de desnutrición son dramáticas. Dijo que la Procuraduría trajo a dos niños al
hospital de Matagalpa.
Los campesinos amenazan con una marcha hacia Managua si el gobierno no
presta atención a sus demandas. Pero López anotó que si se produce esa marcha
muchos campesinos morirán en el camino.
El informe de la Procuraduría afirma que hay 1.481 familias, que suman 6.084
personas, niños en su mayoría (4.105), que están en riesgo de muerte si las
autoridades no les prestan atención.
El Procurador criticó duramente al Foro sobre la Pobreza, Gobernabilidad y Equidad
de Genero, que se desarrolló durante tres días en un lujoso hotel de Managua,
a un costo de más de 200 mil dólares, pero los participantes no se acordaron
de visitar a los campesinos que se mueren de hambre.
“De sol a sol, labrando tierra tendrás tu
pan”
Mujeres y hombres del FRENAPO –Frente Nacional Contra la Pobreza-
de Eldorado, Misiones, tomaron la determinación de “volver a la tierra con mucha
fe y esfuerzo”, para obtener de su histórica generosidad una alimentación mejor
y, por sobre todo, la dignidad que sólo da el trabajo.
Los primeros grupos interesados
comenzaron a acercarse en junio, creciendo la idea de organizarse para la producción
de alimentos. Las manos estaban dispuestas, el corazón desbordante y, aunque
muchos nunca habían sido agricultores, comenzaron a soñar con la tierra prometida.
Así nacieron los Proyectos Productivos
Eldorado, que hoy suman a 120 familias en cerca de 20 lotes de cultivo.
Los beneficios alcanzarán a más de 700
personas.
Acompañada por Cáritas Pastoral
Social de la Diócesis de Yguazú, en el camino recorrido en estos primeros meses,
la propuesta “cosechó” sorprendentes gestos solidarios. Empresarios y particulares,
convencidos de la nobleza de la iniciativa, ofrecieron –además de tierras cultivables-
tractores y maquinistas para la limpieza y preparación de los terrenos.
Se fueron arrimando también las
instituciones. La Red de Agricultura Orgánica de Misiones, RAOM, sigue siendo un actor clave en
la búsqueda de semillas, “genuinas, de genética confiable”, para asegurar el
éxito y la calidad de los productos. Aunque algunos kilos deberán adquirirse
para asegurar la dinámica de las plantaciones, el banco de material de siembra se va armando
con aportes voluntarios y cariñosos de pequeños campesinos de Misiones que apoyan
la experiencia. “De a puchitos, o de
a bolsadas” las semillas van llegando de San Vicente, San Pedro, Andresito,
Mado Delicia, Monte Carlo, Eldorado, Puerto Rico y otras colonias agrícolas.
“Se promueve un intercambio solidario
de semillas entre campesinos y obreros desocupados”, subrayó uno de los
técnicos del programa.
En las periferias de la ciudad de
Eldorado, las pequeñas chacras se distribuyen en terrenos –cedidos en comodato
por propietarios particulares- en los barrios Central, Primavera, El Fundador,
Giacchino, Roulet y Cafetti. También en Antiguo Centro, Pinares, 8 de Diciembre,
Santo Domingo, Juventud, Unidad, Eldorado III, El Porvenir y Bompadre, además
de un lote sobre la ruta nacional 12.
Cáritas, además de coordinar los
proyectos y proveer los recursos económicos para la movilidad y parte de las
semillas, actúa como aval institucional
de los comodatos de tierras, obtenidas por lapsos que van de los tres a
los cinco años de aprovechamiento.
La misma red RAOM, junto el INTA
(PROHUERTA) de la localidad de Eldorado, tienen a su cargo la asistencia técnica
y la planificación de capacitaciones específicas para los grupos, que ya suman
20 en 16 barrios de la periferia urbana eldoradense.
Todos los lunes, a las 17:30, se
ofrecen charlas técnicas a estos grupos en el local del INTA.
La Cáritas Pastoral Social de la
Diócesis de Yguazú los acompañó en las rutas, cuando cortaban el tránsito como
expresión de reclamo por sus urgencias desatendidas. Ahora, la Diócesis también
los acompaña para abrir este nuevo camino, y demostrar junto a ellos y otras
entidades comprometidas que es posible devolverles la dignidad que les robó
la mala política argentina.
El programa que sustenta los Proyectos
Productivos Eldorado se mueve con horizontes esperanzadores. En los primeros
meses del año próximo podrán evaluarse las primeras producciones. Además del
autoconsumo, se espera que estas chacras de la dignidad puedan enriquecer la
dieta de los comedores comunitarios, así como la venta y el trueque en circuitos
de comercio alternativos.
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13
de Septiembre de 2002
EQUIPO
DE PRENSA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Diócesis
de Yguazú
GV
/ CGS
(03751)
15-535587
1. LA SALUD EN FLORENCIO VARELA
Integrantes del Movimiento de Desocupados Teresa Rodríguez realizaron un estudio con el objeto de recabar información sobre condiciones de vida, infraestructura sanitaria y de las viviendas y sintomatología de las familias del movimiento en el Partido de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, y para ser utilizado como diagnóstico en el Laboratorio de Análisis Clínicos inaugurado el 1° de mayo de 2002.
El estudio se realizó a través de encuestas estructuradas realizadas a 173 familias pertenecientes al movimiento de desocupados y que viven en barrios aledaños al Laboratorio.
Abarcó características de los hogares y las viviendas en Villa Argentina, Libertad, San Jorge, San Rudecindo, Villa Mónica Nueva, La Esmeralda, Pico de Oro, La Colorada, Don Orione, San Nicolás y otros, con una media de 5,18 personas por hogar y 1,84 dormitorios por casa, lo que arroja entre 3 y 4 personas por dormitorio en el 44,5 % de los casos.
Sólo un 53,20 % de los hogares encuestados tienen provisión de agua para consumo mediante red de Aguas Argentinas; el 38,20 % utiliza agua de pozo y el resto ni siquiera tiene pozo.
El 88,40 % utiliza pozos ciegos para la deposición de residuos cloacales, y sólo el 10,40 % está unida a la red cloacal.
En el 53,80 % de los casos el baño se ubica dentro de la vivienda, en el 41,60 % está fuera de la casa. El 50,90 % no tiene instalación de agua en el baño, y el 56,70 % no lo tiene en la cocina.
Se consultó sobre la existencia en el hogar de un total de 14 síntomas, y la cantidad de personas del mismo que lo padecían. Los síntomas consultados fueron diabetes, hipertensión, trastornos renales, cardiovasculares, asma, tuberculosis, trastornos del sueño, de aprendizaje, desgano, dolores abdominales, desnutrición, retraso en el crecimiento, chirreo de los dientes en el sueño y erupciones cutáneas. Sólo el 26,60 % de las personas encuestadas no presentaron síntomas
JOHANNESBURGO: DD.HH. DE LAS MUJERES EN LA CUMBRE MUNDIAL DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Hoy 3 de setiembre es el día clave para el tema de los derechos humanos de las
mujeres en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible.
A las 9:00 p.m. el Comité Total (Committeee of the Whole) compuesto por representantes
de todos los Estados miembros de la ONU votará el párrafo 47 de la Declaración
Final, el cual se refiere al fortalecimiento de los sistemas de salud de dar
servicios básicos de salud.. y al final tiene entre corchetes (sin consenso)
una referencia a que los derechos a la salud y servicios se deben aplicar "consistente
con leyes nacionales y valores culturales y religiosos."
El Caucus de Mujeres en la cumbre aboga por que se eliminen tales referencias
y que sean sustituidas por una frase que diga que los derechos de las mujeres
se deben impulsar "de conformidad con todos los derechos humanos y libertades
fundamentales."
La facilitadora del Caucus hoy, Daphne Roxas de la Red de Mujeres Asiáticas
en Género y Desarrollo dijo a este medio que la redacción actual "es sumamente
peligrosa porque desconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos,
cosa que hemos ganado las mujeres en muchas conferencias previas, y por otro
lado, colocar a las mujeres en el peligro de que la ONU avale las leyes culturales
que promueven la mutilación genital, matrimonios forzados, crímenes de honor
y otras prácticas dañinas para las mujeres."
June Zeitlin de la Organizaci'on de Mujeres por el Desarrollo y el Medio
Ambiente (WEDO) dijo que en los pasillos de la Cumbre hoy hay un aumento de
la presencia de curas que cabildean por la postura que defiende los corchetes,
la cual es promovida por una alianza entre el Vaticano, la delegación de los
Estados Unidos y los representantes de los países islàmicos. "Ante esta
situación crítica, esta mañana las mujeres hicimos una manifestación a la entrada
de la sede de la
Cumbre en Sandton Center para presionar a las delegaciones. Nuestras pancartas
decían que la Cumbre pretende eliminar nuestros derechos humanos. No lo vamos
a tolerar! Nos quieren regresar a antes del siglo pasado (...)
Acompañando a las mujeres en la calle esta mañana a las 7:30 a.m. estuvo la
ex-Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Mary Robinson quien coreaba
a viva voz que los derechos de las mujeres son derechos humanos..
La Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro en 1992, en los p'arrafos 20 y 24 de
la Declaración reconocían que las mujeres tienen un papel clave en el
desarrollo sostenible y recomendaba medidas para garantizas su participación
y sus derechos. Las sucesivas Conferencias de la década, Viena 1993 (párrafo
#5), Cumbre de Desarrollo Sostenible (párrafo 3) y Beijing (párrafo #3) en 1995
reconocieron que los derechos de las mujeres son derechos humanos, por lo tanto
protegidos por el marco de los derechos humanos a nivel internacional.
COLOMBIA: Crean Foro de las Mujeres - CLAI en Colombia
MEDELLÍN, Setiembre 3, 2002 (alc). En una reunión convocada por el Consejo Latinoamericano
de Iglesias (CLAI) y a la que asistieron monjas de varias órdenes católicas
y mujeres de varias tradiciones evangélicas y pentecostales, se acordó crear
el Foro de las Mujeres de Colombia.
La reunión, a la que asistieron mujeres de diferentes partes de Colombia,
invitadas por la Pastoral de las Mujeres de CLAI , se realizó en esta
ciudad, del 16 al 19 de agosto pasado, bajo el lema "Afirmando la Dignidad de
la Mujer en tiempos de Violencia".
"Estamos haciendo historia" dijo la pastora Judith VanOsdol, coordinadora continental
de la Pastoral de las Mujeres de CLAI.
"En este encuentro había una riqueza y una pluralidad, debido a la presencia
de más que diez expresiones de tradiciones eclesiásticas, desde monjas católicas
hasta mujeres pentecostales. Esto incluyó representantes de la mayoría
de las expresiones eclesiásticas de Colombia", precisó.
La mayoría de estas mujeres no pertenecen a iglesias miembros de CLAI. Sin embargo,
queríamos hacer una convocatoria amplia e inclusiva, porque el tema, "Afirmar
la dignidad e la Mujer en Tiempos de Violencia", nos urge, puntualizó.
El grupo trabajó textos bíblicos desde la perspectiva de género, con la pastora
VanOsdol y la hermana Maritza Trigos Torres, biblista y teóloga católica, conocida
por su trabajo en derechos humanos en Colombia. También escucharon una ponencia
sobre la "Situación de la Mujer en el Conflicto Colombiano" por Lilia Solano,
teóloga, filósofa, y politóloga, la que generó una animada discusión en la plenaria.
Agradecemos al secretario regional de CLAI, pastor Jairo Barriga, que con un
equipo colombiano de mujeres, ideó el encuentro de esta forma, declaró
VanOsdol. "La idea era brindar varios elementos bíblicos, teológicos y herramientas
para aplicar estos elementos en la coyuntura actual", indicó VanOsdoll.
La reunión se realizó en un lugar de retiro espiritual de la Iglesia Católica
en Medellín. Un comentario que compartieron varias de las participantes fue
"nunca escuché eso en mi iglesia".
Sindi Perdomo, mujer joven, indígena del Resguardo Pitayó, en Cauca, miembro
de una comunidad pentecostal, comentó: "Estoy asombrada. No puedo creer que
estoy escuchando al mismo tiempo a católicas, luteranas, pentecostales Es una
experiencia increíble. A mí siempre me dijeron que ustedes eran "los malos"
pero estoy aprendiendo tanto acá!"
Para la formación del Foro de las Mujeres CLAI, Colombia, se eligió una mesa
de trabajo, con representantes de las cinco regiones de Colombia presentes en
el encuentro. La pastora VanOsdol anotó que la mesa estaba compuesta por siete
mujeres, incluyendo una monja, una joven indígena pentecostal, bautistas y presbiterianas.
Igual que en el encuentro, el grupo decidió mantener la pluralidad y diversidad
en la dirigencia de su organización. La mayoría de las integrantes de la mesa
de coordinación no pertenecen a iglesias miembros de CLAI, con el propósito
de buscar e insistir en una coordinación que refleje la diversidad y riqueza
de las varias tradiciones presentes.
El grupo decidió seguir trabajando sobre los ejes de lectura bíblica desde la
perspectiva de género, volencia e incidencia en sus comunidades. Hubo un reclamo
muy fuerte por parte de las participantes de tener mucha más deliberacion dentro
de sus iglesias sobre el tema de la dignidad de la mujer en tiempos de violencia.
También destacaron que los ejes de género, violencia e incidencia, no son sólo
temas de mujeres, sino que pertenecen a todas las comunidades de fe, y que hay
que buscar el compromiso de la dirigencia y de los varones en estos temas.
Las participantes insistieron en que lo que nos une es mucho más fuerte que
las divisiones que hay dentro y fuera de nuestras comunidades. Y esperan que
la energía y compromiso que vivieron en Medellín sea contagioso dentro de las
varias expresiones de fe en otras partes.
MEXICO: ASESINAN A TRES CATOLICOS
EN CHIAPAS
Por Fredy Martín Pérez - Corresponsal de El Universal
La escalada de violencia que ha causado varias muertes en los últimos días en
Chiapas alcanzó a tres miembros de la diócesis de San Cristóbal de las Casas,
asesinados salvajemente, informó ayer el vicario general Gustavo Andrade Hernández.
En un escrito difundido a la opinión pública, el religioso dio a conocer que
Reina Martínez Ortega fue mutilada en un barrio de esta ciudad; en el municipio
de Amatenango del Valle al catequista Mariano Gómez se le encontró con el cráneo
destrozado, y el principal de la parroquia de Chilón, Antonio Mejía Vázquez,
también fue asesinado.
Estos crímenes, señala el purpurado, se suman a las muertes de José López Santiz
en Altamirano y de Lorenzo Martínez Espinosa y Jacinto Hernández Gutiérrez en
la zona de las cañadas, aunado a un sinnúmero de heridos como consecuencia de
la ola de violencia. Gustavo Andrade Hernández, Juan Manuel Hurtado, vicario
pastoral y Josefina Martínez Martínez, secretaria canciller de la diócesis sancristobalense,
expresaron su preocupación y dolor por la violencia. En el texto señalan que
aunque algunos de estos crímenes son del fuero común, "otros son causados por
problemas intracomunitarios que tienen como consecuencia el conflicto chiapaneco
aún no resuelto y que debe ser tomado en serio y no minimizarlo ni mirarlo con
apatía, simulación y menosprecio, ya que es necesario evitar el riesgo de confrontaciones
de grandes dimensiones".
A esto se añade, agregan, según lo expresa la sociedad civil, la acción de los
paramilitares que causa intranquilidad, temor, desplazamientos y muerte en las
comunidades. Refieren que en la reciente visita de Francis M. Deng, relator
de la Organización de las Naciones Unidas para desplazados internos, los desplazados
de Chenalhó le manifestaron sus temores porque después del retorno a sus comunidades
atraviesan por una difícil situación, pues siguen viviendo en la marginación,
miseria y, sobre todo, en la inseguridad por el asedio constante de elementos
criminales que continúan sin ser desarmados.
Ante la ola de violencia, los religiosos consideran que es necesario que las
autoridades vuelvan a poner interés en el conflicto que sigue sin resolverse
en sus causas profundas. Exhortan a las autoridades a que intensifiquen las
averiguaciones necesarias para esclarecer los motivos y los responsables de
los crímenes, para que quienes sean inocentes no sufran atropellos en su dignidad
y en sus derechos. Asimismo, solicitan en el texto que se respeten los acuerdos
pactados en el retorno de los desplazados.
(Infodemex)
INFORME de SIPAZ, Agosto
de 2002; Año 7, No.3
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Síntesis del Informe
Al cierre de este informe, se esperaba la inminente resolución
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma constitucional
en materia indígena aprobada el año pasado. Por considerarla una reducción de
los Acuerdos de San Andrés, la misma fue rechazada por el EZLN, los congresos
de los estados con más población indígena, y sus principales organizaciones.
Más de 300 recursos o controversias constitucionales fueron presentados
ante la SCJN contra la reforma, un hecho inusual e histórico, ya que nunca se
había dado un cuestionamiento tan amplio a una reforma constitucional.
En los últimos meses, muchas organizaciones de la sociedad civil señalaron que
la SCJN tiene en sus manos la oportunidad de contribuir al proceso de paz en
Chiapas, ya que el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés es una
de las condiciones planteadas por el EZLN para reanudar el diálogo.
La resolución de la SCJN llevará a los actores a redefinir sus estrategias.
Si la reforma es declarada válida, el fallo podría ser leído por algunos como
el agotamiento de la vía política y pacífica para resolver el conflicto. Sin
embargo, quedaría la posibilidad de recurrir a los organismos internacionales
como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) o la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo,
es sabido que las resoluciones de los organismos internacionales no tienen carácter
coercitivo a nivel interno.
Del 5 al 7 de julio 2002 se realizó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
el Encuentro Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, en el que participaron
más de mil personas, indígenas y no indígenas, de 285 organizaciones, 23 estados
mexicanos y 13 países.
El Encuentro constituyó una oportunidad para afianzar el vínculo entre los movimientos
indígena, social y civil. El principal objetivo era reactivar la articulación
de iniciativas civiles respecto al conflicto de Chiapas; pero los temas trabajados
permitieron ir más allá, afirmando así el carácter nacional e incluso internacional
de lo que está en juego en Chiapas.
Un primer tema fue el conflicto armado en México, sus consecuencias y
el proceso de paz. El segundo fue democracia y derechos de los pueblos indígenas,
y el tercero, desarrollo económico alternativo para las comunidades y
pueblos indígenas. Hubo también un cuarto tema o eje transversal: la construcción
de alternativas de articulación y participación civil nacional e internacional
para alcanzar la Paz con Justicia y Dignidad.
Otro momento de fortalecimiento de la sociedad civil organizada fue el conflicto
en San Salvador Atenco, donde los ejidatarios rechazaban la expropiación de
sus tierras para la construcción del nuevo aeropuerto internacional en el estado
de México. Esta lucha -que recibió el apoyo de amplios sectores sociales- logró
que el gobierno cancelara el proyecto en agosto.
El rechazo al Plan Puebla-Panamá constituyó otro eje de convergencia
popular en este período. En Veracruz, Chiapas, Managua y Guatemala, las organizaciones
sociales e indígenas de la región mesoamericana se han reunido para reiterar
su rechazo categórico al megaproyecto. En respuesta a las críticas, el presidente
Fox y el ex coordinador del Plan, Florencio Salazar, han declarado que nada
se hará sin el consentimiento de los habitantes de la región.
En Chiapas, mientras tanto, se multiplican las denuncias de los municipios autónomos
zapatistas sobre el incremento notorio de las actividades militares y paramilitares
en la zona de conflicto. Incluso se habla de la formación de un nuevo grupo
acusado de ser paramilitar (OPDIC). En agosto se registró una preocupante escalada
de violencia en municipios autónomos ubicados en la zona Selva.
El 31 de julio de 2002, las autoridades del municipio autónomo Ricardo Flores
Magón denunciaron una agresión por parte del OPDIC en el ejido La Culebra, con
un saldo de 7 bases de apoyo heridos. El 7 de agosto, el zapatista José López
Sántiz fue asesinado en el municipio autónomo 17 de Noviembre (Altamirano).
El 19 de agosto, en el Crucero Quexil, municipio autónomo San Manuel, donde
las bases de apoyo del EZLN mantienen un retén de vigilancia para evitar el
tráfico de alcohol, vehículos robados y maderas preciosas, se generó un enfrentamiento
con un saldo de 9 heridos. El 25 de agosto, en la ranchería Amaytik (Ocosingo),
dos zapatistas que fungían como autoridades del municipio autónomo Ricardo Flores
Magón, también resultaron asesinadas. El mismo día, otro zapatista fue muerto
en el municipio autónomo Olga Isabel (Chilón). Este último crimen sería obra
de un grupo armado llamado "los Aguilares". En la mayoría de los casos, los
zapatistas culpan a grupos armados cercanos al Partido Revolucionario Institucional.
Al momento del cierre de este informe, las brigadas civiles de observación seguían investigando estos hechos. Varias organizaciones no gubernamentales del estado denuncian que éstos y otros hechos violentos en contra de los municipios autónomos zapatistas tienen patrones similares.
Otro factor de preocupación es el deterioro evidente de la convivencia entre zapatistas y otras organizaciones indígenas en la zona Selva, con la multiplicación de acusaciones mutuas y conflictos violentos entre esos grupos.
La tierra continúa siendo un factor de tensión permanente.
El gobernador Pablo Salazar reconoce que el 80% de los problemas sociales y
políticos en Chiapas están ligados a temas agrarios. Existen focos rojos en
varias zonas del estado, principalmente en la zona Selva. A ello se suma la
amenaza de desalojo de las comunidades asentadas en la Biósfera de Montes Azules.
Por su parte, las autoridades federales reconocen que existen unos 5 mil conflictos
agrarios en México. La masacre en Agua Fría (Oaxaca) en junio, que causó 26
muertos y 42 heridos por conflictos agrarios entre comunidades, llevó a la creación
de un órgano interministerial para definir una estrategia de prevención y respuesta
a potenciales conflictos agrarios.
A pesar de algunos avances, México sigue siendo objeto de preocupación por parte
de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. La saliente
Alta Comisionada para los DDHH, Mary Robinson, el Representante del
Secretario General de la ONU para Desplazados Internos, Francis Deng, y
el Presidente de la Comisión Interamericana de DDHH (OEA), Juan Méndez,
visitaron México en el trimestre. Lo mismo hicieron Amnistía Internacional,
la Federación Internacional de DDHH y la Comisión Civil Internacional
de Observación de los DDHH, coincidiendo en que los pueblos indígenas son
las principales víctimas de las frecuentes violaciones a los derechos humanos
en México.
Acciones recomendadas
1. Escribir al presidente Fox expresándole :
a) su preocupación porque la reforma constitucional sobre derechos indígenas
se ha convertido en un obstáculo para reanudar el proceso de paz y avanzar hacia
una solución al conflicto de Chiapas;
b) la esperanza de la comunidad internacional en que el Estado mexicano, tanto
a través del Poder Ejecutivo, Legislativo como Judicial, revisará la reforma
aprobada para hacerla congruente con los compromisos asumidos en San Andrés
y ante la OIT al ratificar el Convenio
169.
c) su preocupación por el incremento de la actividad militar en Chiapas,
que no contribuye a la distensión, sino que aumenta la conflictividad política
y social en el estado.
2.Urgir a la OIT para que exhorte al Estado mexicano a que la legislación interna
sobre pueblos indígenas sea congruente con el Convenio 169.
3. Urgir al gobierno estatal a que se investigue de manera inmediata, imparcial
y eficaz los recientes hechos de violencia ocurridos en Chiapas y [se someta
a los culpables ante] la justicia.
4. Difundir información -como la contenida en este
informe- sobre la situación en Chiapas y en México.
POR FAVOR, ESCRIBIR A:
Lic. Vicente Fox
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos
11850 México, D.F., México
Fax: (+52) 55 55 22 41 17
http://www.presidencia.gob.mx/?P=17
Dr. Juan Somavia
Director General
Organización Internacional del Trabajo
4, route des Morillons
CH-1211, Geneva 22, Suiza
Fax: (00-41) 22 917 90 10
cabinet@ilo.org
Lic. Pablo Salazar Mendiguchía
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno, 1er piso
Fax: (+52)-961-61-20917
salazarp@prodigy.net.mx
http://www.pablosalazar.org.mx
Para recibir copias completas de éste y futuros
informes y de Acciones Urgentes, para enviar contribuciones o para información
sobre cómo ser voluntario en Chiapas, por favor contactar:
SIPAZ Oficina Internacional
P. O. Box 2415, Santa Cruz, CA - USA 95063
Tel/Fax (+1) (831) 425-1257
admin@sipaz.org
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RECHAZÓ LOS RECURSOS PRESENTADOS POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL
"Nosotros hemos luchado mucho, pero hemos avanzado poco. Hemos tocado muchas puertas a nivel estatal y federal, y hasta internacional, pero poco caso nos han hecho. ¿Por qué no nos hacen caso las autoridades? Nuestra misma gente nos pregunta: ¿a qué venimos a la ciudad si nunca nos toman en cuenta? ¿Hasta cuándo nos van a escuchar?, o ¿es necesario que se levante otra vez el EZLN para que nos escuchen?"
(Autoridades indígenas reunidas en el Distrito Federal el 12/9/02).
A un año de haberlas recibido, el 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió declarar improcedentes las controversias constitucionales presentadas por diversos municipios indígenas en contra del procedimiento de reforma constitucional en materia de derechos indígenas (ver Coyuntura en el informe).
Tal resolución se fundamentó en que, según la Corte, el articulo 105 constitucional, fracción I -que establece los asuntos de competencia de la SCJN en materia de controversias constitucionales- no faculta al máximo órgano judicial a revisar los procedimientos de reforma constitucional, ya que el llamado Órgano Reformador no es de igual naturaleza que aquellos que realizan las funciones de gobierno (aunque lo conforman el Congreso federal y las legislaturas de los estados). En pocas palabras, la Corte consideró que no tiene facultad para juzgar la constitucionalidad de las reformas a la Constitución emanadas del Poder Legislativo.
Las reacciones
Las reacciones no se hicieron esperar. Organizaciones indígenas de Chiapas expresaron su profunda decepción por el fallo. En una declaración conjunta afirmaron: ".... volvemos a ser excluidos. No somos nada para ellos (...) ninguno de los tres poderes está escuchando ni entendiendo nuestra lucha y han cerrado las puertas para la paz con justicia y dignidad. Y el estado Mexicano sólo está preocupado en intereses transnacionales y en el Plan Puebla-Panamá".
Desde el 6 de septiembre hasta hoy, las organizaciones indígenas han venido realizando de manera pacífica acciones de protesta locales y de carácter nacional: marchas, bloqueos, plantones, actos y encuentros, que en su mayor parte fueron ignorados por los grandes medios de comunicación. En todas ellas el énfasis estuvo en la decisión de desconocer la reforma indígena y ejercer la autonomía que se les niega por la vía de los hechos.
Las concentraciones principales fueron el Encuentro Nacional de Pueblos Indios (Chilpancingo, Guerrero, 12 y 13 de septiembre) y el III Foro Nacional en Defensa de la Medicina Tradicional (Atlapulco, Estado de México, de 14 al 16). En el primero, 200 representantes de 36 organizaciones convocaron a los pueblos indios a articular su movimiento y emprender iniciativas conjuntas para el ejercicio directo de la autonomía, y a la sociedad civil a unir fuerzas para la construcción de un proyecto de nación plural y democrático. En el segundo, unos 500 delegados de 29 pueblos originarios dieron a conocer la 1ª Declaración de M’enhuani, en la cual afirmaron su reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés como única ley en materia indígena, y llamaron a los pueblos indios a fortalecer todas las expresiones de autonomía en las distintas regiones del país.
Asimismo, se acordó realizar el 12 de octubre una gran jornada de protesta y movilización nacional e internacional. También algunas organizaciones nucleadas en el Congreso Nacional Indígena anunciaron que continuarán la batalla legal, interponiendo recursos de amparo para evitar que la reforma se aplique en sus territorios, y recurriendo a la OIT y al sistema interamericano.
El EZLN, sin embargo, hasta el momento ha guardado silencio. Un "silencio elocuente", según interpretó Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas: " Su respuesta la ha dado con su silencio; para ellos esa es la forma de responder, ellos piensan que desde el momento en que no se aceptan las propuestas que ellos han hecho, los compromisos que se hicieron con ellos de parte del gobierno, consideran que es inútil del diálogo".
Una de las críticas más fuertes a la SCJN provino de un amplio y reconocido sector de la sociedad civil, conformado por ONGs, los principales centros de DDHH, organizaciones sociales, académicos e intelectuales destacados, quienes calificaron al fallo como una "burla" que reproduce "la discriminación, el racismo y toda la actitud colonialista" a la que han estado sometidos los indígenas de México. El comunicado concluye afirmando que "nadie tiene ya autoridad moral para juzgar el camino que libremente escojan los pueblos para conseguir sus justos propósitos de autonomía y dignidad".
La Conferencia Episcopal Mexicana emitió un comunicado donde convoca a la sociedad mexicana a un Diálogo Nacional -al que contribuya la comunidad internacional- para buscar hacer realidad las palabras del Papa en su reciente visita a México: "México necesita a sus indígenas, y los indígenas necesitan a México". Los obispos católicos afirman: "... como Iglesia, queremos fortalecer nuestro compromiso con los indígenas. No es posible seguir viviendo en un México dividido por el racismo y la discriminación; los pueblos indios merecen con justicia un reconocimiento a sus culturas, a su modo de ver y a su autonomía".
Desde el mundo protestante, el líder de la Iglesia Presbiteriana, Pastor Abner López, exhortó al Congreso a tener la suficiente sensibilidad para revisar las reformas constitucionales en materia indígena, pues de otra forma será prácticamente imposible continuar el diálogo de paz entre el EZLN y el gobierno federal. También criticó al gobierno del presidente Fox, pues su preocupación por los pueblos indígenas ha sido "sólo en apariencia".
El gobierno de Chiapas sostuvo que la decisión de la Corte "no puede ser vista como el fin del camino, sino como el inicio de una nueva etapa de la que deben surgir nuevas iniciativas de paz". Afirmó también que el Congreso de la Unión debe evaluar la posibilidad de impulsar una reforma adicional, pues "Ningún esfuerzo es excesivo en estos tiempos si con ello se expresa la voluntad inquebrantable de responder a los pueblos indios y abonar la paz". Asimismo, afirmó que la disposición al diálogo y la negociación del gobierno de Chiapas "se mantienen inalterables".
A nivel político, el rechazo categórico provino del PRD, mientras que en el PRI se expresaron diferentes opiniones, desde quienes pidieron abocarse de inmediato a considerar "la reforma de la reforma" hasta los que afirmaron que el tema no necesita ni debe ser reconsiderado. La mayoría de los legisladores del PAN aprobaron el fallo de la SCJN. Las expresiones al interior de la COCOPA fueron un reflejo de esta falta de consenso respecto al tema.
El Poder Ejecutivo –a través del Secretario de Gobernación Santiago Creel y del Comisionado para la Paz en Chiapas, Luis H. Álvarez- manifestó su estricto respeto a la resolución de la SCJN, al mismo tiempo que "mantendrá permanentemente abiertos los canales para un diálogo respetuoso con el Poder Legislativo y con otros actores sociales y políticos, a fin de consolidar el reconocimiento de los derechos de los indígenas en el marco jurídico nacional". También reiteró su disposición "inalterable" a reanudar las conversaciones con el EZLN n
Análisis
El fallo de la SCJN representa un golpe para las esperanzas de reanudación del proceso de paz en Chiapas, y para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas de México. Después de haberse sentido abandonados por el Ejecutivo y traicionados por el Legislativo, los pueblos indígenas esperaban que el Poder Judicial les diera la razón para invalidar una reforma cuya legalidad es cuestionable -en la medida que el procedimiento para su aprobación estuvo viciado- y que carece de legitimidad, puesto que fue rechazada por quienes supuestamente son sus beneficiarios.
Llama la atención que la Corte demorara más de un año para tomar una resolución que ni siquiera se refirió al contenido o el procedimiento de aprobación de la reforma impugnada, por considerar que no tenía facultades para ello. Sin embargo, esa decisión tan postergada se dio a conocer en el momento de mayor conflictividad política y vulnerabilidad social en Chiapas, inmediatamente después de una escalada de violencia que cobró las vidas de varios dirigentes civiles zapatistas.
En este contexto, la resolución de la SCJN, lejos de contribuir a la distensión de la situación, es probable que agregue un factor de radicalización a la dinámica de confrontación que hoy se vive en Chiapas y en otros estados del país, reafirmando la convicción de quienes creen que las vías legales para plantear pacíficamente sus demandas se han cerrado.
Por otro lado, es preocupante el precedente que sienta esta resolución para el futuro de las instituciones democráticas mexicanas: si el máximo órgano del Poder Judicial no se considera facultado para velar por la constitucionalidad de las reformas a la Carta Magna, ¿a qué institución del Estado corresponde esa función esencial?
Es también preocupante la señal que el Estado mexicano envía al mundo respecto a su voluntad de cumplir los compromisos asumidos, tanto a nivel nacional (en los Acuerdos de San Andrés) como internacional (al ratificar el Convenio 169 de la OIT). La SCJN ha dejado pasar una oportunidad histórica para (en un mismo pronunciamiento) hacer valer las demandas y derechos de los pueblos indígenas, contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática e impulsar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México.
Esperamos que, a pesar de este sombrío panorama, los diferentes actores involucrados en este conflicto -que trasciende las fronteras de Chiapas para enfrentar una vez más al Estado mexicano con sus pueblos originarios- harán los mayores esfuerzos para buscar, con responsabilidad y honestidad, los caminos de entendimiento necesarios para desbloquear la actual situación.
Asimismo, consideramos que cualquier solución, para que sea sustentable, debe anteponer -por encima de los intereses económicos y políticos, sectoriales y transnacionales- el legítimo derecho de los pueblos indígenas a ejercer sus formas de organización social, económica y política, así como a preservar sus territorios y los recursos naturales existentes en ellos, que son la garantía de su existencia presente y la esperanza de un futuro mejor para sus descendientes n