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Iglesias Reformadas en Argentina
Correspondencia Sinodal
Belgrano
7668
Pastor Gerardo Oberman
Buenos Aires.
Argentina
Secretario
Tel: (+54) 223 478-6568
HASTA
REPRIMEN A LOS ECOLOGISTAS
La acción de Greenpeace es muy valiosa y abnegada. Sobre todo en países centrales donde la cuestión ecológica puede ser esencial. En Argentina, donde el "animal" más preciado se encuentra en peligro de "extinción", donde se mueren 100 pibes por día de hambre y enfermedades curables, a veces, la prédica de Greenpeace no deja de ser un tanto pueril.
Su actuación más testimonial y dirigida a las clases medias podía ser considerada hasta inocua. Admirables por su imaginación y por los medios con que cuentan para llevarlas a cabo, nunca merecieron más que la reprimenda de los gobiernos. Pero Duhalde no escatima ningún esfuerzo a la hora de reprimir a todo que proteste sin su consentimiento. Sean piqueteros combativos o ecologistas. Y ello se demostró el sábado 26 cuando la Policía Federal detuvo y golpeó a más de 30 ambientalistas y a una decena de asambleístas que se fueron a solidarizar con ellos.
La empresa IMPSA había ganado un licitación mundial para venderle a Australia un reactor nuclear. Entre las cláusulas del contrato, Argentina debía hacerse cargo de los residuos nucleares que generara. Y para traer la basura nuclear -y para que los empresarios hagan pingües negocios- había que hacer una ley que lo permitiera aunque fuera absolutamente inconstitucional, ya que la Carta Magna prohibe la instalación de basureros nucleares en el territorio nacional.
Por supuesto, los políticos que se burlan de toda la constitución no iban a hacer excepción en materia ecológica. Para protestar contra la inmente ley a favor de la basura nuclear y para ser gráficos en lo que hacen los políticos con la constitución, Greenpeace dispuso 17 hombres y 11 mujeres sentados en sendos inodoros en las escalinatas del Congreso. A su vez, desplegaban una enorme bandera contra la medida.
Para reprimirlos fueron las inefables fuerzas del Juanjo Alvarez que, en principio, se dedicaron a alzar y sacar a los ecologistas del "magno" lugar y claro, llevarlos detenidos. Los miembros de Greenpeace ponían su cuerpo muerto y era bastante patético ver a los canas masculinos y sobretodo a las femeninas levantarlos para cargarlos en los furgones de traslados de presos. Nunca opusieron ninguna resistencia. Pero ocurrió que alguien -fuera de los mencionados 28- no se dejó detener y ahí los "federales" se dedicaron a "cazar" a aquellos menos pacíficos.
Como esto ocurrió un sábado a la tarde y varias asambleas barriales se reunían en esos momentos, concurrieron a solidarizarse con los detenidos y se llegaron a las puertas de la comisaría 6ª de la jurisdicción del Congreso. Con el inocultable sello fascista de Giacomino, el comisario ordenó un despliegue de infantería, arrojando gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a la gente que se reunía en la puerta de la seccional.
Detuvieron a unos 10 asambleístas y hasta por la TV se pudo ver como a un muchacho lisiado -al que previamente un "guardían del orden llamó "rengo de mierda"- era detenido por cinco policías.
Que la represión va en franco y marcado ascenso no es ninguna novedad. Pero esta represión direccionada hacia un grupo que no tiene ningún interés en modificar las estructuras sociales, que no pregona la lucha de clases ni tiene ideas "subversivas" es una novedad. Como también es novedoso y es una muestra de cómo desde el gobierno se dispone la restricción de las libertades democráticas es mandar a reprimir a aquellos que se solidarizan con los detenidos.
Si reprimen a
los ecologistas, ¿cómo nos vamos a sorprender de que armen un plan para masacrar
a los piqueteros como ocurrió el 26 de junio en el Pte. Pueyrredon?.
S.M.de Tucuman:Hecho de Violencia-Dra.L:Figueroa-
Organizaciones Defensores de Derechos Humanos ponen en conocimiento de la Opinión Publica que en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el día 20 pasado, la Dra. LAURA FIGUEROA, abogada de la querella en la causa en la que se investiga la posible existencia de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura, en el llamado "Pozo de Vargas", fue victima de un hecho de violencia en su domicilio particular.El hecho tenía la apariencia de un robo común pero lo significativo es que mientras era amenazada con armas de fuego por tres individuos, estos reprodujeron parte de una conversación telefónica, mantenida horas antes, entre la letrada y una tercera persona. Se hace evidente así que sus líneas han sido intervenidas.
En este marco, destacamos que la abogada Figueroa ha sido objeto de reiterados actos intimidatorios tales como llamadas telefónicas, abordamientos de pseudos periodistas, presencia de merodeadores en su casa e incluso robo de su vehículo en los primeros días del presente mes.
Las circunstancias descriptas son similares a las que rodean diferentes denuncias formuladas por otros Organismos de Derechos Humanos del país, victimas de una similar campaña de amedrentamiento que tiene como objetivo paralizar las numerosas acciones jurídicas para establecer los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Terrorismo de Estado de la pasada dictadura.
En vista de los acontecimientos hemos solicitado al gobierno de la provincia las máximas garantías para continuar con la investigación hasta llegar a establecer la justicia que demanda la causa "Pozo de Vargas".
Convocamos a todas las organizaciones populares y democráticas a expresar su enérgico repudio y a coordinar actividades destinadas a fortalecer las libertades democráticas.
Familiares Desaparecidos Tucumán
Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora
H.I.J.O.S.- Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Asamblea Permanente de DDHH
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Ultimo momento:
Anoche la Dra Laura Figueroa sufrió otro atentado, entraron a su casa a las 23,30 aproximadamente,forzaron la reja, robaron bienes y revisaron todo el domicilio.En la esquina de la vivienda había dos gendarmes que se supone estaban efectuando la custodia de la Dra. y a pesar de esto penetraron con toda impunidad. También a la tarde irrumpieron en la casa del fiscal federal Dr. Emilio Ferrer que lleva la causa denunciada por la Dra. Figueroa ,entraron en la casa rompiendo el portón sin realizar ninguna acción de violencia dentro de la misma.
Hoy a las 18.30 hs. se realizara una conferencia de prensa llamada por los organismos de derechos humanos de la ciudad de Tucumán ,en la calle Junin 775 (Asociación de Prensa).
Envia: Rodolfo Capon Filas
PAGINA 12 14/10/02
OTRO
DESAPARECIDO EN DEMOCRACIA
Aparición con vida y Basta
a la Represión exigen familiares y vecinos.
(Rubén Ascencio - Red Eco) Carapachay,
Provincia de Buenos Aires.- El día 10 de Mayo de este año, en horas de
la madrugada, Raúl O. Saliwonczyh de 26 años, caminaba por Belgrano y Ramón
Castro cuando fue detenido y brutalmente golpeado por la policía. Después se
le trasladó a la Comisaría de Munro, donde se le siguió golpeando y a partir
de ahí se perdió su rastro. Familiares y amigos lo buscan hasta el día de hoy.
La causa está radicada en los Tribunales de San Isidro, en la UFI Nº 8 a cargo
de la Jueza María Ema Padró. Existen diversas denuncias de irregularidades en
la causa, como omisiones deliberadas y el "lento" accionar de la justicia, como
es común ver en todos los procesos en que se ve envuelta la Policía, dicen los
denunciantes.
La Comisión Contra la Impunidad y la Represión Policial de Zona Norte,
ha decidido tomar en sus manos el justo reclamo de los padres, por la aparición
con vida de Raúl, "El Boli", como era comúnmente conocido hasta el día en que
desapareció.
Esta Comisión, junto con familiares, invitan a quienes se quieran solidarizar
con ellos, a los Tribunales de San Isidro (Ituzaingó 340), donde mañana Martes
8 de Octubre, a partir de las 9 de la mañana, se desarrollará un concentración
en la que la madre de Raúl y otros familiares se encadenarán a las puertas
de los Tribunales, exigiendo la libertad y la aparición con vida de Raúl. También
en ese momento se aprovechará para presentar un Habeas Corpus Preventivo que
denuncia la situación en que vive la zona: "gatillo fácil", aprietes policiales
a los miembros de las Asambleas, etc. Este documento se acompaña con numerosas
firmas y cuenta con el apoyo de importantes sectores de la comunidad de Vicente
López.
Envia:
Rodolfo Capon Filas
PAGINA 12 14/10/02
FUE ABSUELTO RAUL CASTELLS POR LA TOMA DE LA MUNICIPALIDAD
Libre después de dieciocho meses La toma fue en Lomas de Zamora, en
junio del 2001, y el líder piquetero estuvo preso 18 meses. El tribunal lo liberó
de madrugada. Castells estaba acusado de coacción, privación ilegal de la libertad,
usurpación e incitación a la violencia. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3
lo declaró inocente porque dijo que no hubo violencia ni amenazas.
Por Laura Valdés
Después de haber pasado un año y medio con prisión domiciliaria, Raúl Castells
fue absuelto en el juicio por la toma de la Municipalidad de Lomas de Zamora.
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 consideró que durante la protesta que los
desocupados realizaron en junio del 2001 en reclamo de comida no había habido
violencia ni amenazas. La absolución fue dada a conocer a las 5 de la mañana
del domingo, tras lo cual Castells recuperó la libertad. En la puerta de los
tribunales hubo, mientras duró el proceso, un campamento de protesta piquetero.
Castells estaba acusado de los delitos de coacción agravada, privación ilegal
de la libertad, usurpación e incitación a la violencia. La toma de la municipalidad
por la que fue juzgado se realizó como respuesta ante la interrupción de los
envíos de comida a treinta asentamientos. El miércoles 13 de junio del año pasado,
a las nueve y media de la mañana, más de 600 personas se reunieron en la puerta
de entrada del edificio comunal, para pedir 8500 kilos de alimentos y 150 planes
de empleo. Un grupo ingresó al patio de la intendencia y otro rodeó los ingresos
de la sede, para exigir ser atendidos por el (ex) intendente Edgardo Di Dío.
La municipalidad estaba de paro debido a que los empleados no habían cobrado
sus sueldos.
La policía llegó una hora después de la toma, con tropas de infantería y caballería.
Desde el exterior del edificio, seis fiscales siguieron la situación.
Los desocupados fueron atendidos por el intendente y otras autoridades, quienes
reconocieron que, efectivamente, "por algún error" la comida permanecía en los
depósitos sin ser enviada a los barrios. Admitida tal situación, se firmó un
acta acuerdo, tras lo cual Raúl Castells, quien había encabezado las negociaciones,
fue detenido.
El juicio oral se extendió desde el viernes hasta la madrugada del domingo.
Los funcionarios municipales se convirtieron en testigos clave del caso, ya
que aseguraron que no habían sido amenazados, incluido el intendente Di Dío,
quien declaró el sábado. En el expediente judicial, dos empleados de seguridad
habían declarado que Castells amenazó con quemar el lugar si los reprimían.
Di Dío sostuvo en cambio que Castells no lo intimidó ni lo obligó a entregar
los bolsones de comida durante la toma.
Mirta Quiroga, ex subsecretaria de Acción Social, reconoció asimismo que Castells
tenía razón al reclamar por la comida, ya que había un acuerdo que no se estaba
cumpliendo sin que ella lo supiera. Ambos testimonios ya habían sido prestados
durante la instrucción, pese a lo cual el dirigente siguió acusado de coacción
agravada, delito no excarcelable.
El sábado, el fiscal Jorge Michelini desistió finalmente de mantener ese cargo,
aunque solicitó que se condenara al dirigente con una pena de 2 años
y 4 meses de prisión.
Los alegatos terminaron a las once de la noche del sábado. Mientras en la puerta
de los tribunales los manifestantes esperaban la resolución del tribunal, desde
un Ford Falcon dispararon contra los desocupados. Uno de ellos fue herido en
la espalda, con un roce sin gravedad.
Castells fue liberado a las cinco de la mañana. Dijo que mañana estará marchando
nuevamente con el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, y otras
organizaciones sociales. "Tengo una alegría por la liberación, pero la bronca
después de tanto encierro: recuerdo los días de celdas mugrientas, de comisarías,
cárceles de máxima seguridad y arresto domiciliario y la impotencia de ver los
compañeros marchar", expresó.
Los abogados defensores Ivana Dal Bianco, Rubén Tripi (del Ceprodh) y Jorge
Ceballos informaron que el tribunal dará a conocer en el curso de la semana
los fundamentos de la absolución. Dal Bianco calificó al proceso como "una causa
política, tanto desde el origen de las figuras penales por las que se
lo acusó como de la estructura de la acusación, ya que en las audiencias orales
la fiscalía no pudo probar nada".
Uno de los puntos de debate fue el de la legitimidad de las tomas de edificios
públicos como método de protesta. Los defensores sostuvieroncomo argumento la
idea de que la propiedad "corresponde a los vecinos, quienes tienen derecho
a utilizarlo para reclamar". Los jueces prefirieron poner el acento en que el
día de la toma había paro, con lo cual no hubo entorpecimiento del funcionamiento
municipal.
El titular del MIJD reclamó 5 millones de kilos de alimentos y 100 mil planes
trabajar como indemnización por los 1214 días que pasó bajo arresto.
Castells recibió el apoyo de distintas figuras políticas el viernes, en una
movilización desde el Puente de La Noria hasta la sede judicial, en cuya cabecera
marchó el precandidato presidencial Adolfo Rodríguez Saá.
Los piqueteros del Polo Obrero, que participaron del acampe frente a los tribunales,
tomaron distancia de la presencia del puntano y festejaron con
un acto junto a Castells el fallo judicial. Castells ya había afrontado otros
procesos por encabezar reclamos sociales.
En el 2000 fue enjuiciado por pedir alimentos en el hipermercado Wal Mart, de
Avellaneda, y el año pasado por haber escrito en una pared del PAMI
"Cavallo ladrón de los jubilados"
URUGUAY: PROCESAN A EX CANCILLER DE LA DICTADURA POR LA
DESAPARICIÓN DE ELENA QUINTEROS EN 1976
Texto completo de la sentencia del juez Eduardo Cavalli procesando al ex canciller
de la dictadura, Juan Carlos Blanco, por el delito de Privación de Libertad.
Es la primera vez que en Uruguay se procesa a alguien por delitos de lesa humanidad
Montevideo, 18 de octubre de 2002
Vistos y considerando:
1ro. De autos surgen elementos de convicción suficientes para entender
que el Sr. Juan Carlos Blanco Estradé está incurso como coautor, en un delito
de
Privación de libertad muy especialmente agravado.
2do. De acuerdo a los documentos de los expedientes traídos a la vista y los
que acompañan la denuncia, la Sra. Elena Cándida Quinteros Almeida, hacia julio
de 1976 tenía treinta y un años de edad, era titulada como maestra aunque no
ejercía su profesión por habérsele impedido las autoridades de la época. Anteriormente,
el día 16 de setiembre de 1967, esta Sede (la cuya denominación era Juzgado
de Instrucción de Primer Turno) la detuvo en averiguación de su asistencia al
Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y al otro día la puso en libertad.
Luego, el 31 de octubre de 1969, se le detuvo junto a otras personas, en un
allanamiento efectuado en la finca Calderón de la Barca Nº 1953, donde se ocuparon
efectos aptos para la fabricación de explosivos. Fue enjuiciada por el delito
que emergía de su asistencia al grupo político antes mencionado y privada de
su libertad, hasta el día 16 de octubre de 1970. Surge de autos además, que
se la detuvo en averiguaciones y liberada por autoridades policiales, en setiembre
de 1972. En junio de 1975, el Consejo Nacional de Educación tomó la resolución
antes referida. Existe una versión policial, que no ha sido respaldada documentalmente,
según la cual, había egresado hacia República Argentina en el mes de enero de
1976. Ello estaría en contradicción con lo informado en el documento testimoniado
en el expediente tramitado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Anexo
IV, fojas 370, de donde se desprende que desde el 8 de mayo de 1975 se había
cursado una requisitoria de "captura de carácter nacional por su vinculación
a la subversión". Efectivamente, ello hubiere imposibilitado la salida registrada
del país de una persona que
estuviera requerida.
3ro. Hacia junio de 1976 estaba detenida por funcionarios de las fuerzas de
seguridad que operaban en la época en forma conjunta. En algún momento, que
no se ha podido precisar, ideó una posible escapatoria a su situación. El plan
consistía en hacer creer a sus captores que tendría un contacto con otro integrante
de una organización clandestina, en las cercanías de Bulevar Artigas y Avenida
Rivera, de esta ciudad. En la mañana del día 24 de ese mes, se dispuso un operativo
para la detención de esta otra persona, dejando sola por unos momentos a la
Sra. Quinteros. Ella emprendió a caminar en dirección a la Embajada de la República
de Venezuela. Ingresa a una finca contigua, salta el muro lindero hacia la representación
profiriendo gritos de "asilo". Sus captores a su vez, ingresan al predio, se
traban en lucha con funcionarios de la Embajada que, alertados por los gritos,
pretendieron retener a la mujer. La Sra. Quinteros alcanzó aportar el dato de
uno de sus captores: "es Cacho del Departamento 5", en clara alusión al Departamento
de Inteligencia del Ministerio del Interior que lleva ese número. Finalmente,
es sacada por la fuerza de la Sede Diplomática, llevada a un automóvil marca
Volkswagen que arranca a contramano por Bulevar Artigas, siendo perseguidos
por dos funcionarios de la Embajada. A cierta distancia del lugar, Elena Quinteros
es subida a una camioneta militar que la lleva con destino hasta hoy desconocido.
No habiéndose aclarado aún los hechos que motivaran la desaparición física de
la Sra. Quinteros, lo relatado en este y en el anterior numeral, son en parte,
producto de la lectura de los informes parlamentarios publicados por el Diario
Oficial, que acompañaron la denuncia y de las actuaciones judiciales ya clausuradas.
De cualquier modo, como señala la Fiscalía, los hechos que motivaron la desaparición
de Elena Quinteros fueron cometidos por funcionarios militares o policiales,
equiparados o asimilados por móviles políticos, ya que el Poder Ejecutivo así
lo determinó. De los antecedentes del caso obran solicitudes de la Justicia
Militar a favor de declinar competencia ante ella, lo que confirma la intervención
castrense en el episodio. A los efectos de esta Resolución, estas circunstancias
reunidas,
coadyuvan a entender que existen elementos de convicción suficientes de los
hechos hasta aquí relatados.
4to. Los siguientes hechos surgen probados de la documentación integrada al
expediente administrativo llevado adelante en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
del interrogatorio del indagado y de la prueba testimonial vertida en autos.
Siendo en aquella época, titular de esa cartera el Sr. Blanco, el Embajador
de la República de Venezuela, Sr. Julio Ramos, se presenta en la Cancillería
en la misma mañana de los hechos, a denunciar lo ocurrido. No se encontraba
en esos momentos el Ministro Sr. Blanco, por lo que da a conocer los hechos
ocurridos en el jardín de la residencia, al Sub Secretario, Dr. Guido Michelín
Salomón. Se hacen consultas al Ministerio del Interior desde donde se les dice
que no hay noticias de tal episodio. Ante la insistencia de la Representación
Venezolana, se convoca a una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores
por parte del Sr. Blanco y a la que concurren el Sub Secretario Dr. Michelín
Salomón, el asesor de la Cancillería, Dr. Alvarez y el Dr. Julio César Luppinacci
(Embajador del Uruguay en Venezuela quien vuelve con urgencia).
En esa reunión, se dispone por el Canciller la realización de un memorando a
presentar a autoridades del gobierno analizando las ventajas o desventajas de
la entrega de quien identifican como "la mujer". Luego de detallar cada una
de ellas, culminan por recomendar la entrega y sugieren la explotación
publicitaria de ese acto.
Se convoca a una reunión en la que habrían estado presentes los jerarcas Ministros
del Interior y Defensa, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Sr. Blanco
y los antes mencionados. El acto concluye aparentemente, sin ninguna interacción.
Los funcionarios de la Cancillería apenas comienza la reunión reciben la afirmación
por parte de los militares que Elena Quinteros no está detenida en ninguna dependencia.
Esta respuesta, según declarará más tarde Blanco ante este tribunal, le llevó
a sostener que ninguna autoridad uruguaya había detenido a Elena Quinteros.
Impartió instrucciones en el sentido señalado para que las representaciones
nacionales por el mundo, difundieran como la respuesta del Uruguay, el desconocimiento
de lo denunciado.
Según señaló el propio Blanco, tomó conocimiento del nombre de Elena Quinteros
a raíz de las actuaciones de funcionarios de la Embajada Venezolana quienes
interrogaron a los suegros de la maestra. Luego estos fueron interrogados por
funcionarios militares uruguayos y ello motivó la expulsión del Embajador de
la República de Venezuela y del Consejero Becerra por intromisión en nuestros
asuntos internos. En las mismas horas, la República de Venezuela suspende relaciones
con la nuestra.
Debe decirse que existe semiplena prueba de estos hechos, en el sentido que
el Sr. Blanco, como Canciller de la República, estaba por demás enterado de
la denuncia de secuestros, detenciones y desaparición de personas en el Uruguay.
De autos surge además, que el día 7 de julio Amnesty International, a través
de su Sección Suecia, hacía saber a la Embajada Uruguaya que pedían que los
derechos humanos se respetaran en Uruguay y que Elena Quinteros fuera reintegrada
nuevamente (Anexo 3, fojas 437). Al otro día, el 8 de julio de 1976 el periódico
inglés "The Guardián", daba cuenta del episodio tal como fue redactado más arriba
y denunciaba la situación de personas torturadas y amenazadas en Chile, Argentina
y Uruguay, que involucraban a ciudadanos de estas tres naciones (fojas 348 del
anexo 3). El día 12 de julio de 1976, la agencia AP desde Bruselas señalaba
que, según la Federación Internacional de Sindicatos Libres, en Uruguay había
una represión política sistemática (fojas 392 de igual Anexo). El mismo día
en Estocolmo, el Consejo Sueco para Refugiados solicitaba a la Embajada del
Uruguay que se restituyera a la Sra. Quinteros y agregaba que unía su voz a
la de todos aquellos "organismos y hombres dignos de esta tierra para que en
el Uruguay se respete la vida y los derechos de la persona" (fojas 435 del Anexo
3). El día 14, cables de las Agencias UPI, AFP, AP anunciaban desde Londres
que Amnistía Internacional denunciaba la tortura y muerte de varias personas
en Uruguay y Argentina, identificándolos por nombre, edad y profesión. Incluso
detallaron los procedimientos de dar muerte (fojas 386, 387 de igual Anexo).
Se hizo referencia a estas publicaciones, entre otras de igual tenor, pues todas
ellas emergen de documentos que manejaba el Ministerio de Relaciones Exteriores
en esa época. Por tanto, el entonces Canciller, sabía perfectamente la discordancia
entre las afirmaciones de quienes ejercían el mando y lo que se denunciaba en
el mundo, más precisamente, en una serie de naciones de fuerte tradición democrática.
En otras palabras, sabía por fuentes que van más allá de la ola de rumores que
sacudió Montevideo en aquellos días sobre el terrible destino de la Sra. Quinteros
(hecho notorio), que el mundo entero sostenía la verdad que a lo largo de los
años se fue confirmando, hasta ser ratificada por el propio Sr. Blanco en esta
indagatoria: la desaparición forzada por los órganos de represión de la Sra.Quinteros.
Por ello, con los respetos debidos, no resulta creíble que trasladado el tema
a los mandos militares, bastaba que estos dijeran (como presumiblemente le iban
a decir al Sr. Blanco) que ellos no tenían detenida a Quinteros, para que, con
esta afirmación, indiscutida e indiscutible, el indagado concluyera que era
así. Tenía otra fuente de conocimiento que era la versión de los funcionarios
extranjeros, a partir de la cual, se redacta el memorando en cuestión. Además,
en el mes de julio de 1976, recibió de las Embajadas Uruguayas los cables antes
referidos lo cual le daba, al menos, la posibilidad de dudar de lo que había
ocurrido con Quinteros.
A pesar de las manifestaciones del indagado en el sentido que ni sospechaba
que la Sra. Elena Quinteros hubiera sido detenida por funcionarios uruguayos,
si se aprecia el texto del memorando, se verá que de ningún modo pensó de esa
forma. Efectivamente, en el mismo se decía: "...No puede persistirse en la posición
de alegar que la acusación venezolana carece de elementos de juicio ante las
determinaciones concretas de datos contenidos en la última nota de Venezuela".
Se considera pues que la realidad que asumió, la que puede asumir hoy y la que
debió asumir siempre, es que los mandos de la época habían procedido a la detención
de la maestra y para ocultar el error forzado por Quinteros, debían negar que
la tenían y hacer desaparecer cualquier rastro de ella. Dos vías tuvo el Sr.
Blanco para elegir. La que optó fue cooperar a propagar la verdad formal que
se le decía, colaborar con los captores e instruir al cuerpo diplomático para
que salieran al mundo a decir que quienes mentían eran los funcionarios extranjeros.
En ese sentido se expresa la Circular 12 del Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 15 de julio de 1976 que, bajo el rótulo "Instrucciones Secretas" culminaba
atribuyendo responsabilidad al Embajador Ramos. (Véase Anexo I, Libro 1, fojas
76).
Otro acto que supuso la colaboración con las personas que privaban la libertad
de la Sra. Elena Quinteros lo constituye el libramiento de un comunicado de
prensa el 6 de julio de 1976, por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores
a su cargo, desvirtuaba hechos y atribuía responsabilidad en el episodio al
Embajador Ramos (Anexo I).
Lo más relevante para el caso desde el punto de vista penal, es que la colaboración
antes detallada, practicada en el Uruguay de 1976, suponía además, echar la
suerte de la Sra. Elena Quinteros hacia un final presumiblemente trágico.
5to. Los hechos relatados encuadran típicamente en el delito de Privación de
libertad muy especialmente agravado pues el hecho obedece "...a móviles políticos
o ideológicos". La participación del indagado fue la de coautor pues hubo una
cooperación directa en el período de la consumación. Como se dijo antes, se
trató de una cooperación material, al llevar adelante, como cabeza de la Cancillería,
un plan para distorsionar los hechos, negando la realidad.
6to. La Defensa ha insistido sobre la muerte de la Sra. Quinteros. Incluso en
su fundado escrito lo ha resaltado una y otra vez, hasta con subrayados y negritas
(y cito textual) "...los elementos de convicción obrantes en el sub exámine
llevan a una sola conclusión: el fallecimiento de la maestra Elena Quinteros".
Esa circunstancia, no ha sido probada. Pero en un sentido inverso a lo considerado
por el indagado, si se probara la muerte de esta persona,circunstancia muy probable
pero legalmente, se reitera, no probada, cabría preguntarse si la participación
delictual del indagado no sería mucho más grave. Al contrario de lo que pretende
demostrar con la prueba de informes solicitada por el Sr. Blanco, esa hipótesis,
más que exculpatoria, podría agravar seriamente la responsabilidad del indagado.
Si el Estado Uruguayo determina esta cuestión, se volverá a un análisis jurídico
de lo ocurrido.
Pero lo cierto es que, a decenas de meses de gobiernos democráticos y de la
vigencia del artículo 4 de la ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986, no se
ha esclarecido el punto. Hace hoy treinta días que la prueba por informes solicitada
por la Defensa no fue contestada a pesar que ya es tiempo suficiente, de acuerdo
a lo que se dice a fojas 458, para ello.
6to. Sobre la prescripción del delito. El delito de privación de libertad no
está prescripto. El Uruguay suscribió y ratificó la Convención Americana sobre
desaparición forzada de personas que fue promulgada por ley 16.724 de 13 de
noviembre de 1995 y entró a regir el día 3 de mayo de 1996. El Tratado estableció
que la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena
que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a
prescripción (Artículo VII). Se trata de una norma internacional que forma parte
de nuestro orden jurídico y es claramente auto ejecutable. No estando tipificados
delitos específicos, tal como señala el Artículo III de la Convención, la figura
penal a aplicar es la referida antes, esto es, la Privación de libertad y eventualmente
en algunos casos podrá ser, el Homicidio muy especialmente agravado que concurre
con el anterior.
Cabe la posibilidad que el delito que hoy se imputará estuviera extinguido por
prescripción hacia el mes de mayo de 1996, fecha en que comienza a regir, para
Uruguay, la Convención antes referida. Y ello, porque de acuerdo a la norma
contenida en el artículo 117, el delito prescribe a los quince años. Entonces
la cuestión es saber cuál era la situación de la Sra. Elena Quinteros quince
años antes de esa fecha, esto es hacia mediados de 1981, si
ella vivía o no.
En conclusión, se reitera, lo cierto es que la privación de libertad desde el
punto de vista jurídico no ha cesado, no hay prueba de ello. Si la
privación de libertad cesó por muerte, tampoco de la fecha en que esta se verificó.
7mo. En cuanto a la prisión preventiva, estima la Sede que recaerá pena obstativa
por lo que corresponde imponer la medida cautelar.
Atento:
A lo establecido en los artículos 15, 16 y 27 de la Constitución de la República,
1, 18, 61, 281, 282 del Código Penal, 125 y siguientes del Código
del Proceso Penal,
SE RESUELVE:
1ro. Decrétase el enjuiciamiento y prisión del Sr. Juan Carlos Blanco imputado
de ser autor de un delito de Privación de libertad. Póngase la constancia de
estilo.
2do. Incorpórense actuaciones presumariales.
3ro. Téngase por designado al Sr. Defensor actuante.
4to. Reclámese información de antecedentes penales.
5to. Comuníquese.
Eduardo Cavalli - Juez.
EL AGENTE DEL 601 GUSTAVO SCAGLIUZI SERA EXTRADITADO A ARGENTINA ACUSADO
DEL ASESINATO DE AL MENOS 18 PERSONAS.
La Audiencia Nacional de España ratificó la extradición a Buenos Aires del argentino
Claudio Gustavo Scagliusi, ex agente civil de inteligencia del Ejército en la
dictadura militar que está reclamado por el juez federal Claudio Bonadío, pudo
saberse ayer de fuentes españolas.El fallo de la Sala en lo Penal de ese alto
tribunal ahora está pendiente del visto bueno del Consejo de Ministros del Gobierno
español, que en opinión de las fuentes seguramente aprobará la entrega en breve
de
Scagliusi a la Justicia argentina.Bonadío le imputa a Scagliusi supuesta participación
en la "Operación Murciélago" por la cual el Batallón 601 de Inteligencia del
Ejército desbarató en 1980 la llamada "contraofensiva" del ya por entonces derrotado
grupo guerrillero Montoneros e hizo desaparecer al menos a una veintena de sus
militantes.
PROCESADOS
En la causa respectiva, el juez Bonadío procesó con prisión preventiva por crímenes
de lesa humanidad al ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y otros 24 presuntos
ex represores, como el ex titular del Batallón 601 Carlos Alberto Tepedino,
Pascual Omar Guerrieri, y Santiago Manuel Hoya.
Es la primera vez que Galtieri ha sido procesado y encarcelado por torturas,
secuestros y desaparición forzada de personas. En el expediente además hay prófugos
siete presuntos ex represores, como el coronel (r) Enrique del Pino.
Según el escrito remitido por el propio juez a la Audiencia Nacional, Scagliusi
"se desempeñaba en el Batallón de Inteligencia 601 como personal civil de inteligencia
del Ejército argentino en el período comprendido entre los años 1978 y 1983,
cumpliendo funciones en la Central de Reunión como agente secreto".
Scagliusi fue detenido en Barcelona el 27 de agosto de 2001, donde residía habitualmente
desde hacía 19 años, y el 5 de noviembre último negó todas las acusaciones ante
el juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Juan Del Olmo.
BRASIL: Rotundo NO
al ALCA en el plebiscito
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La participación popular y los resultados del Plebiscito Nacional en Brasil sobre el ALCA, demuestran como crece el rechazo a los planes norteamericanos para conformar la llamada “Area de Libre Comercio de las Américas” . Más de diez millones de brasileños respondieron a la convocatoria de las entidades organizadoras. De ellos, más de un 98% se pronunció contrario a que su gobierno firme dicho tratado que viene gestándose en sucesivas cumbres latinoamericanas bajo el auspicio inicial del gobierno de George Bush padre, en 1990.
Miembros de la Campaña Jubileo Sur/ Brasil, dieron a conocer los resultados de la consulta realizada entre los días 1 y 7 de setiembre en los 27 estados del país, abarcando casi 4.000 municipios.
Entre los convocantes se encontraban decenas de organizaciones sociales y populares, entre ellas el Movimiento de los Sin Tierra y la Central Unica de Trabajadores. También tuvo un decisivo papel la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil.
Los portavoces de la Campaña resaltaron que la masiva participación pone a las claras la voluntad de la sociedad civil de participar de las decisiones que afectan su futuro.
Más de 150 mil personas voluntarias fueron necesarias para montar la consulta en todos los rincones del país. La mayoría de ellas fueron aportadas por diversas organizaciones sociales, movimientos campesinos, sindicatos, asociaciones estudiantiles, iglesias, movimientos de mujeres, partidos políticos y diversas ONGs .
La convocatoria fue precedida por una campaña de difusión y debate sobre el ALCA que se inició a comienzos de este año. Se realizaron miles de actos, grandes y pequeños, en ciudades importantes y en pueblos pequeños, en regiones urbanas o rurales. Se fue revirtiendo así, en la práctica, aquel temor expresado por Fidel Castro cuando dijo: “Lo peligroso del ALCA no son los puntos de vista de los intelectuales, ni de los economista, ni de los políticos, lo peligroso es la falta de información que poseen las masas de los pueblos de nuestro hemisferio”. Esa circunstancia, indudablemente cierta entonces, va cambiando a medida que avanzan las movilizaciones y se conforma un fuerte movimiento para difundir el verdadero significado del ALCA, convertir definitivamente a los pueblos latinoamericanos en proveedores de mano de obra barata y de materias primas, consolidando la política neocolonial norteamericana.
Las preguntas de la Consulta Popular.
Los ciudadanos fueron consultados para que opinaran sobre las siguientes cuestiones:
1. ¿El gobierno brasilero debe firmar el tratado
del ALCA?
2. ¿El gobierno brasilero debe continuar participando de las negociaciones
del ALCA?
3. ¿El gobierno brasilero debe entregar parte de nuestro territorio
– Base de Alcántara – para control militar de los Estados Unidos?
La posiblidad de votar se inició el primero de setiembre
y concluyó el 7, coincidiendo con el Grito de los Excluídos, la movilización
nacida en Brasil pero que tiene alcance continental y que se encuentra en su séptima edición.- Este año se realizaron innumerables
marchas bajo el lema de “ La Soberanía no se negocia”.
Masiva participación y contundentes resultados.
Los resultados comunicados por Jubileo Sur/ Brasil, indican que el total de personas que votaron durante el Plebiscito Nacional fueron 10.149.542, habiéndose escrutado 41.758 urnas.
Sobre la primera pregunta: -¿El gobierno brasileño debe firmar el tratado del ALCA?
Sí – 113.643 (1,12%)
No – 9.979.964 (98,33%)
Blancos – 32.291 (0,32%)
Nulos – 23.738 (0,23%)
Segunda: -¿El gobierno brasileño debe continuar participando de las negociaciones
del ALCA?
Sí – 341.593 (3,37%)
No – 9.737.190 (95,94%)
Blancos – 47.470 (0,47%)
Nulos – 23.289 (0,23%)
Tercera: -¿El gobierno brasileño debe entregar parte de nuestro territorio
– Base de Alcántara – para control militar de los Estados Unidos?
Sí – 66.219 (0,65%)
No – 10.006.740 (98,59%)
Blancos – 1.100 (0,01%)
Nulos – 21.547 (0,21%)
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“El pueblo quiere forjar su propio destino”
La intención de los organizadores de la Campaña y de la Consulta es dar una amplia difusión de los resultados. Han comenzado la entrega de la documentación con los resultados a los presidentes de la Cámara de Diputados, de la de Senadores, del Supremo Tribunal Federal y al presidente Enrique Cardoso. También a la embajada norteamericana en Río.
Afirman que el resultado de la Consulta “demuestra a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Brasil, al gobierno de los Estados Unidos y a las grandes corporaciones transnacionales, que el pueblo brasilero no se rinde ante la posibilidad de forjar su propio destino. Y más adelante añaden que el resultado de este Plebiscito “reafirma para los pueblos hermanos de las Américas, que comparten con nosotros la organización de la Campaña Continental contra el ALCA, que el pueblo brasilero quiere continuar luchando por una Nación y un Continente libres.”
Hace menos de dos años, este mismo conglomerado de organizaciones de la sociedad civil organizó una consulta sobre la Deuda Externa. En aquel entonces votaron seis millones de personas. Esta nueva convocatoria sobre el ALCA, superó ampliamente el número de participantes, ya que más de diez millones de brasileños se acercaron a votar a las urnas del Plebiscito.
Esta movilización y esta implicación de los brasileños para que su gobierno no siga adelante con la negociación del ALCA, coincide con las crecientes expresiones de rechazo en otros países del continente.
GUATEMALA: LA VICTIMIZACION DEL INDÍGENA Y LA CULPABILIZACION DEL MESTIZO.
Entre los acontecimientos mas Importantes de esta semana
en Guatemala, está la instalación de la primera fase del Tribunal contra
el Racismo. Guatemala, país multiétnico y pluricultural, tiene en
su historia la vergüenza de una tradición de discriminación y exclusión
a los distintos grupos étnicos, de parte de los grupos mestizos dominantes.
Los distintos gobiernos, asumiendo posiciones ideológicas y políticas
acordes a sus intereses, han ejecutado políticas de asimilación de los indígenas
a la cultura ladina.
En este país multicolor, cuya riqueza radica precisamente en la diversidad,
el aporte cultural, social, económico y en las mismas tradiciones de las
mayorías excluidas, los que ejercen la dominación en distintas esferas, han
despreciado estos valores y han estigmatizado a los indígenas.
En Guatemala, ser pobre es malo, pero no tan malo como ser indio. El peor insulto
que se puede recibir es la comparación con un indígena. Los chistes, las burlas,
los refranes reproducen esa cultura racista, que para infortunio, los
guatemaltecos y las guatemaltecas lo hemos recibido en los hogares.
Pero los tiempos van cambiando. Durante el proceso de negociación
para la terminación del conflicto armado por la vía del diálogo, la visión
de la insurgencia de abordar esta temática y la aceptación del gobierno y del
ejército de discutirla, me parece que es uno de los grandes aportes históricos
de las partes.
El Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, uno de los mas
discutidos y de gran contenido humano y político, en sus considerandos reconoce
que los pueblos indígenas han sido sometidos a niveles de discriminación de
hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua y que, como
muchos otros sectores de la colectividad, padecen de tratos y condiciones desiguales
e injustas por su condición económica y social.
El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental para
la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los
derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos,
dice el Acuerdo.
La lucha contra la discriminación legal y de hecho es el primer aspecto que
aborda el compromiso y plantea, a partir del concurso de todos,
la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos y que comienza
por el reconocimiento de la realidad de discriminación racial existente.
El análisis de esa realidad se traduce en compromisos, que se establecen
en distintos planos, el primero, el legal que exige la tipificación de la discriminación
étnica como delito y luego en la divulgación de los derechos de los pueblos
indígenas.
En ese valioso documento encontramos muchos elementos para la reflexión y para
ir sentando las bases de solución a tan aberrante práctica.
Varios años han pasado desde que se firmó el acuerdo y muchas cosas se
han ido transformando.
En el Teatro de Cámara del Centro Cultura Miguel Angel Asturias, sobrevivientes
de masacres presentaron su testimonio sobre la forma brutal en que les violaron
sus derechos humanos.
En la década de los 80, el ejército y los grupos paramilitares, haciendo
gala de un trato inhumano y con gran prepotencia, persiguieron a los campesinos,
los torturaron y masacraron, acusándolos de pertenecer a la guerrilla, según
narraron los valientes testigos que acudieron al rescate de su dignidad
y de aquellos que perdieron la vida a manos de tan despreciables
criminales.
Los denunciantes, sobrevivientes de algunas masacres, aseguran que esos crímenes
son una muestra de que la discriminación racial fue institucionalizada,, ya
que las víctimas fueron las poblaciones étnicas del país.
Otros de los casos presentados fueron los de dos enfermeras de un centro de
salud a quienes las autoridades les impidieron laborar con el traje indígena,
el de la Antropóloga Irma Alicia Velásquez a quien no dejaron ingresar a un
restaurante y el de las estudiantes de Derecho de una universidad quienes fueron
reprobadas de una práctica profesional supervisada por el mismo motivo.
Estos son algunos de los miles de casos de discriminación étnica. No podemos
seguirlos ignorando. Hay un urgente reclamo de justicia; la
sociedad y los gobernantes, tienen que responder a este legítimo derecho.
El Tribunal instalado busca concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre ese
fenómeno. No habrán fallos, únicamente se escuchará a las víctimas y se sacarán
conclusiones, pero ya el camino está iniciado. Nunca más podremos negar
que esta ha sido y es una sociedad racista.
Hemos cometido muchos errores como conglomerado, unos por acción, otros por
omisión. El estado cometió múltiples crímenes, algunos de lesa humanidad. Es
hora de rectificar y de abonar a esa gran deuda social que tenemos.
La solución no es la venganza, la solución pasa por la justicia y el reconocimiento
de lo actuado. Se debe visibilizar el problema, como dice el reconocido académico
Alvaro Pop. No se trata de victimizar al indígena y culpabilizar al ladino.
Si asumimos la existencia de la discriminación, esto va a posibilitar
la construcción de una nueva nación. La Misión de Verificación de Naciones Unidas
de los Acuerdos de Paz, Minugua recomendó al estado la creación de mecanismos
jurisdiccionales para impedir la reproducción de actos antidemocráticos, como
la discriminación racial.
Los y las guatemaltecas merecemos una oportunidad para reivindicarnos
ante tanta injusticia cometida contra nuestros hermanos y hermanas.
Será un tributo a las víctimas y un digno legado a nuestros descendientes.
GUATEMALA: NIÑEZ Y JUVENTUD VIVEN EN CONDICIONES INFRAHUMANAS
Guatemala, 2 de octubre del 2002 (CIPRODENI/Tertulia). Con la participación
de decenas de niñas, niños y jóvenes se llevó a cabo el foro "La situación
de la niñez y la juventud de Guatemala", con el propósito de sensibilizar a
la población acerca de las condiciones infrahumanas en que viven miles de infantes.
El foro fue organizado por el Colectivo de Instituciones Pro-Festejos de "Octubre,
Mes de la Niñez y la Juventud", con el lema "Guatemala dice sí a la Niñez y
la Juventud". Abner Paredes, del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez
y la Juventud (MSDNJ), afirmó que el maltrato, la explotación sexual, la desnutrición
y el trabajo formal e informal son algunas situaciones a las que se enfrentan
cada día millones de menores y que ponen en riesgo su desarrollo físico y mental.
Indicó que debido a la situación económica que atraviesa el país, más de un
millón de niñas y niños de siete a 14 años trabaja en condiciones desfavorables,
por lo que es necesario unificar esfuerzos y buscar mecanismos que eviten violaciones
a sus derechos. Miguel Ángel López, de la Coordinadora Nacional Contra el Maltrato
Infantil (CONACMI), manifestó que en la medida en que no se establezcan políticas
claras, las niñas, niños y jóvenes de Guatemala continuarán siendo vulnerables;
por ello se requiere que el Congreso de la República tome conciencia de lo importante
que resulta la pronta puesta en vigencia del
Código de la Niñez y la Juventud.
Por su parte, Nidia Aguilar Del Cid, Procuradora de los Derechos de la Niñez,
de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), informó que de acuerdo con los
datos más recientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ocho millones
de personas centroamericanas sufren hambre; de esa cifra, más de la mitad está
en Guatemala y la infancia es la más vulnerable.
En representación de la niñez y juventud guatemaltecas, en este foro participaron
como exponentes: Lisbeth del Rosario López García, de 15 años; Nidia Aguilar
Del Cid, en representación de la PDH, y César Reyes, director de Pro Niño y
Niña Centroamericanos (PRONICE).
NICARAGUA:EN OCASIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE
LA MUJER RURAL
La promulgación del 15 de octubre como el Día Mundial de la Mujer Rural,
surgió en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada por la ONU
en Pekín en septiembre de 1995, como resultado de las propuestas de la Federación
Internacional de Productores Agrícolas (FIPA), la Red de
Asociaciones de Mujeres Campesinas Africanas (NARWA) y la Fundación de la Cumbre
Mundial de Mujeres (FCMM); significando el reconocimiento mundial de los múltiples
roles que juegan las mujeres productoras, campesinas y obreras agrícolas en
la economía y la sociedad en general.
Los diversos análisis y estadísticas confirman que la mayoría de los pobres
del mundo son las mujeres rurales. Según las Naciones Unidas, a nivel
mundial, de mas de 550 millones de pobres de zonas rurales, el 70% son mujeres
y en América Latina y el Caribe las mujeres rurales son mas de 86 millones,
de las cuales el 50% viven en extrema pobreza.
En Nicaragua el 54% de la población se encuentra en extrema pobreza, el 28%
en pobreza relativa y solo un 18% satisface sus necesidades humanas. En
cuanto a las mujeres rurales tenemos que un 40% de mujeres son jefas de hogar,
un 46% de analfabetas, una atención de partos apenas de un 50% y la imposibilidad
de accesar a los servicios de salud o a una vivienda digna, bajo acceso al crédito
y a la tierra y un desempleo galopante que supera ya el 60%; y a las pocas que
tienen empleo ni siquiera se les paga los 22 córdobas diarios establecidos por
el gobierno como salario mínimo y en materia de seguridad social ni siquiera
son sujetas de la Ley aprobada por la Legislatura anterior de esta Asamblea
Nacional.
En medio de esta situación dramática las mujeres del campo buscan como alimentar
a sus familias con niños hambrientos.
Las que pueden cultivan, cosechan, pescan, llevan agua y leña a
la casa para preparar la comida y las que no, emigran a los cinturones de miseria
en las ciudades, se prostituyen, mendigan o se organizan en los conocidos plantones,
como es el caso de Matagalpa, donde el hambre ha cobrado la vida a 33 personas.
En ocasión del Día Mundial de la Mujer Rural se hace necesaria una reflexión
nacional para dar una repuesta de nación al agro y a las familias rurales nicaragüenses
que producen el gallopinto que comemos a diario, de lo contrario en poco tiempo
Nicaragua se convertirá en un Gran Plantón de Miseria, que creo ya lo es.
Nuestra producción campesina tiene la capacidad de producir la cantidad suficiente
de alimentos básicos, sin embargo el modelo neoliberal impuesto nos lleva a
la desarticulación productiva y la dependencia externa. La apertura comercial
que promueve el gobierno para la firma de un TLC provocará la invasión de productos
externos subsidiados a precios que no permitirán la competencia de nuestra producción:
aceite, maíz, frijol, carne, leche, verduras, frutas y cereales, lo que impactara
severamente en los productores y campesinos.
Por otra parte tenemos las reglas injustas en cuanto a los precios internacionales
y las sobreproducciones que nos han afectado, primero fue el algodón, luego
en sorgo y granos básicos, el tabaco, el cuoteo en el banano y mas recientemente
el café.
En medio de este desastre productivo y el drama social, nos venden el TLC entre
EEUU y Centroamérica y el llamado Plan Puebla Panamá, este último es parte de
los mecanismos que necesita el TLC para expandirse en nuestra región y acabar
con nuestra soberanía y por ende con nuestras riquezas: aguas,
bosques, tierras y los recursos que conlleva cada uno de ellos.
Es urgente una salida nacional a la crisis del agro, en este sentido es necesario
que el gobierno del Ing. Bolaños cumpla con los Acuerdos de Las Tunas
firmados el 12 de septiembre con representantes locales de la Asociación de
Trabajadores del Campo (ATC), la Unión Nacional de Productores Asociados
(UNAPA), la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), dirigentes de
los Plantones y alcaldes de los municipios de Matagalpa, San Ramón y Tuma-La
Dalia; en donde fui garante junto a la diputada Irma Dávila y el diputado Nelson
Artola. El cumplimiento a los Acuerdos de las Tunas significará para el
campo producción alimentaria, autoconsumo, fomento a la producción, tierra,
crédito, empleo, atención a las mujeres embarazadas, establecimientos de servicios
infantiles, educación, salud, construcción de viviendas y caminos.
Insto a la Junta Directiva y al Plenario de la Asamblea Nacional a asumir con
responsabilidad la necesidad de legislar a favor del agro nicaragüense.
Particularmente dar repuesta a la crisis cafetalera e impulsar con perspectiva
de género leyes que beneficien a las familias rurales:
- Ley General de Cooperativas, en proceso de consulta.
- Ley de Seguridad Alimentaria, en proceso de dictamen.
- Ley de Reforma a la Seguridad Social, que asegure a los obreros y obreras
agrícolas.
- Un Código Civil y Penal que resguarde loa derechos de la herencia y
propiedad a la mujer y sus hijos, así como el castigo severo a la violencia
sexual e intrafamiliar.
- Una Ley de Propiedad que resguarde el derecho a la propiedad de las
mujeres campesinas, productoras y cooperativistas.
- Ley de Salario Mínimo que no continúe discriminando a los obreros y
obreras agrícolas.
- Ley de Indexación Salarial para el campo y la ciudad.
- Reglamentación de la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica.
- Ley de Igualdad de Oportunidades que contempla políticas de Desarrollo
para las Mujeres Rurales y de las Regiones Autónomas: igualdad salarial, educación
de adultos, cultura, salud integral, acceso a los recursos productivos, crédito,
asistencia técnica, comercialización, titulación de la propiedad y el uso y
control de los recursos naturales y del ambiente.
A levantar la esperanza!!
La esperanza tiene nombre de mujer!!
Viva el Día Mundial de la Mujer Rural!!
Vivan mis hermanas campesinas y obreras agrícolas!!
PARAGUAY: MUJERES UNIDAS CONTRA EL ALCA
MOVILIZACIÓN DE CONAMURI
La Plenaria Popular Permanente convoca a un apoyo activo a la movilización de
la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas
(CONAMURI), que organiza su 2° Congreso Nacional y una marcha contra la discriminación
y la explotación, así como por la igualdad de derechos,
contra el uso de agroquímicos y agrotóxicos que envenenan el ambiente, por la
seguridad y la soberanía alimentaria, por mejorar las condiciones de vida de
las familias y por una sociedad basada en la solidaridad socialista.
La situación nacional e internacional es extremadamente grave. Las aspiraciones
expresadas por las mujeres trabajadoras rurales e indígenas son legítimas y
la sociedad paraguaya puede hacerlas suyas en su totalidad. Una extrema pobreza
azota a la gran mayoría de los hogares paraguayos a causa de la política antipopular
del gobierno, que defiende las injustas estructuras de privilegio y corrupción.
Una expresión trágica de esta situación insoportable es el genocidio que sufren
nuestros pueblos autóctonos sometidos a una vil explotación en toda la República
y que se mueren de hambre y sed o por beber agua contaminada en todo el país
y sobre todo en el Chaco. La insensibilidad de las autoridades gubernamentales
es, en este punto, indignante y criminal.
Esta movilización de CONAMURI -que tiene como lema: "Unidas contra el ALCA,
por la vida, por pan, justicia e igualdad"- se da en el contexto internacional
de una grave situación económica, política y social, frente a la cual se alzan
las luchas populares contra las prácticas neoliberales belicistas y terroristas
del desembozado y genocida imperialismo de nuevo cuño. Las organizaciones sociales
y los movimientos y partidos políticos de izquierda reivindican los derechos
del pueblo y alzan la bandera de la unidad indo e iberoamericana frente a las
empresas transnacionales y las manipulaciones financieras del capitalismo.
La convocatoria de CONAMURI y de la Plenaria Popular Permanente -que reúne en
su seno a aquélla junto con otras organizaciones campesinas, indígenas y
obreras- merece el apoyo y la participación activa de toda la ciudadanía.
El Congreso de CONAMURI tendrá lugar en el local del ex Seminario Metropolitano
el próximo miércoles 16 y culminará el jueves 17 de octubre con una gran marcha
de protesta contra las políticas corruptas y antipopulares del gobierno y a
favor de una sociedad justa y solidaria.
San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Octubre 13 del 2002.
-AL PUEBLO DE CHIAPAS.
-A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
-A LA PRENSA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
-A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y EL MUNDO.
RESUMEN INFORMATIVO DE LOS BLOQUEOS REALIZADOS EL DÍA 12 DE OCTUBRE EN CONMEMORACIÓN
AL DÍA DE LA RESISTENCIA INDIA, NEGRA Y POPULAR EN EL ESTADO DE CHIAPAS, MÉXICO.
En el marco de las movilizaciones realizadas en México y Latinoamérica con motivo
de los 510 años de despojos y crímenes cometidos en contra de los dueños originales
de estas tierras, hacemos del conocimiento de Ustedes el éxito con que se realizaron
los bloqueos correspondientes a Las Coordinadoras Regionales en Resistencia
de la Sociedad Civil Chiapaneca en coordinación con diferentes organizaciones
Independientes, Indígenas, campesinas y sindicatos democráticos entre otras
(os).
Ante la postura intransigente del gobierno federal Mexicano, que se niega a
escuchar nuestras legítimas voces de rechazo al PPP plan Puebla-Panamá y al
ALCA Área de libre comercio de Las Américas, los Chiapanecos ratificamos: QUE
NO PERMITIREMOS QUE NOS EXPLULSEN DE NUESTRAS TIERRAS PARA LLEVARNOS A LA ESCLAVITUD
EN MAQUILADORAS O PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES que solo benefician al Capital
neoliberal extranjero y a los empresarios explotadores y racistas mexicanos
en contubernio con los Gobiernos Federales y Estatales de nuestro País.
Con la participación de aproximadamente 11,000 compañeros y compañeras se llevaron
a cabo 7 bloqueos en la geografía Chiapaneca, según lo acordado en
asambleas, aún y cuando hubieron provocaciones de parte de las fuerzas policíacas:
Seguridad Pública del Estado y policía judicial estatal y federal,
-el día de ayer antes de las 18:00 horas se levantaron 3 de los mismos correspondientes
a ARRIAGA, MAZATÁN Y FRAMBOYAN;
-el día de hoy 13 de octubre entre 6 y 9 hrs. (hora rebelde) se levantaron los
bloqueos realizados en SAN CRISTÓBAL, MARQUÉS DE COMILLAS, CRUCERO PULPITILLO,
CRUCERO TRINITARIA.
De nuevo hemos demostrado que la unión de los Pobladores de estas tierras no
permitirán mas que los Gobiernos sordos atropellen los derechos de los Pueblos
indios y de la sociedad civil Mexicana, de nuevo exigimos a Vicente Fox Quesada
y Pablo Salazar Mendiguchía que recapaciten en su postura de seguir intentando
disponer y vender nuestras tierras y sobre todo nuestra dignidad, aquí estamos
y aquí seguiremos hasta ver realizadas nuestras demandas de Libertad, Democracia
y Justicia y siempre el marco del DIÁLOGO POR LA PAZ JUSTA Y DIGNA entre el
Gobierno Federal y el EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Por ello rechazamos cualquier programa o proyecto paralelo al PPP: Programa
de Certificación de Derechos Agrarios y Solares Urbanos (PROCEDE), Plan
Energético de Las Américas, Sistema de Integración Eléctrica para los Países
de América Central, Plan Sur, Corredor Biológico Mesoamericano y Marcha Hacia
el Sur.
En contrapartida EXIGIMOS:
v Cumplimiento cabal a los Acuerdos de San Andrés, como requisito imprescindible
para la concreción del proceso de paz en Chiapas, y como instrumento para desarrollar
la Autonomía Indìgena dentro de Nuestros Territorios.
v Respeto y aplicación de los preceptos legales del Convenio 169 de la OIT,
como herramienta jurídica que nos permita ejercer el legítimo derecho que tenemos
a la Libre Autoderminación.
v Anulación de los distintos Tratados de Libre Comercio y de las imposiciones
de la Organización Mundial del Comercio, para que podamos obtener precios justos
por nuestros productos.
Esto es el comienzo de LA JORNADA DE LUCHA Y RESISTENCIA EN DEFENSA DE NUESTRO
TERRITORIO, seguiremos coordinándonos con los Pueblos de los Países hermanos
centro y sudamericanos que de igual manera luchan por el reconocimiento de sus
Derechos y su Cultura, pronto estaremos dando a conocer el plan de acción que
se acordará en nuestras asambleas y reuniones.
¡¡¡ LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLÍTIC@S DE LATINOAMÉRICA !!!
F R A T E R N A L M E N T E.
Coordinadoras Regionales de Chiapas de la Sociedad Civil en Resistencia de:
Los Altos, Marqúes de Comillas, Norte-Selva, Fronteriza, Costa, Centro
y Frontera Tacaná; Coalición de resistencia civil de la Selva Norte; Parejo
S´cotol; CNPI-Coordinadora Nacional de Pueblos Indios de San Felipe Ecatepec;
Organización Che Guevara de Chiapa de Corzo; Pueblo de Oxchuc; Comunicación
Campera; OCEZ desplazados de la Casa del Pueblo de Venustiano Carranza;
Jolóm Mayaet´ik; Frente Cívico Tonalteco; FRECA-frente de resistencia civil
de la Costa de Arriaga; Pueblo de Nicolás Ruíz; CIOAC independiente región
fronteriza; K´inal Antzet´it; Estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales
de la UNACH; Pueblo de Mazatán; OCIPA-organización campesina independiente para
los Pueblos Autónomos; frente de Lucha 24 de noviembre de Puerto Madero; Hermano
Sol de la Sierra Madre; COCIDEP-comité Ciudadano de defensa Popular; Pueblo
de Huehuetán; colonias 5 de marzo, patria Nueva, Santa Cruz y molino de los
arcos, de Scde LC, ; colonias Felipe Carrillo puerto-Tres Cruces, 11 de septiembre
y Alvaro Obregón de Tapachula; CIOAC Soconusco; Unión de tricicleros;
recolectores de basura y pequeños comerciantes; Vashakmen de los Altos Mercados
y Transportistas, CIOAC-OCEZ; CNPA-OCEZ; CNPA-OCEZ democrática e independiente;
sociedad civil de Sierra-Costa y Soconusco; Unión de Campesinos del Grijalva;
Coordinadora del Magisterio Democrático; voz de la Tierra AC; comisión de Transportistas
de Motozintla; sección 7 del SNTE; Barrio Las Champas de la Mesilla y Barrio
San Carlos de Comalapa.