INDICE - NOTICIAS

• HONDURAS: 73 MENORES ASESINADOS EN EL MES DE ABRIL
• PERÚ: SE DESATO LA REPRESIÓN
• ARGENTINA:TORTURA SEGUIDA DE MUERTE EN SANTIAGO DEL ESTERO
• ARGENTINA: ASESINAR UN PIQUETERO NO ES DELITO (cortar rutas, sí)
• EL GOBIERNO DE MALASIA UTILIZA UNA LEY DE EXCEPCIÓN PARA DETENER
  INDEFINIDAMENTE SIN JUICIO A ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICOS.
• HONDURAS:SOLICITAN APOYO INTERNACIONAL PARA SE TERMINE CON EL HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS CONTRA DEFENSORES EN OLANCHO
• GUATEMALA: Comunicado sobre como el Peritaje cultural del Pueblo Maya contribuyó a la aplicación correcta de la Justicia Oficial
•  ARGENTINA: "QUE NOS DEJEN VIVIR PACÍFICAMENTE"
• MÉXICO :ESTA NIÑA ESTA PROTEGIDA EN SUS DERECHOS?
• Argentina:PEDIRÁN LA REMOCIÓN DE UNA JUEZA QUE PROHIBE EL USO DE ANTICONCEPTIVOS

VIOLENCIA POLICIAL

Un escalofriante total de 73 niños y jóvenes menores de 23 años fueron asesinados en Honduras durante el pasado mes de Abril. Este es el mayor número de homicidios en un mes. Veintinueve de las víctimas del mes eran prisioneros en la cárcel en El Porvenir, que fueron ultimados durante un motín el pasado nueve de abril. Dos niñas de catorce años que estaban de visita en la cárcel al momento del incidente también fallecieron. El gobierno hondureño instaló otra comisión, esta vez para investigar los homicidios en la prisión, que reportó que "la gran mayoría de las 69 personas que murieron en el motín de la prisión fueron asesinados por la policía y oficiales militares".

Las leyes internacionales responsabilizan al Estado de Honduras por la seguridad de los prisioneros. "Los oficiales de policía y agentes militares dispararon sin advertencia, causando un indiscriminado número de muertes", concluye el reporte. La mayoría de los homicidios, fuera de los ocurridos en la prisión, sucedieron en San Pedro Sula, la capital industrial del país de 5,5 millones de habitantes, con un 25% del total de las muertes. Veinte por ciento de los crímenes tuvieron lugar en la capital de Tegucigalpa. Cuarenta por ciento de los homicidios significan los ocurridos en El Porvenir, en el departamento norte (estado) de Atlántida.

Veinticinco de las víctimas asesinadas (el 36 %) eran niños. El más joven tenía 12 años de edad. Una niña de 14 años fue decapitada en San Pedro Sula.
Hubo 48 víctimas con edades entre los 18 y hasta los 23 años de edad. Cinco niños fueron asesinados solo en el departamento de Yoro. Noventa por ciento del total de víctimas fue muerto por armas de fuego, cuatro víctimas fueron acuchilladas hasta morir. Más del cuarenta por ciento de los crímenes fueron, de acuerdo con reportes iniciales, cometidos por policías y militares. En el 15% de los casos, los principales sospechosos son miembros de las pandillas, mientras que el 40% de los asesinos aún no han sido identificados. Ochenta y ocho por ciento de las víctimas eran hombres y el restante 12% mujeres. El 29 de abril, se le pidió al Embajador de Honduras en el Reino Unido que sostuviera una reunión con el grupo de todos los partidos del parlamento británico para hablar sobre la preocupación creciente de que los homicidios de niños y jóvenes en Honduras esté saliéndose vertiginosamente fuera de control.

- Llegar al gobierno con un aura progresista y popular pero luego gobernar de acuerdo a los ya transitados caminos del neoliberalismo, ha hecho caer en picada la popularidad del presidente Alejandro Toledo. Frente al creciente descontento popular y la ola de descontento en todo el país su respuesta fue esta semana la represión. Por lo menos 1 muerto y 49 heridos dejaron este jueves como saldo los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes que desafiaron el estado de emergencia decretado por el gobierno para las protestas en demanda de mejoras económicas y sociales. Un estudiante universitario de 23 años murió en la sureña ciudad de Puno, cuando militares y policías, reprimieron a los alumnos atrincherados en su universidad. La resolución de Alejandro Toledo implica la suspensión de las garantías individuales, como los derechos de reunión y manifestación, y la autorización para practicar detenciones y allanamientos sin orden judicial. "Lejos de resolver los problemas de los trabajadores, se ha optado por el camino del garrote", dijo Nílver López, secretario general del sindicato de los maestros, SUTEP. Los sectores populares acusan al presidente de no cumplir con sus promesas de reducir la pobreza, que alcanza a más de la mitad de los 27 millones de habitantes. Los miles de maestros en huelga reanudaron las negociaciones por un aumento de sueldos, pero continuarán con sus protestas callejeras.

ARGENTINA:TORTURA SEGUIDA DE MUERTE EN SANTIAGO DEL ESTERO


El 26 de abril de 2003, en la ciudad de Selva, Pcia. de Santiago,  Rubén Edgar Godoy tuvo un altercado con unos jóvenes por lo que terminó en el hospital local por lesiones leves. Dentro del nosocomio fue atendido por el Doctor Rosso (medico legal de la policía) que le recomendó un calmante. Edgar se negó a tomarlo, contestando de mal modo al médico, quien decidió llamar a la policía.

Cuando Edgar salía del hospital fue interceptado por la policía y conducido hasta la seccional, donde los policías Acosta, Mansilla y Quiña, lo encerraron en un calabozo. El ocupante de esa celda, Sr. Galeano, apodado "el Pato", fue obligado a trasladarse a otro calabozo, desde donde comenzó escuchar los gritos de Edgard. Él mismo le gritó  a los policías que no le pegaran más. De repente los gritos cesaron. De acuerdo al testigo, los policías salieron por una puerta trasera para no ser vistos ya que los calabozos dan frente a la plaza del pueblo.

A la mañana siguiente uno de los policías fue a despertar a Edgar aproximadamente las 10. El joven no daba señales de conciencia, de manera que lo trasladaron en un patrullero hasta el hospital de Selva, donde nuevamente intervino el medico Rosso. Esta vez el comprometido galeno le dijo a la madre de Edgar que lo llevara a su casa hasta que se le pasara la borrachera por la que estaba dormido tan profundamente.

Debido a que prácticamente no respiraba, los familiares de Edgar lo llevaron al hospital de Ceres, en la Pcia de Santa Fe. Allí  lo recibieron dos médicos que de inmediato ordenaron dos tomografías que descubrieron una fractura de cráneo y varias fracturas de costillas. El muchacho estaba en coma 3, por lo cual los médicos pidieron el traslado urgente al Hospital J. M. Cullen de la ciudad de Santa Fe, a unos 300 km. de Ceres. Allí operaron a Edgar y le extrajeron tres coágulos de la cabeza. Hasta el 3 de mayo continuó en coma profundo. Ese día murió, cerca de las 6:30 de la mañana.

Mientras tanto, en el pueblo de Selva, la tía de Edgar hizo una denuncia en la comisaría guiada por los comentarios de la gente. La policía le dijo que el agresor era un tal Beltramo, a quien ponene de inmediato bajo arresto en la ciudad de Añatuya. La hermana de Edgar, paralelamente, denunciaba a la policía santiagueña en Santa Fe.

El juez que finalmente interviene es el de Añatuya, Sgo. del Estero, quien en presencia de un abogado de la familia avaló la versión policial en cuanto a que Edgar estaba ebrio y se golpeó solo en el calabozo. La madre de Edgar pidió al Hospital J. M. Cullen los resultados de los análisis de sangre de su hijo, que probaban la presencia de una mínima cantidad de alcohol, ínfima para causar siquiera un mareo.

El detenido Beltramo salió en libertad el 17 de mayo. El Doctor Rosso continúa ejerciendo la profesión como si nada hubiera pasado, igual que los policías. El testigo Sr. Galeano, a pesar de la importancia de su testimonio, no fue llamado a declarar.

El pueblo está conmocionado y dolido por lo sucedido. Comenzaron a realizar marchas en Selva pidiendo el esclarecimiento del caso, mientras la familia y los amigos de Edgar se oponen a que las radiografías y exámenes practicados en Santa Fe caigan en manos de las autoridades políticas o judiciales de Santiago del Estero por temor a que las hagan desaparecer o las tergiversen.

IMPUNIDAD JURIDICA

ARGENTINA: ASESINAR UN PIQUETERO NO ES DELITO (cortar rutas, sí)

El Tribunal Oral n° 5 de Lomas de Zamora acaba de absolverlo por el crimen, a pesar de que los jueces consideraban que "había pruebas suficientes para acusar a Bogado”. Durante el juicio declararon cinco testigos que relataron cómo Bogado cruzó intencionalmente el piquete, sabiendo lo que hacía, que sacó su arma y amenazó a todos de muerte, y que disparó dos veces, impactando una de las balas en la garganta de Javier.

Los policías que también declararon se contradijeron, pero el fiscal Pando retiró los cargos y no formuló acusación porque consideró que el pobre Bogado reaccionó así al encontrarse rodeado de “inadaptados”. Pando orientó su estrategia a criminalizar el reclamo de los piqueteros, haciendo totalmente superflua la presencia del defensor del asesino.

 La sentencia no podrá ser apelada porque la familia de Javier nunca quiso presentarse como parte en la causa, de manera que sólo el fiscal podía acusar. Son estos mismos fiscales los que jamás se pierden la oportunidad de acusar a cualquier compañero que reclame trabajo, dignidad y cambio social, persiguiéndolos con causas por cortes de ruta, coacción o lo que tengan más a mano.

 Así que para los que todavía no lo tenía muy claro, repetimos: cortar la ruta y organizarse para sobrevivir es delito, asesinar un piquetero es justicia burguesa.
texto nota interna 2.

EL GOBIERNO DE MALASIA UTILIZA UNA LEY DE EXCEPCIÓN PARA DETENER
INDEFINIDAMENTE SIN JUICIO A ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICOS.

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido nueva información
sobre la siguiente situación en Malasia.

NUEVA INFORMACIÓN
El Secretariado Internacional de la OMCT ha sido informado por a Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), miembro de la red de la OMCT, del brutal asalto a dos de los presos políticos del "Reformasi" Internal Security Act (ISA), en el Campo de Detención de Kamunting, y de la posibilidad de que su periodo de detención sin juicio para ellos y otros cuatro presos políticos sea extendido dos años más, en Malasia.

De acuerdo con la información recibida, dos de los activistas políticos por la reforma, llamados "Reformasi", que están siendo detenidos sin juicio bajo la ISA desde su arresto en abril de 2001, han sido asaltados por personal de seguridad del campo de detención.
Los detenidos habrían estado protestando contra el tratamiento que reciben durante la detención, incluyendo la destrucción de su jardín de frutos y vegetales, los intentos de forzar al Dr. Badrulamin Bahrom, quien sufre de presión alta, a viajar a Kuala Lumpur, y el impedimento a Tian Chua de acceder a su computadora portátil, la cual necesita para preparar su aplicación al PhD.

Tian Chua habría tomado a cmbio la computadora de las oficinas del campo. El 9 de mayo el Comandante del Campo de Detención de Kamunting, Abdul Basir Mohamad, finalmente se reunió con los presos políticos y se disculpó por la destrucción del jardín, luego de lo cual terminaron las protestas. Sin embargo, más tarde el mismo día, personal de seguridad del campo, con equipo antimotines, irrumpió en el dormitorio supuestamente para confiscar la computadora portátil. Tian Chua, que sufre de asma, fue brutalmente tirado al suelo y esposado. Hashmudding Rais gritaba al personal de seguridad que estaba sentado sobre el Sr. Chua, tratando de detener el mal tratamiento, pero fue a su vez echado al piso, esposado y enviado a confinamiento solitario. Mientras el Sr. Chua trataba de negociar con el personal de seguridad, fue nuevamente tirado al piso, y esta vez le quitaron el "sarong", dejándolo desnudo fuera del dormitorio. La situación terminó cuando el Sr. Chua estuvo de acuerdo en entregar la computadora a cambio de la liberación del Sr. Rais del confinamiento solitario.

Además del trato brutal a los detenidos, la misma fuente ha informado a la OMCT del hostigamiento a un miembro del equipo de la defensa legal de los detenidos. Se habría impedido a Cheah Kah Peng el acceso a sus clientes y se habría abusado verbalmente de él, habría sido amenazado y escupido por policías en la puerta principal del centro de detención.

Las mismas fuentes han informado a la OMCT que la detención por dos años sin juicio de los seis presos políticos "Reformasi" que están siendo retenidos bajo la ISA, expirará en junio de 2003. Los seis presos políticos incluyen: el anteriormente mencionado Tian Chua (Vicepresidente del National Justice Party, activista laboral y de derechos humanos); ); Hishamudding Rais (director de cine y activista del movimiento de reforma); Dr. Badrulamin Bahrom (miembro del Comité Central del National Justice Party); Mohd Ezam Mohd Noor (Jefe de Juventud del National Justice Party); Saari Sungib (activista del movimiento de reforma) y Lokman Adam (líder de Juventud del National Justice Party). Todos fueron detenidos en abril de 2002, antes de una manifestación masiva de apoyo al ex Vice Primer Ministro Anwar Ibrahim, quien fue sentenciado en abril de 2000

El gobierno no ha podido producir evidencia alguna para apoyar su alegación hecha hace dos años en el sentido de que estos seis presos políticos trataron de derrocar al gobierno vía medios militantes. Los presos siguen detenidos en el campo de detención de Kamunting, desprovistos de su derecho a defenderse en el tribunal. El 6 de setiembre de 2002, la Corte Federal de Malasia sentenció que la detención de estos presos era de mala fide (de mala fe). El consejo de consulta de la ISA adoptó la misma opinión, recomendando que los presos fueran liberados.

La detención sin juicio está permitida por la draconiana International Security ACT (ISA), que fue puesta en vigor en los 60's y sigue siendo frecuentemente utilizada para arrestar y detener indefinidamente a activistas de derechos humanos y de la oposición. La ISA supuestamente permite a las autoridades arrestar arbitrariamente, detener en incomunicación e interrogar a activistas, sin concederles acceso a ayuda legal o visitas de familia hasta por 60 días, y sin conducir un juicio por un periodo de hasta dos años.

El periodo es sin embargo renovable por el Ministro de Asuntos Internos, es decir que la persona puede ser  efectivamente detenida indefinidamente sin un juicio. En abril de 2003, la National Human Rights Commission (Suhakam) recomendó que el gobierno de Malasia aboliera la ISA. En junio de 2003, el Ministro de Asuntos Internos decidirá si liberar a los seis presos políticos o extender su detención por otro periodo de dos años.

El Secretariado Internacional de la OMCT está profundamente preocupado por el brutal y degradante trato dado a los presos políticos en el Campo de Detención de Kamunting. La OMCT hace un llamado al Gobierno de Malasia para que garantice la integridad física y psicológica de los detenidos en todo momento. La OMCT está preocupada porque la detención sin juicio de los seis presos políticos antes mencionados pueda ser extendida, y porque los eventos en el campo puedan ser usados como excusa para renovar la orden de detención. La OMCT hace un llamado para su inmediata liberación. La OMCT hace un llamado al Gobierno de Malasia para abolir la ISA, de conformidad con las recomendaciones de la National Human Rights Commission.

 HONDURAS:SOLICITAN APOYO INTERNACIONAL PARA SE TERMINE CON EL HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS CONTRA DEFENSORES EN OLANCHO.

El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, COFADEH, conoce institucionalmente el problema de violaciones a los derechos ambientales en el departamento de Olancho desde hace ocho años.

Durante este tiempo hemos conocido y apoyado a los defensores del ambiente encabezados por líderes locales, sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos con la vida, e inclusive con autoridades departamentales honestas consientes de los efectos presentes y futuros del destrozo en esa zona.

En los últimos dos años, debido a la resistencia de comunidades enteras ante el corte y tráfico ilegal de madera, así como proyectos energéticos incompatibles con el equilibrio ecológico, han arreciado los ataques y amenazas de los delincuentes del bosque y sus defensores oficiosos.

Los ataques han sido armados, sicológicos, legales y verbales, han causado muertos, heridos y emigrantes, pero también han provocado más organización, más conciencia a favor de la vida.

Hoy estamos haciendo de su conocimiento para ponerlos en alerta y demandar de ustedes solidaridad. El hostigamiento y amenazas a que es objeto el sacerdote Andrés Tamayo, cura párroco de Salamá, Olancho; Gilberto Flores, Celebrador de la Palabra de la comunidad de La Venta, y Orlando Nájera del Ocotal, ambas pertenecientes al municipio de Gualaco, Olancho.

Hemos tenido conocimientos de reuniones secretas que se han realizados en los municipios de Catacamas y Talanga para diseñar nuevos hostigamientos en contra de las personas indicadas, tales como empezar por campañas de desprestigios, citatorias disfrazadas de legales pero son ilegales y si no se logra la intimidación el último paso sería asesinarlos. Las campañas de desprestigio ya se echaron a andar y las campañas de citas ilegales también.

Para citar un ejemplo el Alcalde de Salamá del Departamento de Olancho de nombre José Ramón Ramos aliado de los madereros y de la policía de seguridad ha manifestado que el problema solo se resolverá mandando a matar al padre Andrés Tamayo.

Estas amenazas seguidas de hostigamientos lo están enfrentando los pobladores de doce municipios de intervención del COFADEH en el departamento de Olancho.

DERECHOS ECONÓMICO SOCIALES

GUATEMALA: Comunicado sobre como el Peritaje cultural del Pueblo Maya contribuyó a la aplicación correcta de la Justicia Oficial

“La Defensoría Maya de Guatemala comparte con la opinión pública nacional e internacional que la Defensa Pública del municipio de Santiago Atitlán, Sololá, Guatemala, por primera vez en la historia ha hecho uso del Peritaje Cultural del Pueblo Maya para verificar si efectivamente se ha incurrido en delito por parte de un miembro del Pueblo Maya K’iché.

EL 17 de septiembre del 2002, en el muelle del Lago de Santiago Atitlán, Sololá, fue detenido por la Policía Nacional civil el señor Pablo Antonio Tumax Tzoc, quien llevaba 10 recipientes de licor maya, mal llamado licor clandestino. Este licor es parte de la cultura del Pueblo Maya e iba destinado para ser utilizado para ceremonias a Maximóm, en una de sus casas ubicadas en Santiago Atitlán. Como siempre, los elementos policiales no preguntaron para qué servía el licor, simplemente detuvieron a la persona y fue conducido a los tribunales sin ninguna prueba de que había incurrido en algún delito.

Justo en este momento, la Defensa Pública entró a defender al Sr. Tumax, y después de argumentar que el licor servía para la ceremonia en honor a San Miguel Arcángel y conforme al Convenio 169, el juzgado de primera instancia penal de Santiago Atitlán le dio la libertad al detenido.

Información obtenida indica que el Lic. Ricardo Efraín Mogollón Mendoza llamó a un anciano del lugar para fundamentar que el licor serviría para las ceremonias que el Pueblo Maya realiza y esto no constituye delito.

Este hecho constituye un antecedente histórico para las otras autoridades y tribunales de justicia en el país, tomando en cuenta que en la historia de Guatemala, miles de hermanos mayas e indígenas están en las cárceles y que no han sido enjuiciado conforme el Derecho Maya e Indígena y sin haber aplicado el Peritaje Cultural para determinar en qué circunstancias se ha actuado.

Este caso sirve para la reflexión y exigencia al Estado de Guatemala para que reconozca el Derecho Maya y Derecho Indígena con el fin de evitar abusos en contra pobladores mayas e indígenas, porque el caso que se cita, se incurrió en detención innecesaria del Sr. Tumax por 7 meses. Al final de cuentas el caso se resolvió de manera eficaz aunque de forma retardada ya que la víctima estuvo detenida de septiembre a febrero y salió libre por medidas sustitutivas. El 22 de mayo se dio por cerrado el caso.

La Defensoría Maya felicita y anima al Defensor Público Penal y al juez de Primera Instancia Penal por haber aplicado correctamente el espíritu del Convenio 169 y del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

 ARGENTINA: "QUE NOS DEJEN VIVIR PACÍFICAMENTE"

Una familia mapuche es presionada por la policia y estancieros para que se retire de los territorios que ocupan
(Analia Rodríguez - Red Eco) Chubut - La familia Choyqueta-Cayulef vive según sus pautas culturales en el paraje Colán Conhue dentro de la Reserva Mapuche Mariano Epulef. Esta reserva fue creada en 1923 por el Gobierno Nacional para el asentamiento de familias mapuches.
En los últimos 8 años fueron presionados por estancieros para que abandonen sus tierras.
El último hecho de este tipo se produjo durante este mes de mayo cuando personal de la policía provincial de Chubut llegó a su casa con una orden de Registro domiciliario firmada por el juez de Instrucción del  Tribunal Penal de Esquel José Colabelli en la que se ordenaba secuestrar 71 animales ovinos y un vacuno con determinadas  marcas. La policía debió retirarse cuando no encontró ninguno de esos animales pero antes de hacerlo los amenazaron diciendo que destruirían sus pertenencias y que los harían expulsar por la justicia.
Esta no es la primera vez que deben afrontar denuncias falsas por robo de animales, en 1996 y 1997 pasaron por el mismo proceso en causas tramitadas también ante el juez Colabelli, estas causas debieron ser archivadas por falta de pruebas.
Pero uno de los hechos más graves se produjo hace un año atrás, el 28 de mayo de 2002, en el que personal policial, aprovechando su ausencia, se introdujo en su vivienda y se llevó parte de las chapas del techo, tirantes de madera, herramientas y objetos de la casa. Cuando la familia Choyqueta-Cayulef fue a la comisaría de Colán Conhuése les informó que dicho procedimiento respondía a una orden dictada por el juez Colabelli. Esta orden se debía a que una persona había presentado una denuncia por un faltante de chapas.
La falta de respuesta a los reclamos que han presentado en distintos organismos, los llevó a enviar su denuncia al Defensor del Pueblo de la Nación, a la Defensora del Pueblo del Chubut, a la Legislatura de Chubut, a la Procuración Fiscal del Chubut, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, a Amnesty Internacional y a la Comisión de Asuntos Indígenas de la OEA.
Denuncian a su vez que el Instituto Autárquico de Colonización no atendió su reclamo para que se regularice la ocupación de sus tierras. Este ente, por otro lado, continúa otorgando títulos de tierras a particulares no acatando una resolución de la Defensoría del Pueblo de Chubut que le recomedaba dejar de hacerlo hasta tanto no se pusiera en vigencia una Comisón consultiva de Tierras Indígenas.
Su denuncia finaliza mencionando la falta de cumplimiento de las normas constitucionales nacionales provinviales e internacionales. Lo que solicitan es -dicen- lo más simple: "que nos dejen vivir pacíficamente en nuestra tierra, trabajando y criando nuestras familias y cuidando nuestros animales, desarrollándonos como personas y como pueblos con dignidad".

MUJER

MÉXICO :ESTA NIÑA ESTA PROTEGIDA EN SUS DERECHOS?

En Chiapas, México, una niña indígena de 13 años de edad, quien fue madre a consecuencia de una violación, fue detenida y recluida en el Centro de Readaptación para Menores Villa Crisol, por haber abandonado en una cuneta a su hija muerta, informaron ayer jueves fuentes oficiales y grupos civiles.

María Hernández Gómez, quien sólo tiene 13 años de edad, será procesada por el delito de violación a la Ley de Inhumación y podría ser sentenciada a más de tres años.

Este hecho ocurrió en la periferia del municipio de San Cristóbal de Las Casas, lugar donde residen indígenas tzotziles expulsados de la cercana localidad San Juan Chamula por motivos religiosos y políticos.

Ahí, el pasado martes 13 de mayo comenzó un capítulo más de la pesadilla que vive María Hernández Gómez, quien, a pocas horas de dar a luz a su hija muerta y sin saber qué hacer con ella, la dejó abandonada en una cuneta de agua.

A las pocas horas, los vecinos encontraron a la recién nacida y procedieron a investigar quién era la madre; al encontrar a María la entregaron a la Policía Municipal, que, a su vez, la entregó al Ministerio Público de la Sub Procuraduría Indígena de Chiapas.

Según versiones de esa dependencia, María declaró que su hija es producto de una violación. Su padre se encuentra en Estados Unidos y su madre murió hace años, ella llegó a San Cristóbal para trabajar como empleada doméstica y ahí fue víctima de violación.

Al preguntarle si tenía algún otro familiar ella contestó que no y no quería que se le avisara a nadie. Posteriormente fue trasladada al Centro de Readaptación Para Menores Villa Crisol, ubicado en el municipio de Berriozábal, a media hora de la capital chiapaneca.

El Ministerio Público aseguró  que María fue revisada por el médico legista para conocer su estado físico y cerciorarse si podía ser trasladada a ese reclusorio.

Fueron pocas las horas que la pequeña de 13 años estuvo en el MP, se levantó la Averiguación Previa IA01/296/03-05, luego fue llevada sola y sin asesoría legal al que ahora será su hogar si la condenan.

Este hecho fue dado a conocer mediante el noticiero local de este municipio. Sin embargo, las instituciones que debieron haber canalizado el caso de María, como el Instituto de Desarrollo Humano (IDH) de San Cristóbal, se desentendieron de la situación.

Este medio acudió las oficinas del IDH, donde informaron que el subprocurador de Atención al Menor y la Familia está de viaje y regresa hasta junio; la titular tampoco se encontraba y la dependencia no sabía del caso.

 A ocho días de lo ocurrido y a pesar de ser difundido en un medio radiofónico local, ninguna dependencia gubernamental u organización defensora de los derechos humanos ha alzado la voz en torno al Caso María.

Fue hasta este miércoles pasado cuando el Comité por una maternidad sin riesgos emitió una "exhortación a la solidaridad humana para las mujeres" en la que invitó al gobierno, grupos civiles, medios de comunicación y sociedad en general a reflexionar sobre el caso.

"Debemos repensar las maneras en que se dio respuesta a la situación vivida por la menor, quien, en las circunstancias ocurridas, requería de intervenciones especiales que resguardaran la integridad de su dignidad humana y atendieran la difícil situación emocional y física de esta niña", agregó el escrito.

La organización llamó además a reflexionar sobre el origen del caso de María, los embarazos no deseados "producto de desigualdades, desinformación, falta de apoyo y de servicios y de la violencia que viven cotidianamente las mujeres, particularmente las menores y adolescentes".

La experiencia de la adolescente indígena, señala el Comité, es sólo un caso de muchos semejantes y resultado de la falta de respuesta por parte del gobierno y de la sociedad para que las mujeres "enfrenten en mejores condiciones la resolución de sus problemas reproductivos".

Y efectivamente, casos como el de María hay muchos. La abogada Martha Figueroa del Colectivo Feminista de Mujeres de San Cristóbal dijo que hace  cinco años llevó un caso idéntico al reseñado.

"Alicia", la agraviada, era una menor de 13 años violada que al tener a su hijo en plena vía pública, desesperada, lo dejó bajo un camión trailer.

Los vecinos la entregaron a la policía y luego fue consignada a la Procuraduría donde después de un proceso jurídico donde nadie la apoyó, fue sentenciada por tres años bajo el delito de homicidio.

María podría ser también sentenciada a tres años o más de cárcel, pues el delito del que se acusa es equiparable al de homicidio y además no alcanza fianza. ¿Se repetirá la misma historia?

Argentina:PEDIRÁN LA REMOCIÓN DE UNA JUEZA QUE PROHÍBE EL USO DE ANTICONCEPTIVOS

Legisladores y ONGs feministas pedirán la remoción de una jueza federal de Córdoba, Argentina, que prohibió la fabricación y comercialización de anticonceptivos a través de una medida cautelar.

CORDOBA, Argentina, Mayo 23. Cristina Garzón de Lascano, la misma jueza que boicoteó la aplicación de la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable resolvió esta semana prohibir la fabricación y comercialización de antinconceptivos orales y Dispositivos Intrauterinos (DIU) en Argentina.
La medida abarca el 97 por ciento de los productos que hay en el mercado.
La decisión recibió una dura crítica del ministro de Salud del gobierno nacional, Ginés Gonzalez García. Esta mañana, en declaraciones radiales, dijo: "Esta jueza hace terrorismo contra la salud".

También el diputado nacional por el Partido Socialista de Córdoba, Eduardo García, adelantó que solicitará la remoción de Garzón por mal desempeño de sus funciones. ONGs, sindicatos y grupos de mujeres de Córdoba adhirieron a ese planteo y adelantaron que harán escraches contra la jueza el lunes y una radio abierta en el centro cordobés, el miércoles. Liliana Rainero, de CISCSA, afirmó que "la decisión es un atentado contra la democracia y el
estado laico".

La resolución de Garzón dispone una medida cautelar promovida por la Fundación 25 de Marzo, una institución católica presidida por el cura Fernando Altamira. El dictamen no determina que se debe hacer con los anticonceptivos ya fabricados y actualmente en el mercado, pero reclama al Ministerio de Salud que impida la producción y comercialización en todo el país.

Se fundamenta en que los anticonceptivos cuestionados no poseen una acción preconceptiva sino directamente abortiva y, en consecuencia, violan leyes argentinas. Altamira asegura que en los mismos prospectos se indica esta función y las consecuencias que tiene para la solución.

Por el contrario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los anticonceptivos que se incluyen en la resolución no tienen efectos abortivos. Todos los productos tienen además, aprobación del ANMAT, el organismo que controla y aprueba los medicamentos que circulan en el país.

Las drogas cuestionadas son las siguientes: Levonorgestrel combinado con etinilestradiol; norgestrel combinado con etinilestradiol; gestodeno combinado con etinilestradiol; norgestimato combinado con etinilestradiol; ciproterona combinado con etinilestradiol; noretindrona (o norestisterona) combinado con etinilestradiol; desogestrel combinado con etinilestradiol; etinodiol combinado con quinestrol; medroxiprogesterona combinado con estradiol; dihidroxiprogesterona combinada con estradiol; levonorgestrel sin combinación con estrógenos; linestrenol sin combinación con estrógenos; medroxiprogesterona sin combinación con estrógenos.

La decisión alcanza además a los Dispositivos Intrauterinos (DIU) que contengan cobre o progestágeno.