ORDENAN DETENER AL EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PROVINCIAL NAZARIO
Buscan a un ex funcionario salteño El juez federal Claudio Bonadío ordenó la detención del ex gendarme Sergio Nazario por el secuestro y desaparición de
Lucila Révora y Carlos Fassano. Nazario actuó en el campo clandestino El Olimpo.
El juez federal Claudio Bonadío dispuso la detención de Sergio Nazario. En Salta especulaban con que el ex secretario de Seguridad salteño se fue del país.

En 1997 Sergio Nazario tuvo que renunciar a su puesto como secretario de Seguridad de la provincia de Salta porque fue reconocido como ex miembro del
grupo de tareas del centro clandestino de detención El Olimpo. Pese a las denuncias, no había tenido problemas judiciales hasta ayer, cuando el juez federal Claudio Bonadío ordenó su detención por haber participado en las desapariciones de Lucila Révora y Carlos Fassano. Ambos fueron secuestrados en octubre de 1978 en un operativo militar que motivó una pelea interna entre los represores y que terminó con un insólito sumario que le fue encargado a uno de los detenidos de El Olimpo.
El 11 de octubre de 1978 los vecinos de Floresta fueron sacudidos por el despliegue de miembros del Ejército, la policía, la Gendarmería y el Servicio Penitenciario frente a la casa de la calle Belén 335. Allí fue fusilado Carlos Fassano y fue secuestrada Lucila Révora, que estaba embarazada de ocho meses. La mujer fue llevada a El Olimpo. Algunas versiones indican que llegó sin vida al centro clandestino de detención pero el capitán de fragata Carlos de Bento aseguró que fue arrojada al río en uno de los vuelos de la muerte. En la casa también estaba el hijo de Révora, Eduardo De Pedro -de un año y ocho meses- que fue devuelto a su familia tres meses después. De Pedro, que habló con Página/12, fue citado por Bonadío luego de que en la causa por la desaparición de 18 militantes montoneros se encontraran, en los legajos de algunos acusados, referencias a su madre y su compañero.
El operativo de la calle Belén duró más de una hora e incluyó granadas y un helicóptero. Los represores tenían grandes expectativas porque le habían arrancado en la tortura a un detenido que allí había 150 mil dólares. Según el relato del ex gendarme Omar Torres, los miembros de la patota se pelearon por el botín al punto tal de que algunos de ellos tiraron una granada cuando otros estaban dentro de la casa. Murió el principal de la Policía Federal Federico Corvinos y fueron heridos el capitán del Ejército Enrique Del Pino ("Miguel") y el oficial del Servicio Penitenciario Juan Carlos Avena("Centeno"). Los diarios de la época los presentaron como víctimas de "los extremistas", pero lo fueron de su propia codicia y de sus compañeros. Osvaldo Acosta, que estuvo detenido en El Olimpo, relató que los represores discutieron muy fuerte porque la plata que supuestamente había en la casa de la calle Belén no aparecía. Como Acosta era abogado, un prefecto de apellido Cortez le encargó que hiciera un sumario. "Me encontré en la particular situación de interrogar a mis secuestradores. Y hasta tenía facultad para dictar el sobreseimiento, lo que tuve que hacer al comprobar que no podía demostrar la existencia del dinero. Cortez, en agradecimiento, me regaló chocolatines", relató Acosta en el juicio a las Juntas.
El ex gendarme Torres aseguró que Nazario -que era conocido como Esteves o Teves- hizo una llamada telefónica a la escuela de Gendarmería el día de los
secuestros para pedir el lugar para hacer "un asado", es decir, para quemar el cuerpo de Fassano.
Entre 1995 y 1997 Nazario, a quien se vinculó con el empresario fallecido Alfredo Yabrán, integró el gabinete del gobernador de Salta, Juan Carlos Romero. Era el responsable político de la policía, el Servicio Penitenciario y de Defensa Civil de la provincia. Renunció obligado porque fue reconocido cuando apareció en la televisión como interlocutor de los piqueteros que cortaban la ruta 34 en Tartagal. Julio Aguirre, sindicalista y ex senador por el PJ, fue quien reconoció a Nazario en 1997. "El ordenó que me torturaran", afirmó. Torres describió:
"Sacaba confesiones bajo tortura a los detenidos y participaba en los procedimientos". Lucrecia Barquet, de Familiares de Desaparecidos de Salta,dijo a Página/12 que algunos medios locales decían ayer que Nazario ya había salido del país. El operativo en la casa de la calle Belén es parte de la causa en la que se investiga la desaparición de los 18 militantes montoneros en 1980 y en la que Bonadío ordenó hace un mes la detención de 44 represores, entre ellos el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. Si bien ambos hechos no tienen conexión directa, en los dos episodios está involucrado el Batallón de Inteligencia 601.

"ESTÁ FUERA DEL GOBIERNO"
El gobernador salteño y precandidato presidencial por el PJ, Juan Carlos Romero, se apresuró ayer a aclarar que el represor Sergio Nazario "no ejerce actualmente cargo alguno en el gobierno". "En junio de 1997 solicité la renuncia de Sergio Nazario, quien era en ese entonces secretario de Seguridad de la provincia, casualmente por imputaciones públicas que vinculaban a ese señor con violaciones a los derechos humanos", explicó Romero en un comunicado de prensa. Sin embargo, el represor habría sido invitado recientemente a una recepción que el gobernador salteño ofreció en la provincia con motivo de una visita del presidente Eduardo Duhalde, ya que se habría mantenido en funciones como "asesor". Nazario dijo a una radio que concurrió al evento "invitado" por Romero, pero allegados al gobernador aseguraron que fue en calidad de "afiliado" al justicialismo.


EL TPI NO PODRÁ JUZGAR LOS CRÍMENES QUE SE COMETAN EN COLOMBIA LOS PRÓXIMOS SIETE AÑOS

PASTRANA INCLUYÓ EN SECRETO LA SALVEDAD
El TPI no podrá juzgar los crímenes que se cometan en Colombia los próximos siete años

Un diputado denuncia que el Congreso que ratificó el Tribunal Penal Internacional desconocía esa condición


BOGOTÁ.- El Tribunal Penal Internacional (TPI) no tendrá jurisdicción para juzgar los crímenes que se cometan en Colombia durante los próximos siete años,
según ha denunciado el diputado Jimmy Chamorro, quien acusó al Gobierno del ex presidente Andrés Pastrana de "engañar" al país al incluir esta salvedad.

"Es una actitud monstruosa, inconveniente e infame que Colombia ha sentado ante el organismo internacional", afirmó el diputado, quien había impulsado la la
ratificación del Tribunal Penal Internacional ante el Congreso.

Chamorro manifestó a la emisora local Radio Caracol que los congresistas nunca se enteraron de que el embajador de Colombia ante la ONU, Alfonso Valdivieso, fuera a incluir esta salvedad.

"Estábamos confiados en que la ratificación se haría manteniendo la integridad del Estatuto de Roma, sin hacer uso del artículo 124, que contiene la salvedad
de los siete años de gracia para los criminales de guerra", explicó Chamorro.

Que Uribe 'subsane el error'

Además, el diputado señaló que con la salvaguarda serán excluidos del TPI delitos como atacar y bombardear ciudades, reclutar niños menores de 15 años,
dirigir ataques contra edificios, tomar rehenes y el empleo de armas químicas contra la población civil, y quedarán impunes los extranjeros que cometan crímenes de guerra en el país.

"Conocer esta actitud da tristeza y a la vez un sentido de impotencia, también un poco de rabia, pero es confirmar que el tema del TPI no va a ser fácil para
Colombia", señaló el impulsor de la ley en el Congreso.

"Sin embargo, es importante aclarar que este error es subsanable y le corresponde ahora al presidente, Álvaro Uribe Vélez, retirar lo antes posible y
 



EN LA CAUSA MONTONEROS :Prisión preventiva para Galtieri y Suárez Mason

La dictó el juez Bonadio e incluye a más de 20 ex jefes militares involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

El juez federal Claudio Bonadio dictó este mediodía la prisión preventiva del ex presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri y del ex general Carlos
Guillermo Suarez Mason, junto a otra veintena de ex jefes militares, por considerarlos involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

El magistrado adoptó esa decisión en la causa en la que se investiga el secuestro, torturas y homicidios de unos veinte militantes montoneros en 1980.

En una resolución de 250 carillas, el juez Claudio Bonadio consideró suficientemente acreditada sus responsabilidades en los hechos y, además, dictó embargos millonarios a los procesados que van, según los casos, de 4 millones a 400 mil pesos.

Además de Galtieri y Suárez Mason, el magistrado dictó la prisión preventiva de otros 24 procesados por la presunta comisión de los delitos de "asociación
ilícita, privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado, tormentos y reducción a la servidumbre", entre otros. Al mismo tiempo, dejó en libertad a cinco de los imputados, entre ellos, el general retirado Juan Ramon Mabragaña.

En esta causa se pretende establecer la suerte que corrieron los miembros de la organización Montoneros al volver al país desde el exilio, en países de Europa y
América Latina, para actuar en lo que ellos llamaban "contraofensiva" contra la dictadura militar, en 1979 y 1980.

Entre otros caídos se cuenta a Horacio Campiglia -de la Conducción Nacional de Montoneros-, Mónica Pinus de Binstock, Lorenzo Viñas -hijo del escritor David
Viñas- y el sacerdote Jorge Adur, todos secuestrados en Brasil en el marco de la Operación Cóndor, además de Ricardo 'Pato' Zucker -hijo del actor Marcos Zucker- y su compañera Marta Libenson.

En España, la sobreviviente Silvia Tolchinsky declaró como testigo ante Bonadío y contó que Viñas y Adur habrían sido ultimados en los "vuelos de la muerte",
que consistían en arrojar al mar a los prisioneros, vivos y dopados, desde aviones militares.

La particularidad de esta causa es que Galtieri, artífice de la derrota argentina en la Guerra de Malvinas, en 1982 fue condenado a raíz de ello por negligencia, pero hasta ahora nunca había sido privado de la libertad por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura (1976-83). Sin embargo, desde 1997 pesa en su contra una orden internacional de arresto librada desde España, bajo cargos de terrorismo de Estado y genocidio.

Otro hecho singular del expediente es que por primera vez la Justicia procesó y tiene detenidos a ex jerarcas del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército -de
sonada participación en la represión ilegal-, como su ex titular coronel Carlos Alberto Tepedino, el coronel retirado Antonio Herminio Simón, y el coronel retirado Pascual Guerrieri.

Los hechos

   1.. 1. El presidente Vicente Fox, como uno de sus primeros actos de gobierno, el 5 de diciembre de 2000 manda la Ley Cocopa al Congreso en calidad de iniciativa presidencial.
   2.. Después de un mes de recorrido por el centro sur del país la delegación de comandantes zapatistas llega a la ciudad de México y la Comandanta Esther, en un discurso memorable, argumenta el 28 de marzo de 2001 sobre la importancia de conceder rango constitucional a la Ley
sobre derechos y cultura indígena elaborada por la Cocopa.
   3.. 2. El Congreso transforma la Ley Cocopa en una disposición que niega a los pueblos indios como entidad de derecho, que niega sustento territorial a su ejercicio de autodeterminación y que cubre con un manto asistencialista mediante el cual se introducen varias de las condiciones del Plan Puebla Panamá (reconocidas como ley suprema) lo que en la Ley Cocopa eran derechos y decisiones de los pueblos relacionados con sus usos y costumbres.  El contenido de la Ley es completamente desvirtuado, al grado de convertirse casi en lo contrario de lo acordado en la Ley Cocopa, y esto es anunciado por miembros de todos los partidos como el primer acuerdo por
unanimidad que adopta el Senado de la República, sin el menor asomo de vergüenza. Los millones de mexicanos que se habían pronunciado por la aprobación de la Ley Cocopa no alcanzan ni un solo voto de reconocimiento.
   4.. 3. El 29 de abril de 2001 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional “formalmente desconoce esta reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas” y declara que “no hace sino impedir el ejercicio de los derechos indígenas, y representa una grave ofensa a los pueblos indios,
a la sociedad civil nacional e internacional, y a la opinión pública, pues desprecia la movilización y el consenso sin precedentes que la lucha indígena alcanzó en estos tiempos”. “Con esta reforma, los legisladores federales y el gobierno foxista cierran la puerta del diálogo y la paz”
   5.. Sin defender su propuesta inicial, sin atender al rechazo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sin escuchar el clamor de los millones que demandaban la aprobación de la ley original elaborada por la Cocopa; sabiendo que el reconocimiento constitucional del acuerdo plasmado en ella (firmado en San Andrés el 16 de febrero de 1996) es una de las tres condiciones para reiniciar el diálogo entre el Gobierno de México y el EZLN y buscar dirimir las diferencias a través del ejercicio de la política y no de la guerra, el presidente Fox promulga la Ley emanada del Congreso el 14 de agosto de 2001.
   6.. 4. Una vez que el poder Ejecutivo y el poder Legislativo de la Nación habían dictaminado en contra de los derechos de los pueblos indios a ser reconocidos en su diferencia y con sus capacidades ciudadanas plenas los municipios indígenas acuden al poder Judicial. La ley promulgada, por su contenido racista y por el desconocimiento de jurisdicción territorial para
el ejercicio de los usos y costumbres enmarcados en los proyectos de autonomía, contraviene prácticas autonómicas que se encontraban vigentes en diferentes estados de la República. Las controversias constitucionales surgidas así, que deberían ser resueltas por la Suprema Corte de
Justicia, son rechazadas el 5 de septiembre de 2001 con el argumento de incompetencia.
Incompetencia del Poder judicial para impartir justicia; incompetencia del Poder legislativo para dar cauce legal a los reclamos sociales; incompetencia del Poder ejecutivo para dirigir la Nación de acuerdo con los mandatos de la soberanía popular. ¿Incapacidad del sistema político mexicano
para sostener la democracia?

La República está en peligro.

Explicaciones posibles

¿Cómo explicar este funcionamiento del Estado y de las instituciones políticas? ¿Qué poderosas razones se encuentran detrás de su vergonzosa declaración de incompetencia?  ¿De la paradójica unanimidad entre proyectos de Nación supuestamente contrapuestos en contra de los derechos de los indígenas a la sujetidad política? ¿Por qué no es posible aprobar la ley y comenzar a construir la paz y la democracia? ¿Por qué no es posible reconocer constitucionalmente a los pueblos indios con todas sus capacidades y derechos?

Entender la unanimidad de la clase política en referencia a los pueblos indios y el incumplimiento del Estado de los acuerdos firmados en San Andrés, aun a riesgo de la pérdida de legitimidad que ello implica no es tarea sencilla. La explicación evoca un complejo entramado del cual
destacaremos sólo algunos de los hilos posibles:

   1.. 1. La primera línea de explicación, considerando los estrechos vínculos del gobierno de México con el de Estados Unidos, está relacionada con el Plan Puebla Panamá y la libre disponibilidad del territorio que supone. Los proyectos vinculados a este plan, ya sean de
infraestructura, directamente productivos, o monopolizadores de riquezas naturales, suponen
un reordenamiento del territorio en amplias zonas del país, muchas de ellas marcadas por la tenencia colectiva de la tierra característica de los asentamientos indígenas y por proyectos autonómicos regidos democráticamente por usos y costumbres. La disputa en estos casos no es por extensiones de tierra, por tierra-mercancía, sino por formas de vida y de organización social sobre las que se erigen construcciones simbólicas de larga temporalidad en las que el territorio, más allá de su especificidad geográfica, está cargado de tradiciones, símbolos, historias, cosmovisiones y utopías. El territorio es el lugar donde se construye la cultura, donde se produce y reproduce la intersubjetividad y la visión del mundo, donde se tejen las relaciones sociales y la posibilidad de futuro y, por ello mismo, donde adquiere concreción la autonomía.
   2.. El Plan Puebla Panamá es cualquier cosa menos democrático o consensual. Su implantación en la zona del sur-sureste ha sido objeto de un rechazo generalizado de parte de las organizaciones sociales de la región y, con el reconocimiento de la capacidad de autogobierno de las comunidades indígenas seguramente ese rechazo tendría un mayor sustento legal.
   3.. A lo largo de toda la Marcha de la Dignidad Indígena los zapatistas se pronunciaron en contra del Plan Puebla Panamá y no parece ser un plan al que el gobierno y los empresarios quieran renunciar. Tampoco Estados Unidos. Si las comunidades fueran reconocidas como sujetos de derecho tendrían atribuciones jurídicas para impugnar o detener el plan.
   4.. 2. El reconocimiento de la autonomía de gobierno contemplada en la Ley Cocopa implica instaurar, aunque sea parcialmente, un sistema de democracia directa. Esto supone la activación de la participación política de la ciudadanía en las decisiones que competen y afectan al colectivo
por lo menos en los niveles municipales. Es fácil prever que en un sistema de gobierno tan “profesionalizado” y excluyente como el que se vive en México, y con un modelo económico concentrador-pauperizador que se reafirma cada día, el ejercicio de la democracia directa sea visto como un peligro. En efecto, la democracia directa tendería, sin duda, a revertir los daños del
neoliberalismo, del Tratado de Libre Comercio, de la integración subordinada con Estados Unidos y a instaurar uno o varios modelos de organización económica y de relacionamiento social que atiendan a las necesidades, aspiraciones y deseos de la población que los indicadores
macroeconómicos han convertido en números. La democracia no marcha en el mismo sentido
que el neoliberalismo. La legitimidad del proyecto neoliberal se restringe crecientemente en la misma medida que opera su tendencia concentradora.
En esa misma medida se cristaliza un sistema político excluyente que niega la participación de la mayoría de la población (que no forma parte de la llamada clase política) en cualquier tipo de decisiones. El mejor ejemplo es la negativa a validar constitucionalmente la Ley Cocopa.
   5.. 3. La clase política, conformada por miembros de diferentes partidos, que en principio enarbolan diferentes proyectos de nación, tiene, no obstante, intereses compartidos que coinciden en la necesidad de consolidar sus prácticas políticas como únicas válidas. La irrupción de los
zapatistas en la escena política, y la enorme autoridad moral que deviene de su consecuencia y eticidad, los convierte en una amenaza para la clase política mexicana actual. La arrogancia con que los legisladores modificaron la ley y contestaron a quienes propugnaban por su aprobación sin cambios indica la urgencia que tienen por demostrar su fuero imponiendo, mediante formalidades
legales, aquello que contraviene las demandas, legitimadas en San Andrés, en la consulta nacional y en la Marcha de la Dignidad Indígena, de esa figura política que los incomoda por haberse ganado auténticamente el respeto de la sociedad. La autoridad moral que tiene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no la tiene ninguna otra instancia, institución o actor político en
la escena nacional y, eso pesa.
   6.. 4. Otra hipótesis explicativa que no puede descartarse proviene de la profundidad con que está enraizado en la sociedad mexicana el racismo colonialista. Y, aunque muchos miembros de la clase política tengan rasgos que delatan su origen indígena, la manera como se desarrollaron los
acontecimientos parece indicar que cualquier exigencia que provenga de los pueblos indios del país es asumida como afrenta. La oposición a aceptar que la delegación zapatista entrara al recinto legislativo a argumentar a favor de la Ley Cocopa, así como la negativa de la Corte Suprema a entrevistarse con los portadores de las controversias, podría ser una demostración cabal del racismo que impera en las instituciones políticas del país. Difícil papel el de gobernantes y legisladores que reniegan de su propia sociedad.
¿Cómo van a hacer prevalecer la soberanía del pueblo de México?
Escenarios políticos

   1.. 1. Un primer escenario que parece estarse perfilando es el del rebote de atribuciones entre los tres poderes de la Unión sin que ninguno de ellos asuma cabalmente la responsabilidad de hacer cumplir los acuerdos firmados en San Andrés. Este escenario tendría mucho más presente la preocupación de un juego electoral en el que en vez de confrontarse con proyectos claramente
diferenciados la disputa es por ganar las mayorías en las instancias de gobierno y en jugar con la mira de la sucesión presidencial de 2006.
Este es un escenario de desgaste en el que la sociedad participa sólo como telón de fondo y los conflictos se manipulan para deteriorar o reafirmar imágenes. El límite de este juego de fuerzas dentro de la clase política será la capacidad de movilización de la sociedad, sin embargo, éste se muestra más como un escenario de resistencia difícil que de avance dentro de los proyectos sociales.
   2.. 2. El agravamiento del escenario anterior apuntaría a una escalada de las políticas de contrainsurgencia particularmente, aunque no sólo, en Chiapas. La situación actual de reiteradas agresiones en varias comunidades zapatistas apunta en este sentido aunque la respuesta de las
comunidades afectadas, junto con las diferentes reacciones de sectores de la sociedad
comprometidos con la búsqueda de la democracia, actúan como elementos contrarrestantes. Tal como se perfiló desde el momento en que el Senado aprobó las modificaciones a la Ley Cocopa, el sistema político ha estado manteniendo implícitamente una política de guerra soterrada que se
prolongaría a lo largo de todo el sexenio de Vicente Fox, con periodos de incremento de la tensión como el actual y otros de relativo abandono.
Este escenario parece el más pertinente con la intención de desalojar a las comunidades del área de Montes Azules para poder impulsar las inversiones productivas relacionadas con el aprovechamiento de la biodiversidad o el petróleo que se encuentran en la Reserva.
   3.. 3. Un escenario poco probable a menos que la movilización social genere condiciones que lo hagan posible es el de revisión o retiro de la ley para volver a la redacción original de la Cocopa. Esto abriría el camino para restablecer el diálogo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional. No obstante, no parecen vislumbrarse razones suficientemente poderosas de parte del gobierno y del sistema político para que este diálogo les apremie; si en un primer momento del gobierno de Fox esto podía ser visto como una de las condiciones importantes para
construir los nuevos consensos que requería, hoy ya no parece serlo. Los costos políticos del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés han sido repartidos entre todos los partidos y la responsabilidad diluida permite un pacto tácito al interior de la clase política que alivia relativamente
la urgencia de avanzar en la solución del conflicto en Chiapas. Como todos lo cargan, a nadie le pesa demasiado.
   4.. Más allá de un juego de discursos –que nos acerca al primer escenario-, y aun admitiendo la buena disposición de algunos legisladores, éste no parece ser un escenario posible durante los cuatro años que restan del gobierno de Vicente Fox.
   5.. 4. En los escenarios anteriores se puso énfasis en las políticas del gobierno y en los acuerdos y relaciones recíprocas del sistema político. El cuarto escenario incorpora a la sociedad como sujeto político de primera línea bajo la idea de que si las instituciones políticas vigentes son
incapaces de resolver las demandas de la sociedad es necesario recrearlas, trabajar en la construcción de una nueva institucionalidad que corresponda a las nuevas condiciones de politicidad social, al nivel de participación en las decisiones comunitarias o colectivas de hecho. Este escenario indica el momento de refundar, en la práctica, los espacios y modos de hacer
política, los estilos de relacionamiento social, los principios de la soberanía popular. Es, en realidad, el escenario de la esperanza. Es el escenario de la construcción sin el Estado y a pesar del Estado, de la construcción del único futuro posible para los más: el de la democracia, libertad y
justicia que pregonan los zapatistas para el cual el sistema político no parece tener respuesta.

(*) Economista e investigadora mexicana.